La IV Edición del Foro Costas y Litoral, organizada por la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, congregó a más de 70 profesionales del ámbito jurídico y técnico, así como una amplia representación de técnicos municipales que tuvieron la oportunidad de reunirse en una jornada marcada por el análisis y el intercambio de perspectivas en torno a la actual normativa de costas.
Uno de los momentos más destacados fue la mesa redonda, en la que juristas, ingenieros y representantes institucionales debatieron los desafíos y oportunidades que plantea el marco regulador del litoral en España.
En el encuentro, se debatió el papel de los Ayuntamientos en la aplicación de la Ley de Costas y la problemática a la que se enfrentan en el día a día.
Por otro lado, técnicos de la Conselleria de Costas y Litoral explicaron los avances y entresijos de la futura ley de Baleares que dará un papel relevante a los Consells Insulars.
Una de las situaciones conflictivas que se debatieron este jueves, fue la de aquellos terrenos cuya condición jurídica previa a la entrada en vigor de la Ley de Costas genera discrepancias entre particulares y la Administración.
En estos casos, mientras los propietarios defienden la titularidad privada de las parcelas, la Administración sostiene que forman parte del dominio público. Según la normativa, correspondía al Ministerio abrir expedientes individualizados para determinar la situación concreta de cada terreno. No obstante, tras más de tres décadas desde la promulgación de la Ley de Costas, estos procedimientos solo se han tramitado de forma muy limitada, lo que ha derivado en un escenario de notable inseguridad jurídica para los afectados.
José Antonio García-Trevijano, Letrado Mayor del Consejo de Estado y abogado en ejercicio, analizó la transitoriedad primera de la Ley de Costas, que trata sobre el dominio público. «En los casos en los que terrenos privados pasaban a ser de titularidad pública, la Administración podría haber optado por compensar económicamente. Pero el legislador dijo, lo que voy a hacer es dar a todos los antiguos propietarios una concesión de 30 años, prorrogables por otros 30, y cuando pase este periodo de tiempo consolido el dominio público
Por otro lado, Juan José Ortega, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Funcionario de la Generalitat, narró el frustrante papel de las entidades municipales en este caso: «Las playas pertenecen a Costas, pero son los ayuntamientos quienes se encargan de la seguridad, quienes deben asumir la responsabilidad de cerrar una playa si hay desprendimientos».
El acto fue clausurado por el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, quien agradeció a la Cámara de Comercio la organización de este encuentro y recordó que desde el Consell son partidarios de exigir al Estado que no desaparezca y olvide sus competencias y recordó que hay muchas generaciones que llevan cuidando el entorno, entre ellos los concesionarios, y que para cuidar el entorno la administración local requiere de los instrumentos necesarios para hacerlo y no dejarán de reivindicarlo.
La jornada brindó a los asistentes una oportunidad para conocer de primera mano los diferentes enfoques sobre la legislación vigente, en un contexto donde la protección del litoral y la seguridad jurídica son temas clave para el desarrollo económico y territorial.
Esta edición del Foro contó nuevamente con la colaboración del Govern Balear y del Consell de Ibiza y finalizó con un cóctel networking, donde ponentes y asistentes pudieron intercambiar impresiones.