Un centenar de trabajadores públicos del Estado se ha concentrado este viernes a las puertas de los Juzgados de Ibiza para exigir al Gobierno que actualice de una vez por todas la indemnización por residencia, más conocida como plus de insularidad. Convocados por la plataforma Insularidad Digna, que agrupa a todos los sindicatos y asociaciones que representan a estos funcionarios, los trabajadores estatales han mostrado en Ibiza su hartazgo ante una situación cada vez más desesperada.
Fernando Martorell, portavoz de la plataforma y representante de UGT, ha explicado que estas movilizaciones se están llevando a cabo cada viernes en todas las islas desde hace semanas. Esta jornada ha tocado en Ibiza, el «epicentro» del problema y dónde más consecuencias está teniendo el hecho de que el Gobierno siga sin actualizar el plus de insularidad pues la fuga de funcionarios estatales y las dificultades para poder completar las plantillas son una constante.
La situación, ha dicho Martorell, «es muy preocupante» porque las plantillas de los servicios públicos estatales en las Islas, sobre todo en Ibiza y Formentera, «están muy mermadas». Y esto, obviamente, afecta a los ciudadanos. La causa principal del problema es económica: la falta de vivienda y el elevado coste de vivir en el archipiélago.
«Hay que hacer más atractivas las plazas», ha dicho Martorell, «la indemnización por residencia es una compensación en la nómina. Un administrativo en Ibiza cobra por este concepto 77 euros, mientras que en Canarias, Ceuta y Melilla cobran más». Y ha explicado que, en su caso personal, este complemento supera por poco los 100 euros mensuales mientras que funcionarios con su misma antigüedad, 40 años, pueden llegar a percibir hasta 1.100 euros al mes por el mismo concepto.
«Con voluntad política se puede mejorar», ha afirmado el representante de UGT. Y ha puesto como ejemplo el trabajo desarrollado en este sentido por el Govern de Marga Prohens, que ha creado las plazas para funcionarios de difícil y muy difícil cobertura con las compensaciones suficientes como para lograr cubrirlas.
La plataforma Insularidad Digna ha exigido al Gobierno de Sánchez la realización de un estudio «riguroso» sobre este complemento por residencia porque el último es muy antiguo y no tiene en cuenta cuestiones como la insularidad o el problema de la vivienda.
Martorell, por otro lado, ha denunciado que en los servicios públicos estatales que se prestan en Ibiza y Formentera las plantillas están un 25% por debajo de la media y que solo una actuación del complemento permitiría solucionar el problema
El representante del Sindicato Unificado de Policía, Manuel Pavón, ha señalado, por su parte, que los policías nacionales que han llegado este año a Ibiza han podido encontrar vivienda gracias a la mediación de un sindicato. Y se ha preguntado por qué la tercera autoridad del país, la mallorquina Francina Armengol, no hace nada para forzar la revisión del complemento. «Está pegadita a Pedro Sánchez y se ve que tiene otros problemas», ha denunciado Pavón.
Finalmente, el representante de la Confederación Española de Policía, David Pola, ha dicho que los funcionarios están «hartos del abandono institucional». Pola ha recordado que «cientos de empleados públicos se van cada año de las Islas» y los que vienen a sustituirlos no sienten ni arraigo «ni aprecio por el puesto de trabajo». Una desafección que, ha asegurado, «afecta al ciudadano».
El Gobierno, en opinión de Pola, «tiene una obligación moral hacia los ciudadanos de las Islas por el problema de la insularidad».
En la concentración han participado también algunos representantes del PP como el diputado en el Congreso José Vicente Marí Bosó; el senador Miquel Jerez, los diputados autonómicos Lourdes Cardona y Jacobo Varela, la consellera insular Marilina Ribas, y la concejal de Sant Josep Nieves Bonet.
Marí Bosó ha recordado que Congreso y Senado han aprobado propuestas para la revisión del complemento. Una revisión que tendría un coste de unos 18 millones de euros anuales. El diputado del PP ha defendido el derecho de los funcionarios a defender sus intereses. Y ha denunciado cómo, bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, el Estado está desapareciendo progresivamente de las Islas.
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