La reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la declaración de emergencia migratoria en Baleares – dotada con cerca de siete millones de euros – ha abierto un nuevo frente entre el Govern balear y el Ejecutivo central. El Ejecutivo autonómico denunció ayer que esta medida «en ningún caso supone una transferencia de fondos a la comunidad» y que sólo se limita a financiar actuaciones de competencia estatal, como la instalación de carpas para la primera acogida de migrantes adultos llegados en patera.
En esta línea, indicaron que este plan estatal «es un parche temporal» que no resuelve los problemas estructurales. Desde el Govern recordaron que la comunidad autónoma «carece de competencias en materia de migración irregular» y que son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los responsables de las intervenciones en el mar y de la identificación de las personas interceptadas.
Cabe recordar que la declaración aprobada por el Consejo de Ministros prevé la instalación de módulos y carpas en distintos puntos de las islas, pero, según lamentó ayer el Govern, este acuerdo estatal «no aporta recursos adicionales a la comunidad».
Servicios sociales
Además, explicaron que tampoco se ha detallado cómo se reforzarán los servicios sociales, más allá del anuncio del Ministerio.
Es por ello que, según agregaron, la incógnita sigue siendo cómo se articulará el refuerzo de este servicio anunciado por el Consejo de Ministros, ya que el Govern no ha recibido detalles ni garantías sobre la aplicación práctica de los fondos.
«No se nos ha informado previamente; nos enteramos de la medida a través del comunicado», apuntaron, destacando también la falta de información sobre los datos oficiales de las llegadas de migrantes a Baleares. Al respecto, el Govern reclama un canal estable de información que permita conocer cuántas pateras llegan cada día, cuántos de los ocupantes son menores y cuántos adultos.
El punto de mayor fricción radica en la atención a los menores no acompañados. Esta competencia recae en los consells insulares, cuyos recursos de tutela están «completamente saturados». Según recordaron, la capacidad ordinaria del sistema balear es de 72 plazas, pero los consells están tutelando a casi 700 menores no acompañados, además de los que ya se encontraban en el sistema de protección. «El Gobierno central fijó mediante real decreto que la capacidad ordinaria de acogida en Baleares sea de 406 plazas, pero estableció que la comunidad no podrá solicitar la declaración de contingencia migratoria hasta que no triplique esa cifra, alcanzando 1.128 menores. Es un baremo incomprensible y decidido de manera unilateral, que no tiene en cuenta la tendencia real en Baleares», lamentaron desde el Govern. En paralelo, los consells insulares advirtieron de que ya no pueden ampliar más sus recursos ordinarios sin apoyo externo. Con cerca de 700 menores tutelados frente a una capacidad teórica de 72 plazas, el sistema se encuentra al borde del colapso.
Por este motivo, la presidenta del Govern, Marga Prohens, denunció que la declaración de emergencia migratoria «deja desamparados a los menores» y desde el Govern reclamaron al Ministerio de Infancia que excluya a Baleares del reparto de menores entre comunidades autónomas. «Nuestra realidad no es comparable a la del resto del Estado: nos hemos consolidado como la puerta de entrada; como la frontera sur de Europa», subrayó.
Denun ian que no pueden tocar el dinero y de consecuencia no pueden robarlo. Eso es el verdadero problema, todo el dinero que se mueve al rededor de todo esto. A nadie le importa esra gente lo que interesa es ver lo quebse puede sacar de todo esto PATERAS DE VUELTA YA