En relación con el desalojo y desmantelamiento del asentamiento de Can Rova 2, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Eulària han adoptado una estrategia jurídica «innovadora y pionera» para afrontar este tipo de problemática, según destacaron desde el Consistorio.
En este sentido, en lugar de seguir los procedimientos tradicionales civiles o penales, que suelen ser largos, complejos y a menudo ineficaces en contextos de ocupaciones ilegales, el Ayuntamiento decidió solicitar una medida cautelarísima in audita parte ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. «Esta medida permite actuar de forma inmediata y sin necesidad de una audiencia previa, protegiendo la seguridad y la salud pública ante los graves riesgos existentes en el asentamiento, como construcciones con materiales inflamables, conexiones eléctricas precarias, ausencia de saneamiento y riesgo de contaminación de acuíferos», según destacaron.
Asimismo, «tratar la implantación de un asentamiento como un problema urbanístico» también acaba derivando «en procesos muy complejos, largos y de difícil implementación en relación con la normativa administrativa existente en tanto que esta no está pensada para estos supuestos». Además, la realización de los diferentes actos administrativos necesarios como puede ser una aparentemente sencilla notificación, se vuelven casi imposibles (cabe recordar que en Can Rova 2 adoptaron como estrategia de defensa denunciar por allanamiento de morada el simple acceso de funcionarios públicos al recinto, no al interior de las infraviviendas, lo que complicó mucho más la actuación municipal).
La solicitud, presentada el 26 de marzo, fue aceptada en esa misma fecha por la jueza, otorgando autorización para que se procediera a la entrada y desmantelamiento del asentamiento en un plazo muy breve. Este proceso, además de acelerar significativamente la resolución del caso en comparación con los procedimientos tradicionales, ha sido un ejemplo de cómo las administraciones públicas pueden emplear herramientas legales para garantizar la protección de la comunidad y del medio ambiente en situaciones de peligro inminente.
Aunque posteriormente, la vía judicial enfrentó recursos y alegaciones, incluyendo una suspensión temporal vinculada a la aplicación de ciertos preceptos, el proceso avanzó rápidamente y en apenas tres meses se logró una resolución definitiva. Este método se presenta como una alternativa efectiva y rápida para abordar situaciones similares en el futuro, en línea con la necesidad de actuar de forma preventiva frente a asentamientos que representan un peligro inminente para la comunidad.
Si, pero que dejen vallar los terrenos...porque según el PTI en según que tipo de suelo rústico ni se puede...