El pasado 9 de septiembre, una decena de personas sufrían un desahucio de la vivienda en la que residían, ubicada en la carretera hacia ses Salines. Este desalojo había sido autorizado por un juez dado el reiterado impago que sufrían los propietarios de la vivienda. Pero este impago no era responsabilidad suya ya que esta decena de personas pagaba religiosamente sus mensualidades, ya de por sí abusivas dadas las condiciones en las que vivían, a una mujer que era inquilina de esa vivienda y que subarrendaba habitaciones y espacios. Todos ellos afirman ser víctimas de una estafa que les ha dejado en la calle y habiendo perdido cientos de euros en cuestión de fianza y mensualidades. Por ello, se han puesto en contacto con Periódico de Ibiza y Formentera para exponer su dramática situación y, a la vez, intentar buscar más personas afectadas.
A., la mujer de nacionalidad española a la que ahora han denunciado, se dedicaba, según los denunciantes, a subarrendar la vivienda en la que ella misma vivía de alquiler. Dicho de otra manera, esta mujer alquiló una vivienda y se dedicó a subarrendar habitaciones. Comenzó alquilando las habitaciones, a un precio de 600 euros para las individuales y 900 euros para las dobles, con los gastos aparte. Sin embargo, estos ingresos, que obtenía a espaldas de la propiedad, parecían no ser suficientes para ella, puesto que comenzó a arrendar también el garaje, sin ningún tipo de acondicionamiento, a una madre uruguaya junto a su hijo.
Dicha mujer, según explican quienes fueron víctimas de sus presuntas estafas, pasaba unos pequeños periodos de tiempo en la casa, que combinaba con largos viajes en los que iba a Madrid, donde también tenía una vivienda. Durante el tiempo en el que estaba en la vivienda, explican, todo era más caótico, puesto que estaba en ella junto a su hijo, de apenas «siete u ocho años de edad», con el que se gritaban desde primera hora de la mañana.
Amenazas
El trato con esta mujer era una «tortura» para los inquilinos de la vivienda, bajo constantes amenazas y respuestas despectivas. «Si le pedías algo tan básico como un armario o que arreglara algo que se había roto, te decía que te fueras a otro lado y que tenía gente esperando para entrar en la vivienda», cuenta una de esas personas que vivió de primera mano la pésima experiencia de alquilar una habitación en esa casa que terminaría convirtiéndose en un infierno.
Mientras recibía miles de euros de estos subarrendamientos -unos 7.000 euros mensuales, calculan a bote pronto los inquilinos- A. no pagaba muchas de las facturas de los servicios de la vivienda, por lo que muchas veces los inquilinos se quedaban sin luz, agua o internet en la vivienda. Al reclamar esto, llegaron a recibir como respuesta de dicha mujer que «la policía había ordenado cortar única y exclusivamente la luz de dicha casa porque supuestamente pensaban que podía haber una plantación de marihuana en la finca» y que, por ello, los servicios presentaban problemas, algo rotundamente falso, según explican estos testimonios. Y es que los cortes se sucedían de manera regular, y el único motivo era que la mujer, acusada de estafa, no pagaba las facturas de los servicios, lo que supuso todavía más perjuicios para los arrendatarios.
Las condiciones
Si bien las condiciones del alojamiento fueron más que extrañas desde un primer momento la situación, lejos de normalizarse con el paso del tiempo, fue cada vez a peor. En todo momento las respuestas dadas por la mujer fueron hostiles, además de que obligaba a pagar las mensualidades siempre en efectivo y en mano o que nunca llegaran a tener unas llaves de la vivienda, por no hablar de que el contrato de arrendamiento se realizaba sobre un pequeño folio de cuaderno escrito a mano, tal y como ha podido comprobar este rotativo.
Y es que a A. debía saberle a poco todo lo que ya arrendaba a esos precios ya que realizó obras en el salón y comedor con las cuales fijó unos bloques modulares de pladur para crear nuevas ‘habitaciones’ que no contaban con la más mínima instalación, ni tan siquiera armarios. De esta manera, lo que antaño eran las zonas comunes de la casa se convirtieron en no más que estrechos pasillos que daban paso a las diferentes habitaciones de la vivienda.
Con estas estructuras de pladur aumentó el número de personas que vivía en el lugar, pasado de los cinco que eran fijas más la supuesta estafadora y su hijo, a una decena de personas de manera continúa, doce cuando estaban estas dos personas. Esto no vino acompañado, como cabe esperar, de una mejora de las instalaciones: solo había un frigorífico, en el cual no había espacio para tanta gente, la cocina era un caos, así como los turnos para el baño una constante fuente de complicaciones. La convivencia se tornaba cada vez más difícil.
Y no solo eso sino que el precio del alquiler aumentó pese a que las condiciones eran cada vez peores. Pasó de 600 euros para la habitación individual a los 900 y de 1.200 euros para la habitación doble a los 1.500. Calculan que, en total, esta mujer podría haberse embolsado cerca de 100.000 euros a su costa a lo largo del año.
Cuando nada parecía poder ir a peor, llegó a los inquilinos, de manera completamente casual y fortuita, la noticia de que la vivienda iba a ser desahuciada por impago. Ellos pensaban que le estaban pagando a la persona que era propietaria y no solo descubrieron que no era así sino que pese a todo lo que esta persona les estaba cobrando, ella no pagaba a la parte propietaria la mensualidad del arrendamiento.
Al ser conocedores de esta noticia se pusieron en contacto con la mujer, quien les trató de asegurar que el desahucio había sido recurrido por su abogado, que no se iba a ejecutar y que siguieran pagando con normalidad. Una vez más, todo volvía a ser mentira y durante los últimos días de agosto la mujer, junto a una amiga suya, recogió sus enseres de la vivienda para no dejar nada ahí.
El 9 de septiembre la Policía se personó en el lugar para ejecutar el desahucio. Los inquilinos no presentaron ningún tipo de resistencia y hablaron con la parte propietaria, presente en el lugar. Según explicaron, estos «también se sentían amenazados y tenían miedo» de dicha mujer, motivo por el cual tardaron tanto en emprender acciones legales.
Los testimonios
Ahora una decena de personas se ha quedado literalmente en la calle como consecuencia de las prácticas de esta mujer y ha tenido que buscarse la vida. Personas como A. -misma inicial que la supuesta estafadora, pero una persona distinta, que prefiere no dar su nombre completo por miedo a represalias-, que llegó a la vivienda a través de un anuncio de Telegram junto a su mejor amigo, I., el pasado octubre, y que estuvo en la vivienda casi hasta la fecha del desahucio. Tuvo la relativa fortuna de encontrar una vivienda a través de un portal inmobiliario y poder marchar hacia otro lugar.
Algo que no sucedió para Diego, que llegó en mayo a una de esas instalaciones de pladur ubicadas en medio del salón. Si bien conocidos suyos de la isla le advirtieron de los comportamientos presuntamente mafiosos de la mujer, él no lo terminó de creer hasta el momento del desahucio. Ahora está viviendo en el sofá que le ha prestado una mujer porque se ha quedado sin vivienda y sin la fianza y mensualidad que ya había depositado.
Lukas, por su parte, había entrado a la vivienda en junio y pagaba 1.200 euros por una habitación doble. Según explica, eran ellos mismos quienes tenían que hacer las visitas a la vivienda para nuevos inquilinos, bajo amenazas de la propietaria. Tras producirse el desahucio también está viviendo en casa de un amigo, hasta que pueda desplazarse a la nueva vivienda que va a alquilar.
Si quiere denunciar alguna situación relacionada con este tema o con algo que esté pasando en Ibiza puede llamar al 971 190 543 o bien escribir un correo electrónico a:
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EbusususAh, o sea porque son extranjeros son malos y la española que es la delincuente es la buena? De donde te sacas que sean ilegales?