Las familias desalojadas del Bloque A de los edificios Don Pepe sigue siendo una cuestión latente para el Ayuntamiento de Sant Josep. En el pleno ordinario de julio, celebrado este mismo jueves, se ha aprobado con unanimidad una moción para prorrogar por otros tres años el convenio con la Consellería d’Afers Socials por el cual se destinará una partida de 874.000 euros para cubrir los pagos del alquiler para todas esas familias afectadas por el desalojo ocurrido en el año 2020.
De esta manera se prorroga una medida que ya fue aprobada por el consistorio josepí el año 2022. La moción ha sido presentada en el pleno por parte de Marilina Serra, regidora de Acción Social, Familia e Igualdad, quien ha detallado que el total del importe se dividirá en «145.800 euros en 2025 para la segunda mitad del año, 291.600 en 2026 y 2027, y otra vez de 145.800 para la primera mitad del 2028».
Todos los grupos municipales han votado a favor de la moción para prorrogar estas ayudas, aunque no por ello ha estado exento de polémica. El alcalde del municipio, Vicent Roig, y el representante del Partido Socialista, Vicent Roselló, se han enzarzado en un debate a raíz de las condiciones en las que se produjo el desalojo, y sobre como este fue tratado en su momento desde el Ayuntamiento y la consellería del Govern Balear, en ese momento de mandato socialista.
El resto de grupos del pleno han pedido soluciones definitivas para todas esas personas desalojadas de los Don Pepe. El regidor del grupo Ara Eivissa, Josep Antoni Prats ha ironizado con que «en su momento se nos dijo que se establecía un plazo de tres años de ayuda para ser garantistas, porque se encontraría una solución antes y aquí estamos, votando una prórroga de tres años más», una reflexión en la que han coincidido tanto el grupo de Unidas Podemos como el de Vox.
Colaboración policial
En el pleno también ha salido adelante por unanimidad la prórroga del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil, y la Policía Local de Sant Josep. En este caso ha sido Nieves Bonet, primera teniente de alcalde del municipio, quien ha explicado que «este acuerdo establece el marco general para garantizar una mejor coordinación operativa entre la Guardia Civil y la Policía Local, fortaleciendo las políticas de seguridad ciudadana en el municipio. Con esta prórroga, se refuerza la cooperación entre ambos cuerpos de seguridad, favoreciendo la participación en el diseño, ejecución y seguimiento de las actuaciones en este ámbito, de acuerdo con sus respectivas competencias».
Todos los grupos municipales han votado a favor, aunque han pedido un informe mediante el cual se tenga constancia del número de actuaciones que derivan de esta colaboración. El alcalde, Vicent Roig, se ha mostrado favorable a esta petición, asegurando que «así quedaría de manifiesto que es la Policía Local de Sant Josep la que muchas veces tiene que cumplir tareas de más ante la falta de efectivos por parte de la Guardia Civil en el municipio».
Campo de boyas
El grupo municipal socialista ha llevado al pleno la creación de un campo de boyas para delimitar el fondeo de barcos en zonas restringidas, como los fondeos sobre la posidonia. El concejal socialista, José Guasch, ha puesto como ejemplo la playa de Porroig «que diariamente se convierte en un punto de carga y descarga de decenas de yates a los que llevan a los turistas o les llevan sus compras, expulsando así a los residentes del lugar».
La regidora de Medi Ambient, Felicia Bocú, ha mostrado su rechazo a la medida, argumentando que las competencias en el mar derivan directamente del Gobierno Central. Sin embargo, el resto de grupos municipales han votado a favor, con lo que la medida ha salido adelante con 11 votos a favor y 10 en contra.
Otro de los puntos tratados en el pleno, a raíz de una moción presentada por el grupo municipal socialista, ha sido la construcción de una nueva residencia para personas mayores a raíz de la donación del antiguo alcalde del municipio, Tur Serra «Coques», quien cedió en herencia unos terrenos al consistorio con la condición que, sobre ellos, se construyera una residencia para personas mayores. Sin embargo, Roig ha explicado que estos terrenos no cumplen con los requisítos necesarios para edificar unas instalaciones como es una residencia, tal y como han concluido los informes técnicos. El resto de grupos municipales ha coincidido con estos informes técnicos y, aunque han hecho incidir la necesidad de construir estas infraestructuras en el municipio, han votado en contra de la moción. Consecuentemente, esta ha sido rechazada.
Si les dejaran entrar en sus casas, se ahorrarían las ayudas...que vergüenza . Riesgo inminente..y cinco años después siguen mareando la perdiz. Pan para hoy, hambre para mañana.