El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, junto con la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, y el jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Alejandro Ponce, han dado a conocer esta mañana las funciones y actuaciones que están realizando los nuevos Agentes de Intrusismo y Convivencia, una figura pionera en las Illes Balears, creada con el objetivo de reforzar la convivencia ciudadana y la lucha contra el intrusismo.
El alcalde ha destacado que «con la puesta en marcha de los Agentes de Intrusismo y Convivencia, Sant Antoni se convierte en el único municipio de Balears en disponer de esta figura, lo que demuestra nuestro compromiso para hacer frente a los retos de convivencia y seguridad del municipio».
Esta nueva figura tiene como principal función informar y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y protocolos, principalmente en materia de convivencia, así como de la normativa municipal y autonómica sobre transporte y alquiler turístico ilegal y sobre el decreto de turismo responsable.
En las primeras semanas, los agentes han trabajado principalmente con las incidencias y denuncias sobre alquiler turístico ilegal notificadas en el apartado habilitado para este fin en la aplicación de Línea Verde. En total, han abierto 50 expedientes en materia de vivienda turística ilegal, de los cuales han hecho 24 inspecciones y han levantado cuatro actas que se han remitido al Consell d’Eivissa.
En este inicio, también han realizado formación para aprender todas las ordenanzas municipales y ya han iniciado las tareas de convivencia en la vía pública, un refuerzo que complementa el trabajo de la plantilla de la Policía Local.
La concejala Neus Mateu ha señalado que el Ayuntamiento «ha apostado por la creación de esta figura innovadora que será muy positiva tanto para la población residente como para los visitantes. La necesidad de recursos para aplicar el Decreto de Turismo Responsable era una reclamación que hicimos en la anterior legislatura y que el Govern balear ha atendido, concediendo una subvención de casi cuatro millones de euros destinados a seguridad e inspección».
El presupuesto anual para los doce agentes asciende a 523.848 euros, financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible. Una parte procede de la asignación destinada para la mejora de la inspección, la seguridad y la concienciación en las zonas determinadas por el Decreto 1/2020 para el Turismo Responsable y la mejora de la calidad en zonas turísticas, mientras que la otra parte la concede el Consell d’Eivissa a través del convenio firmado con todos los ayuntamientos para la lucha contra el intrusismo.
Los Agentes de Intrusismo y Convivencia, que estarán operativos durante todo el año, cuentan con nivel funcionarial C1 y competencia para levantar actas. El programa, con una subvención prevista para tres años, contempla la incorporación de hasta 12 plazas. En la actualidad ya se han incorporado cuatro agentes y, una vez completada la plantilla, se garantizará la cobertura de una patrulla en cada turno, en el mismo horario que la Policía Local.
Las tareas asignadas a estos agentes son las de colaborar en inspecciones y tareas administrativas, atender e informar a la ciudadanía, dar apoyo en vigilancia y trabajos de campo, así como coordinar acciones con las fuerzas de seguridad cuando sea necesario.
Sant Antoni: ¿Funciona la nueva figura de Agentes de Intrusismo y Convivencia o simplemente es un parche caro? El Ayuntamiento ha destinado 523.848 € anuales a crear la figura de los Agentes de Intrusismo y Convivencia, con financiaciones dedicadas para reforzar la inspección y la convivencia en el municipio. Sin embargo, por ese dinero se podrían haber contratado más de 13 policías locales con sueldo completo (incluyendo cotizaciones y equipo). La diferencia clave no es solo cuantitativa sino funcional: mientras los nuevos agentes solo pueden levantar actas y hacer tareas informativas o administrativas, un policía local puede patrullar, multar y actuar directamente en la calle como demandan los vecinos. Además, si se hubiera invertido ese dinero directamente en policías locales, el propio Ayuntamiento podría haber generado ingresos directos adicionales a través de sanciones: con una dotación equivalente, la recaudación por multas en municipios similares ronda los 270.000 € al año. Es decir, casi la mitad del "gasto" retornaría a las arcas municipales vía recaudación directa, sin contar el impacto disuasorio en la convivencia y la seguridad real en las calles. ¿No sería más eficaz invertir en policías de verdad que en figuras superpuestas, caras y sin potestad sancionadora real?