La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha llevado la contraria a su propio consejo de administración y ha autorizado que la concesionaria Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), que explota las antiguas instalaciones del Club Náutico de Ibiza bajo el nombre de Port Nàutic, pueda llevar a cabo las obras de instalación del dique flotante en unas fechas en las que, inicialmente, no debería.
El consejo de administración de la APB aprobó el pasado mes de mayo una prórroga para que PyLS terminara de construir en Alicante e instalara en la dársena ibicenca este dique flotante que, según el pliego de condiciones con el que la empresa se hizo con la concesión, tenía que haber estado operativo antes del 5 de mayo. En esa prórroga, que concluye en noviembre, se indicaba «una parada prevista entre el 15 de junio y el 30 de septiembre en atención a la imposibilidad de realizar trabajos durante la temporada estival», según informó la propia APB en un comunicado en aquel momento.
En la misma nota, la APB señalaba también que «la planificación de la obra es viable y contempla márgenes adecuados para absorber imprevistos». Sin embargo, no parece que esto sea así pues ahora la propia Autoridad Portuaria ha permitido que PyLS siga adelante con las obras fuera del plazo estipulado en mayo, cuando la concesionaria había esgrimido la DANA de Valencia del 29 de octubre como argumento para no haber podido construir el dique a tiempo.
Fuentes de la APB han explicado a Periódico de Ibiza y Formentera que «en la solicitud de prórroga, PyLS establecía que para el día 15 de junio ya tendrían el dique en el puerto de Ibiza y que, por lo tanto, mejoradas las condiciones de agitación en el interior de la dársena, paraban por las dificultades de continuar trabajando en las obras en verano y poder, por otro lado, realizar la explotación de la instalación en la temporada». Y han añadido que «debido a una serie de causas, se ha retrasado la ejecución de los trabajos en Alicante para poder dejar el dique instalado el día 15 de junio y, puesto que es el hito para poder hacer la pausa estival, van a continuar trabajando hasta que quede instalado en su sitio».
«La prórroga que concedió el consejo fue de tres meses con una parada en medio, condicionada a que el dique estuviese instalado en su sitio», han dicho las mismas fuentes, «como el dique no está aún en su sitio no habrá parada hasta que esté instalado».
Una explicación que solo puede equiparase a un galimatías puesto que, si el dique hubiera estado instalado el día 15 de junio, no tendría ningún sentido hacer parada alguna porque yo no haría falta. Ante este cuestionamiento, la APB se ha limitado a indicar que «el tema es que se ha retrasado en Alicante pero es prioritario colocarlo cuanto antes, por lo que no tiene sentido para las obras».
Fuentes de la Asociación de Amarristas del CNI, por su parte, han señalado que lamentan que «una vez más, se haga la vista gorda ante los reiterados incumplimientos de la empresa adjudicataria». «El acuerdo del consejo de administración de la APB era claro», han añadido, «se autorizaba una prórroga de seis meses con una parada obligatoria entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Así lo recogía expresamente también la nota de prensa emitida por la propia APB».
La asociación ha señalado también que observa «con preocupación» que el acuerdo del consejo de administración se reinterprete «sobre la marcha, permitiendo que continúen unas obras que debían estar interrumpidas, generando graves afecciones a la navegación, incluido el paso de la barca de Formentera, y una sensación de impunidad difícil de justificar en un ente público».
«Todo apunta a que esta permisividad responde al interés de que la empresa pueda comenzar cuanto antes a explotar los amarres para transeúntes durante la temporada alta, pese a no haber cumplido con los plazos ni con las condiciones establecidas», han indicado también, «en otras palabras: se le permite ‘hacer el agosto’, incluso a costa del interés general y del respeto a las reglas del juego». Y han concluido: «Desde la Asociación de Amarristas no buscamos confrontación, sino rigor institucional.
No puede haber seguridad jurídica si los acuerdos de los órganos de gobierno se diluyen según convenga. Confiamos en que la Autoridad Portuaria recapacite como ha hecho con Trasmed, actúe con imparcialidad y garantice que las actuaciones en el puerto de Ibiza se desarrollen conforme a la legalidad y el interés general, no en función de intereses particulares».
os digo que ha pasado , o ya somos mayorcitos.