Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària han atendido a un total de 77 personas a raíz del desalojo de Can Rova 2. Así lo explicó Juan Carlos Roselló, concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio de la Villa del Río, quien afirmó que «nadie de las personas que ha venido a pedir ayuda ha dormido fuera de un techo esta primera noche». Para ello, se han habilitado diferentes opciones por parte del consistorio que, si bien no se han especificado en cantidad y número van, en palabras del propio Roselló: «habitaciones de hotel, apartamentos, campings… todo lo que pueda ser un espacio seguro». El tiempo que todas estas personas vayan a seguir siendo alojadas no está definido y está relacionado con la valoración que hacen los Servicios Sociales de cada caso particular.
Servicios Sociales
De estas 77 personas atendidas hasta el momento, se dividen en 28 son mujeres (cuatro de ellas embarazadas), 36 hombres, 11 menores de edad, una persona con necesidad de atención sanitaria y otra persona mayor de 65 años. Además de las alternativas habitacionales, desde Servicios Sociales también se contemplan ayudas para pagar billetes hacia otros puntos de la Península. Por el momento, son dos las familias que se lo están planteando, pero no han formalizado por el momento la solicitud, afirmaron desde el Consistorio.
De cara a esta atención individualizada, Roselló quiso poner en valor el trabajo de los 13 profesionales que actualmente conforman el departamento de Servicios Sociales del Consistorio.
Extranjería
El día del desalojo acudieron al lugar cinco agentes de la Policía Nacional para atender cuestiones relacionadas con Extranjería. A este respecto, desde el Consistorio aseguraron no tener datos sobre la actuación de este cuerpo. Pese a esta situación irregular, son muchas las personas que desalojadas que tienen un puesto de trabajo en la isla, algo que «no entra dentro de lo que entendemos para venir a vivir aquí. No vemos bien que haya personas en situación irregular, ni trabajando ni viviendo», afirmó Roselló.
Sobre posibles repercusiones legales para esas empresas que recurren a personas sin papeles para trabajar, el concejal expresó que «hay mucha gente en el SOIB que no tiene trabajo y animo a los empresarios a que han de acudir a lo que hay legal».
El terreno
La limpieza de los terrenos del antiguo asentamiento de Can Rova 2 será más larga de lo esperado. Y es que aunque originalmente se esperaba, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, poder haber finalizado los trabajas para este miércoles, estos podrían prorrogarse hasta hoy jueves o viernes. El motivo, según afirmó Roselló, tiene que ver con el tratamiento de las fosas sépticas, y el peligro que estas pueden suponer «de contaminar las aguas subterráneas», además del tratamiento de materiales que pueden ser peligrosos «como amianto o uralita».
Sobre el terreno de Can Rova 2 la maquinaria y los técnicos y operarios del Ayuntamiento siguen trabajando para despejar la zona y dejarla «lo más recogida posible». La parte inferior del terreno, la más cercana a la carretera, ya luce bastante más despejada, mientras se sigue ascendiendo en la limpieza. A media mañana de este miércoles ya se habían recogido 114 toneladas residuos.
El procedimiento
En relación con el desalojo y desmantelamiento del asentamiento de Can Rova 2, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Eulària han adoptado una estrategia jurídica «innovadora y pionera» para afrontar este tipo de problemática, según destacaron desde el Consistorio.
En este sentido, en lugar de seguir los procedimientos tradicionales civiles o penales, que suelen ser largos, complejos y a menudo ineficaces en contextos de ocupaciones ilegales, el Ayuntamiento decidió solicitar una medida cautelarísima in audita parte ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. «Esta medida permite actuar de forma inmediata y sin necesidad de una audiencia previa, protegiendo la seguridad y la salud pública ante los graves riesgos existentes en el asentamiento, como construcciones con materiales inflamables, conexiones eléctricas precarias, ausencia de saneamiento y riesgo de contaminación de acuíferos», según destacaron.
Asimismo, «tratar la implantación de un asentamiento como un problema urbanístico» también acaba derivando «en procesos muy complejos, largos y de difícil implementación en relación con la normativa administrativa existente en tanto que esta no está pensada para estos supuestos». Además, la realización de los diferentes actos administrativos necesarios como puede ser una aparentemente sencilla notificación, se vuelven casi imposibles (cabe recordar que en Can Rova 2 adoptaron como estrategia de defensa denunciar por allanamiento de morada el simple acceso de funcionarios públicos al recinto, no al interior de las infraviviendas, lo que complicó mucho más la actuación municipal).
La solicitud, presentada el 26 de marzo, fue aceptada en esa misma fecha por la jueza, otorgando autorización para que se procediera a la entrada y desmantelamiento del asentamiento en un plazo muy breve. Este proceso, además de acelerar significativamente la resolución del caso en comparación con los procedimientos tradicionales, ha sido un ejemplo de cómo las administraciones públicas pueden emplear herramientas legales para garantizar la protección de la comunidad y del medio ambiente en situaciones de peligro inminente.
Aunque posteriormente, la vía judicial enfrentó recursos y alegaciones, incluyendo una suspensión temporal vinculada a la aplicación de ciertos preceptos, el proceso avanzó rápidamente y en apenas tres meses se logró una resolución definitiva. Este método se presenta como una alternativa efectiva y rápida para abordar situaciones similares en el futuro, en línea con la necesidad de actuar de forma preventiva frente a asentamientos que representan un peligro inminente para la comunidad.
arbreIbiza con "B". Con ""B" mayuscula, de la cantidad del dinero negro que se mueve en esta isla, desde el ya conocido por todos, servicio público de trasportes, a la cantidad de viviendas turísticas ilegales, pasando por las discotecas, que sólo de bebidas, zonas bip, drogas, prostitución, los barcos ilegales de alquiler, las fiestas privadas en villas.... Y todo esto hace que sea un paraíso para mucha gente, puedes trabajar en B, pagar un alquiler de vivienda en B...., vivir en B. Pero gracias a que tenemos un equipazo de oficina de intruismo que nos cuesta 7,2 millones al año, la B sigue siendo la que marca la diferencia.