«El Gobierno sólo invierte en Ibiza donde hay negocio, no donde hay necesidad»

Senador por Baleares desde las generales de 2023, Miquel Jerez (Ibiza, 1974) está desplegando una notable actividad en la Cámara Alta tanto en defensa de Ibiza y Formentera como en lo relacionado con algunas de las importantes comisiones de investigación que allí se están llevando a cabo. Entre sus denuncias más señaladas se encuentran la falta de inversiones estatales en las Pitiusas y, sobre todo, las cuestiones relativas a cómo el Estado está dejando a un lado a sus propios funcionarios en estas islas. Preocupado por la deriva antidemocrática del Gobierno de Pedro Sánchez, apunta hacia la socialista Francina Armengol como la «escudera» del presidente en el Congreso y, lo que es más grave, la persona que está obstaculizando la tramitación de leyes de gran importancia para la sociedad española.

—Empieza la temporada y es cuando más se evidencia la falta de funcionarios estatales en Ibiza y Formentera, sobre todo en lo relacionado con los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Por qué cree usted que incrementar el plus de insularidad puede acabar con este problema?

—Hay que facilitar la vida a los funcionarios que vienen aquí a trabajar de forma forzosa. También a los que quieren venir a trabajar de forma voluntaria. Visto el coste de la vida en estas islas, que ha subido un 20% en los últimos años, es imprescindible que el Estado reconozca que aquí hay un sobrecoste que el funcionario tiene que soportar y que asumir. Sin actualizar complemento por razón de insularidad, es mucho más difícil venir y quedarse. Consideramos que le supondría al Estado unos 18 millones de euros al año, una cantidad insignificante en unos presupuestos generales.

—¿Y cómo explica el Gobierno que este plus lo tengan en Ceuta, Melilla y Canarias y aquí no?

— No lo explica y no lo sube. No da argumentos. Este silencio se traduce que una discriminación que acaba quebrando el principio de igualdad. Sobre todo, es una quiebra del principio de cohesión territorial entre funcionarios. Esto se nota ahora más que nunca. Si Marga Prohens puede hacerlo, el Gobierno de España también debería poder. Si Marga Prohens ha reconocido a los funcionarios su derecho a percibir la actualización a los funcionarios en Baleares, debería hacerlo también el Gobierno del Estado. Y, si no lo hace, convertimos a funcionarios de primera y de segunda. La cohesión en el ámbito del empleo público y funcionarial está en riesgo evidente de fractura.

—La falta de funcionarios coincide con la cada vez más habitual avalancha de pateras. ¿Por qué el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se niega a reconocer que existe una ruta consolidada entre Argelia y Baleares, como sí reconocen los expertos?

—Hay que partir de que la competencia en inmigración es exclusiva del Estado, tal y como reconoce la Constitución. Asumir que es una competencia propia del Estado significa que el Estado tiene responsabilizar de estas avalanchas migratorias. No reconocer que es una competencia propia del Gobierno es no admitir tu responsabilidad. Y a esto juega el Gobierno, a no reconocer que ellos son los responsables de atender estas llegadas. He interpelado al ministro Grande Marlaska para que reconociera abiertamente que la ruta es permanente y consolidada y me lo ha negado a pesar es una evidencia incontestable. Este es el nivel.

—Además la negó en un momento en el que llegaban varias pateras a diario.

—Sí, lo hizo en ese momento. Negar que la ruta no está consolidada es negar una evidencia rotunda. Si no reconocen su propia responsabilidad y la asumen responsabilidad asistencia la acaban asumiendo las administraciones locales.   

—Esto está provocando que el sistema de menores en Ibiza y Formentera esté al límite. Y el Gobierno tampoco parece dispuesto a colaborar ni con el Govern ni con los consells. ¿Qué se puede hacer?

—Seguir insistiendo hasta que no podamos más. Es una situación tremendamente injusta y discriminatoria. El Estado provoca una presión absolutamente insoportable sobre la instituciones públicas como el Govern y los Consells. Los presupuestos del Consell están absolutamente reventados en relación a la atención de los menores extranjeros no acompañados. Lo cierto es que la tutela de menores no estaba prevista para atender avalanchas migratorias. Para eso se necesitan mas recursos del Estado. Y, además, no puede ser que el Gobierno insista en que tenemos que seguir recibiendo más menores para que los sigamos tutelando cuando ya somos una comunidad receptora de inmigración. Participar de ese reparto cuando ya acogemos e intentamos darles la cobertura social que se puede, es injusto, desproporcionado e inaceptable.

—Esta falta de colaboración del Gobierno de Sánchez con las Islas se ve también en cuestiones como las inversiones estatales. Ni siquiera los diputados del PSOE vienen a vendernos qué han conseguido.

Aquí sólo se invierte cuando hay un claro interés turístico o comercial. Las últimas inversiones que se han hecho son en el Aeropuerto y en el Parador. Una genera muchísimos ingresos y la otra se espera que lo haga cuando esté abierto. Sin embargo, no se invierte en cosas como las bibliotecas. Tenemos pendiente desde hace más de 20 años la construcción de una biblioteca estatal. Tenemos pendiente de ejecución la segunda fase del edificio de los Juzgados. Tenemos pendiente la apertura del Museo Arqueológico tras 14 años cerrado. También estamos pendientes de que se paguen los convenios de carreteras para poder tener una red viaria segura. Pero en todo eso no se invierte. Se invierte en la cajas registradoras como el Aeropuerto. Tenemos que denunciar fuertemente que nuestras islas siguen estando por debajo de la media estatal en materia de inversión. Cada vez que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, nuestras islas están en las últimas posiciones. El Estado solo invierte aquí donde hay negocio, no donde hay necesidad.

—La vivienda es el problema más grave ahora mismo. El Gobierno tiene el compromiso de construir las 532 viviendas de Ca n’Escandell. El proyecto está paralizado y no parece que vaya a reactivarse en breve.

—Hemos visto ahí de todo menos viviendas. Y lo más preocupante es que no sabemos cuándo se harán. Es lo que mejor representa la actitud del Gobierno hacia esta isla. No hay ningún tipo de voluntad ni de interés. La situación es de absoluta incertidumbre. Ahora es por unos hallazgos arqueológicos y no vemos a nadie trabajar, ni acelerar para retomar de forma rápida el proyecto.

—¿Qué hacemos con la vivienda? Las medidas del Gobierno no se ponen en práctica y las del Govern no parece que tengan los resultados esperados.

—Es un problema muy extendido pero a nosotros nos afecta especialmente. La población se ha incrementado, viene mucha gente a trabajar y oferta y demanda están totalmente descompensadas. Hay que seguir insistiendo. Creo que las medidas del PP están en la línea de la solución. Las medidas que está aplicando el Consell tienen mucho peso porque es muy importante perseguir a aquellos que están haciendo un uso perverso de unas propiedades poniéndolas a disposición de una actividad turística ilegal. El Consell está aplicando medidas muy severas, sobre todo en materia de sanciones. En cuanto al Govern, Prohens ha legislado en sentido correcto y adecuado. Pero son medidas que necesitan tiempo. El Govern ha articulado medidas como la reconversión de locales comerciales en viviendas. También que los promotores puedan incorporar a las nuevas edificaciones más volumetría limitando el precio del alquiler. El problema es poliédrico y hacen falta muchas medidas diferentes. Se va a poner a disposición de los promotores suelo para que se pueda construir a precio asequible. Y se incentiva fiscalmente a quienes quieran poner a disposición del mercado del alquiler sus viviendas. Todo esto choca con la parte que pretende hacer un uso ideológico de la vivienda, sin ofrecer seguridad jurídica. No se pueden articular soluciones solo desde la teoría políticas. Hay que ser mucho más pragmático y realista porque, al final, la ideología no te va a construir viviendas. Creo que el PSOE se está equivocando de camino. Hay que legislar desde la realidad más práctica y pragmática,y entendiendo que, sin la habilitación de suelo, será muy difícil paliar el problema.

—Cuando la izquierda ha gobernado en las Islas lo que ha logrado es que tengamos nuestra particular burbuja y que el acceso a la vivienda sea imposible.

—Es que han tomado medidas que han estrangulado el mercado y la oferta. Y eso con una alta demanda. Lo que hacen es asfixiar las posibilidades de las personas de acceder a la vivienda.

—Esto ha tenido como consecuencia en Ibiza cambios sociales como una clase media cada vez más en precario y la aparición de los asentamientos. Si hace cinco años a usted le hubieran dicho que la ciudad se llenaría de asentamientos, ¿se lo hubiera creído?

—¡En absoluto! Nunca pensé que llegaríamos a ver aquí situaciones de tanta precariedad como son los asentamientos. Aquí se está fallando pero desde mucho tiempo atrás, no es de ahora. Los asentamientos son el resultado de políticas progresistas fracasadas anteriores que han estrangulado la construcción, han asfixiado al promotor, no han permitido la habilitación de suelo para la construcción de nuevas soluciones habitacionales…

—¿Usted cree realmente que la solución es más vivienda pública?

—La Administración no puede convertirse en una gran inmobiliaria porque estaría desvirtuando su esencia. La Administración ha de promover vivienda social pero, a la vez, ha de acompañar al promotor, a la iniciativa privada y facilitarle las cosas para que se puedan construir más viviendas para que la oferta se ensanche, el precio se reduzca y las personas puedan acceder a un precio razonable.

—Aquí esto no se ha hecho por miedo a la izquierda, a sus medios, a algunas organizaciones. Pero es que no quedan más opciones.

—Sí, eso es cierto. Ahora, no solo hay que habilitar más suelo, que también. La crisis habitacional tiene muchas caras y la habilitación de suelo no debe ser la única solución. Hay muchas otras, como las que he comentado. Pero es verdad que la que posiblemente tenga un mayor peso determinante sea la de habilitar suelo en zonas donde no exista ni un impacto urbanístico ni paisajístico. Esas son las dos claves más importantes, los dos condicionantes más importantes. Y esto es lo que está haciendo el Govern, atacar el problema desde todos los frentes y uno de ellos es este.

—A nivel nacional hay una sensación generalizada de decadencia y de deterioro de lo institucional y de la convivencia. La sociedad está muy polarizada. ¿Es preocupante la situación para usted?

—La situación es límite. Y lo digo porque están en riesgo el Estado de Derecho y la democracia. Pedro Sánchez ha logrado poner en riesgo lo que tanto nos ha costado construir a los españoles. Se ha limitado a gobernar para él y para los suyos y piensa seguir haciéndolo hasta el final. Esa manera cesarista de gobernar está socavando los cimientos de nuestra propia democracia. Ha instrumentalizado las instituciones públicas, que son de todos. Ha colonizado aquellas instituciones que, por su propia esencia, han de ser independientes. Y ha hecho un uso absolutamente perverso de la estructura del Estado en beneficio propio. Al final, nos va a costar a otros recoger todos los cascotes.

—Ahora mismo vemos, incluso, a periodistas y políticos llegar a las manos en las puertas del Congreso. El Gobierno está legislando para evitar que determinados medios de comunicación no tengan acceso al Congreso. Es el retorno de la censura.

—Sánchez no tiene límites. Es capaz de cualquier cosa para conseguir cualquier cosa. Es el personaje que nos ha tocado vivir en España y, como le digo, le da igual socavar los cimientos del Estado de Derecho, de la democracia y del Estado de Bienestar. Le da igual censurar a la prensa, instrumentalizar al Fiscal General del Estado o colonizar instituciones como el Consejo de Estado. Al final, esto acabará en un Estado totalmente desnaturalizado y en el que no nos vamos a reconocer ni nosotros mismos. Un Estado que no quiero ni para mí ni para mis hijos. Yo quiero ese país que construyó una España entre iguales, una España de consensos y acuerdo políticos de largo alcance.

—En este escenario, Francina Armengol tiene un papel muy relevante. Es la tercera autoridad del Estado. Como senador y como ibicenco, ¿cómo observa usted el papel de la líder del PSIB?

— Sánchez sabía muy bien por qué la puso al frente del Congreso. Él ha instrumentalizado los poderes públicos en beneficio propio y ha hecho lo mismo con el Congreso. Y lo ha hecho de la mano de Francina Armengol, que es su principal escudera en la Cámara Baja y que constituye un freno para la democracia, para las iniciativas que presenta legítimamente la oposición y para la evolución de la sociedad española. A la vez, es un acelerador para las aspiraciones de Pedro Sánchez. Esto es lo que no se puede permitir, que Armengol sea parte interesada y no árbitro neutral. Y está perdiendo la gran oportunidad de trabajar en beneficio de Baleares. Es algo que en su día no desperdició Félix Pons. Él fue un gran presidente del Congreso y, cuando nos faltó a todos, fue reconocido en su tarea como político y como defensor en Madrid de un territorio singular, complejo y necesitado como son las Islas Baleares. Basta comparar las dos figuras para saber de qué manera actúan uno y otro. Y yo estoy convencido de que Félix Pons nunca se hubiera dejado instrumentalizar en favor de los intereses de un presidente del Gobierno, vendiendo la democracia como la está vendiendo Francina Armengol.

-En el Senado es el PP el que tiene la mayoría y debería funcionar como contrapeso pero no sirve de nada porque Armengol frena todo lo que llega desde allí al Congreso.

-El Senado está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien dentro de las limitaciones que tiene en la estructura institucional. Es una cámara de doble lectura y revisión y es una cámara en la que ahora mismo se está ejerciendo una oposición contundente y legitima contra los desmanes de Sánchez. El Senado se ha convertido en el verdadero dique de contención de un Gobierno que está desmantelando la democracia. Es cierto que en el otro lado, en el Congreso, se está actuando desde la absoluta deslealtad e, incluso, corrompiendo la verdadera esencia de las Cortes Generales. Llevamos aproximadamente 20 leyes tramitadas en el Senado y aprobadas por mayoría absoluta y con el apoyo de grupos que tienen representación en el Congreso. Pero no están siendo tramitadas por Francina Armengol a pesar de que son leyes importantísimas. Yo pienso que los acuerdos parlamentarios se tienen que forjar desde el debate pero si ella ni siquiera propicia ese debate, si le pone puertas y candados, difícilmente se puede llegar a acuerdos. Es ella la que pone una excusa para que leyes que estoy convencido de que tendrían un amplio apoyo en el Congreso no se debatan porque al Gobierno no le interesa. Y esto no es otra que corromper la verdadera esencia democrática de las Cortes Generales. El Senado, además, se está convirtiendo en esa infantería que está levantando todos los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez.

-¿Qué están haciendo?

Estamos trabajando en una comisión sobre el caso PSOE, que implica a un exministro, José Luis Ábalos, y a una amplia trama de personas asociadas al partido. Estamos haciendo esta comisión sin ningún tipo de complejo. Están desfilando y desfilarán personas con altas responsabilidades en empresas públicas y que todo indica que han acabado metiendo la mano. El PP no parará esto en el Senado. No va a dejar que se salgan con la suya. En otra comisión estamos investigando los escrutinios públicos, que los pagamos todos. Le hablo de las encuestas del CIS, que están totalmente tergiversadas y que tienen una clara tendencia a beneficiar desde la estructura del Estado a los intereses de Sánchez. Además, estamos dando luz para averiguar, en otra comisión de investigación, qué ha pasado con el apagón. Si Sánchez no quiere decir lo que sucedió, lo vamos a descubrir nosotros.

The Telegraph ha publicado un artículo en el que deja al Gobierno en una posición muy difícil porque, citando fuentes de la UE, dice que se estaba haciendo un experimento con las renovables que salió mal.

Es que no es posible que un mes después no nos quieran decir por qué se vino abajo el sistema eléctrico en un momento determinado. La pregunta que nos viene a la cabeza es qué tiene que esconder Pedro Sánchez, por qué nos está mareando, qué interés tiene en hacerlo. Pero que no se preocupe porque lo vamos a saber dado que nos ha obligado a abrir una comisión de investigación para saber la verdad. Y, sin complejos de ningún tipo, también hemos abierto una comisión de investigación sobre la DANA del 29 de octubre en Valencia. El Senado es ahora mismo un auténtico revulsivo.