El equipo de gobierno de Sant Josep ha sacado adelante gracias al voto favorable de las dos concejalas de Vox los requisitos adicionales que tendrán que cumplir los promotores que quieran acogerse al proceso de legalización extraordinario en la ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa.
Esta amnistía urbanística, por la que el infractor deberá pagar una multa si quiere acogerse a ella, tiene un periodo de validez de tres años. En Sant Josep, en las reformas o rehabilitaciones que se lleven a cabo en estas edificaciones fuera de ordenación se tendrán que usar materiales como la piedra o la madera además de eliminar el amianto.
Será obligatorio también instalar sistemas para la recogida de aguas pluviales, la instalación de placas solares y que la iluminación sea led para evitar la contaminación lumínica. Asimismo, en edificaciones comerciales e industriales de más de 200 m2 habrá que instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos y las señalizaciones deberán ser «discretas».
Los partidos de izquierda votaron en contra de la medida. «No sirve más que para producir una especulación máxima en suelo rústico para reformar viviendas y venderlas. Solo va a favor de la gente de fuera que viene a comprar nuestras propiedades, nuestra isla. Esto es para los especuladores, única y exclusivamente», apuntó el concejal del PSOE Vicent Roselló.
Para el concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, con este proceso de legalización extraordinario «tendremos más destrucción de nuestro territorio y paisaje, consolidaremos atentados urbanísticos. Podríamos poner las condiciones para que solo puedan beneficiarse las personas que cuidan de la tierra, pero no lo hacen».
El alcalde señaló que «los únicos beneficiados en los últimos ocho años con los gobiernos de izquierdas tienen nombre y apellidos y han sido las urbanizaciones y ninguna vivienda que bajara de 1,5 millón de euros».
Villa Otilia
El alcalde de Sant Josep avanzó que se ha descartado por razones técnicas la construcción de una residencia para mayores en Villa Otilia, la finca de 70.000 m2 que el alcalde Josep Tur ‘Coques’ dejó en herencia al Ayuntamiento con esta condición. «Ahora queda negociar con la Iglesia de los Necesitados para ver cómo podemos aprovechar el espacio», explicó Vicent Roig.
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