Los momentos de máxima tensión del pleno ordinario de este mes de octubre de Sant Antoni entre el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición se han vivido a raíz de una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, más concretamente por la concejala María Marí Costa, en la que ha criticado que «una persona condenada hasta en tres ocasiones por delitos de agresión sexual siga ejerciendo como taxista en nuestro municipio».
En este sentido, la edil socialista ha expuesto las tres condenas emitidas contra ese agresor, la primera por el juzgado penal de Ibiza por un delito de agresión sexual, que imponía una orden de alejamiento a la víctima de 100 metros de su domicilio, su lugar de trabajo y contactar por algún medio con la mujer. El agresor apeló la sentencia y el caso se trasladó a la Audiencia Provincial número 1 de las Islas Baleares, que reafirmaba la sentencia del juzgado de Ibiza. El agresor realizó una nueva impugnación, llevándola al Tribunal Supremo, que desestimó ese recurso.
Tal y como ha explicado Marí Costa, la mujer ha tenido que presentar hasta en dos ocasiones denuncias en la Guardia Civil contra el condenado por saltarse la orden de alejamiento. A raíz de esto, ha criticado al equipo de gobierno por «no haber actuado en consecuencia a la hora de retirar el permiso de conducción del Ayuntamiento a una persona condenada desde mayo».
A esta intervención ha respondido la teniente de alcalde, Neus Mateu, visiblemente molesta por las acusaciones vertidas por la concejala socialista, quien ha tildado «de cómplices» la labor del Consistorio por no retirar la licencia. Mateu afirmó que «las competencias corresponden a los tribunales, que nosotros no podemos valorar. A nivel penal, no se le ha inhabilitado para llevar transporte público» y que la licencia de taxi «fue concedida antes de que ese hombre tuviera esos antecedentes penales».
Mateu ha asegurado que ha mantenido reuniones constantes con esa persona «así que es mentira que desde este Ayuntamiento no se le haya atendido». A esta intervención, la edil socialista ha replicado que «esta señora no puede trabajar con tranquilidad porque nadie le ha impuesto al hombre unas directrices de dónde puede trabajar y dónde no para cumplir la orden de alejamiento».
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