Carreteras en Ibiza: «Hay muchos proyectos viarios que se quedarán en un cajón si no hay financiación del Gobierno»

La carrera política de Mariano Juan Colomar (Santa Eulària, 1982) ha ido en paralelo a la del presidente del Consell d’Eivissa. Ya fue su concejal de Urbanismo en Santa Eulària y ahora combina las carteras de Territorio, Movilidad, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo. En definitiva, un abogado urbanista que maneja buena parte del presupuesto de la institución insular con multitud de frentes abiertos.

— Las obras de la rotonda de los Cazadores ya han comenzado. ¿Qué plazo de ejecución tienen? Y en verano, cuando las carreteras están a pleno rendimiento, ¿habrá que detener las obras?
— Debemos felicitarnos porque tenemos en marcha una actuación en un punto negro de la red viaria, de esos de los que siempre se hablaba pero nadie había hecho absolutamente nada. Cuando llegamos no había ni un solo plano hecho ni un estudio de alternativas ni un anteproyecto sobre esta cuestión, y ahora ya está en marcha. Fue una de nuestras principales promesas electorales y la estamos cumpliendo. El plazo de ejecución oficial es de unos 15 meses, aunque siempre hay imprevistos. Yo calculo que en dos años podrían estar concluidas las obras si avanzan a un ritmo normal. Durante el próximo verano se producirán interferencias importantes. Es imposible que una obra tan larga no se vea afectada, al menos durante un verano. Será un reto importante de coordinación. Pedimos disculpas por los problemas que pueda haber, pero creo que la gente ha entendido muy bien que esta inversión tan importante, necesaria desde el punto de vista económico y tan difícil de ejecutar, provocará molestias que después quedarán en el olvido.

— ¿Hay algún otro punto negro que preocupe al Consell?
— Sí, tenemos dos puntos donde los vecinos pedían ayuda al Consell desde hace tiempo y no se había hecho nada ni había nada programado: el cruce de Forada y el paso peatonal de Sant Francesc de s’Estany. Son lugares donde pedimos a la DGT que instalara radares, porque el problema es el exceso de velocidad. En un caso la DGT nos hizo caso, en Sant Francesc, pero en Forada nos dijo que no. Hoy mismo (el pasado viernes) hemos aprobado el proyecto de Forada, que incluirá itinerarios peatonales para escolares, elementos de seguridad para impedir que se baje de la acera, nueva iluminación, pasos de cebra, paradas de autobús y reductores de velocidad en la calzada. En cuanto a Sant Francesc, el paso de cebra quedará iluminado, frente a la iglesia, con itinerario peatonal y dos paradas de bus nuevas. El tercer punto es Can Guillemó, donde los problemas de seguridad han mejorado mucho después de que consiguiéramos convencer a los vecinos y que la DGT instalara un radar. Ahora tenemos un proyecto pendiente del informe de Carreteras del Govern balear para un itinerario peatonal que conecte el barrio de Can Tomàs con ses Païsses y Can Bonet, además de un arcén por el que podrán circular bicicletas, nuevos pasos de cebra, nuevos semáforos y nueva iluminación. Será un itinerario mucho más urbano, como corresponde.

— Hablando de radares: en los últimos años las carreteras de Ibiza se han llenado de ellos. ¿La DGT informa al Consell o actúa por su cuenta?
— La DGT, en este sentido, a veces instala radares a petición del Consell o de los ayuntamientos, pero la mayoría los decide por su cuenta. La gente cree que el Consell o los ayuntamientos los colocamos, pero no podemos hacerlo en carreteras —solo en zonas urbanas—, porque la titularidad de la seguridad vial es de la DGT. En los últimos meses han aparecido varios radares que no han sido solicitados por el Consell Insular. Supongo que responden estrictamente a razones de seguridad vial.

— Hace un año el Consell cedió un tramo del primer cinturón de ronda al Ayuntamiento de Vila para su reconversión en avenida, pero no se sabe nada de las obras. ¿Hay novedades?
— Sí, una importante. Aprobamos la cesión y el proyecto. La cesión aún no se ha formalizado, pero se formalizará la próxima semana con el Ayuntamiento de Vila, con quien hemos alcanzado un acuerdo no solo para la cesión sino también para la inversión que implica. Firmaremos un convenio de 13 millones de euros para que el Ayuntamiento ejecute la obra viaria más importante de Vila. Después se formalizará la cesión. El Ayuntamiento está tramitando una modificación técnica del proyecto y algunos ajustes de diseño, lo cual me parece bien. Siempre he defendido que los ayuntamientos diseñen y ejecuten los proyectos con fondos del Consell cuando las carreteras atraviesan zonas urbanas. Santa Eulària lo entendió: la travesía de Ca na Negreta la diseñó el Ayuntamiento y la pagó el Consell (4 millones de euros). Ya está ejecutada gracias a esa política de colaboración. En 2019 ya ofrecí lo mismo a Vila, pero aquel equipo de gobierno se negó, lo que retrasó todo. Ahora, con el nuevo equipo, hemos llegado a un acuerdo para ceder el proyecto y que el Ayuntamiento lo adapte.

— ¿Para reformar los otros tramos de la E-10 habrá que esperar 15 años más?
— No, no habrá que esperar tanto. Es cierto que no hay la misma urgencia, porque este tramo es urbano. Los demás tienen una parte urbana y otra no. Donde sí hay urgencia es en el tramo del polígono Eurocentro, donde se piden pasos de peatones. El nuevo Plan Director Sectorial de Carreteras, que se aprobará el año que viene, establecerá que toda la vía se ceda al Ayuntamiento.

— Otro proyecto importante que se ha iniciado esta semana es la peatonalización del núcleo urbano de Sant Carles. ¿El futuro de los pueblos rurales pasa por la peatonalización?
— Estamos convencidos de que sí. Hay que recuperar el sentido físico y urbanístico del concepto de pueblo. Antes las calles principales eran caminos, pero al convertirse en carreteras de la red primaria dividieron los pueblos en dos. Eso pasa en Santa Gertrudis, en Sant Rafel, en Sant Carles, en Sant Josep… El futuro pasa por la peatonalización o, al menos, por la pacificación del tráfico. Hay lugares donde no es posible peatonalizar completamente, pero sí invertir la prioridad del tráfico o aplicar medidas similares.

— Todos estos proyectos se financian con fondos propios después de eliminarse los convenios de carreteras. Al menos el Govern ha decidido poner su granito de arena.
— Sí, efectivamente. Y menos mal. La pasada legislatura ejecutamos 40 millones en inversiones viarias gracias a los convenios de carreteras con el Gobierno de España. En 2019, el Gobierno central pactó con el Govern de Francina Armengol eliminar esos convenios y transferir solo una parte del dinero al Govern balear con el llamado factor de insularidad. Fue un robo para los Consells insulares. Por eso es justo que el Govern de Marga Prohens haya puesto por primera vez 6 millones de euros sobre la mesa para compensar esa pérdida. En la legislatura pasada se ejecutaron 40 millones en carreteras. Hemos invertido más de 10 millones en lo que llevamos de legislatura y el año que viene vendrán otros 12 o 13 millones. El esfuerzo financiero del Consell es enorme. Recordemos que negociábamos un convenio de 120 millones con el Gobierno español antes de que lo cancelaran. Hay muchos proyectos que quedarán en un cajón si no hay financiación estatal.

— Una carretera muy comentada últimamente es la del aeropuerto, que se inunda en cada lluvia abundante. ¿Qué se va a hacer?
— Por primera vez se están planteando soluciones. El proyecto original incluía un canal de desagüe directo al mar, pero entre 2008 y 2009 se modificó porque exigía permisos ambientales, hidráulicos y de Costas, y se eliminó ese drenaje y los cuatro carriles hasta el aeropuerto. Eso, unido a las lluvias torrenciales recientes, ha demostrado que las soluciones deben ser técnicas, no ideológicas. El Govern balear ya trabaja en soluciones a medio y largo plazo. Probablemente se amplíe la balsa de contención para almacenar más agua y vaciarla poco a poco, y a largo plazo se construya el drenaje hasta el mar, como se preveía al principio.

— ¿Se plantea volver a los cuatro carriles hasta el aeropuerto?
— AENA no deja de pedirnos que acabemos con los atascos puntuales. Es cierto que nosotros le pedimos a AENA que busque soluciones alternativas y está trabajando en habilitar un vial para transporte público (autobuses, taxis, VTC) dentro de sus propias instalaciones, sin ampliar la carretera actual. En el nuevo contrato de transporte público, las líneas del aeropuerto serán de las más beneficiadas: operarán todo el año, con más frecuencia y mejor conexión con todos los municipios, por lo que el tráfico dismunuirá. Si AENA nos pide hacer algún tipo de intervención, ayudaremos.

— Hablemos de territorio. El Govern ha creado estos proyectos residenciales estratégicos con el objetivo de buscar suelo para construir vivienda asequible para residentes. ¿Sabe cuántos ayuntamientos se acogerán a esta medida?
— Es una herramienta excepcional y extraordinaria que deben aplicar los ayuntamientos. No para construir en suelo rústico, como algunos dicen, sino para permitir que el suelo rústico pueda convertirse en suelo urbano de una forma mucho más rápida que ahora, que pueden tardar aproximadamente diez años. Esto es inaceptable. Esta ley establece que, de forma excepcional y mediante un procedimiento rápido —rápido significa unos dos años aproximadamente—, el ayuntamiento puede convertir determinados suelos rústicos, que cumplan ciertos requisitos (que estén junto a suelo urbano, que tengan conectividad, que puedan conectarse a la red de servicios, etc.), en urbanos, siempre y cuando se destinen exclusivamente a viviendas para residentes. Y cuando digo residentes, me refiero a ibicencos que ya viven aquí, es decir, no para aumentar la población. Sé que hay personas que se han dirigido a los ayuntamientos preguntando por las condiciones que pondrían para poder construir esas viviendas. Y los ayuntamientos están haciendo sus números, sus cálculos. Veremos si alguno de estos proyectos florece. Yo espero que sí.

— Este verano se limitó por primera vez la entrada de vehículos a la isla. ¿Disponen de todos los datos? ¿Pude hacer un balance?
— No, todavía se están recopilando. Como ya dije en su momento, el cupo de este año era un ‘cupo cero’. Era un cupo experimental, basado en estudios, porque nunca se había contabilizado cuántos coches o caravanas entraban realmente en Ibiza. Nadie lo sabía. Este año ha servido para obtener datos reales, ya que las compañías han tenido que informar de los vehículos y caravanas que transportaban. Con las cámaras —que sí han funcionado, pese a lo que algunos decían—, hemos contabilizado 1.200.000 matrículas durante el periodo estival. Ahora, con esos datos, debemos trabajar: hay que descontar los vehículos de residentes, los que tenían permiso, los que no necesitaban autorización… y así obtendremos el número real de coches que circularon sin derecho. Cruzaremos esos datos con la DGT y se tomarán las medidas necesarias.

— ¿Se refiere a las cámaras del puerto de Ibiza?
— Sí, correcto. También utilizaremos las del aeropuerto cuando firmemos el convenio con el Ayuntamiento de Sant Josep, que aún no está cerrado. Tendremos que instalar más cámaras en otros puntos. En definitiva, se ha hecho un trabajo importante de recopilación de datos que nos permitirá fijar un cupo realista el próximo verano, basado en cifras reales. También debemos decidir qué hacer con los temporeros, que este año no se contabilizaron en el cupo, y ver si incluimos otros tipos de vehículos. Las navieras afirman que han facturado mucho menos, lo que implica que han llegado menos coches. No lo digo yo, lo dicen ellas. Y además quiero recordar algo: cada año venían más coches. Desde 2019, el número pasó de 15.000 en agosto a 45.000. Así que, como mínimo, el cupo ha conseguido detener ese crecimiento. Ya es un éxito en sí mismo. El otro éxito, creo, ha sido el de las caravanas. Al principio no se lo creían y hubo resistencia, pero las policías nos confirman que aquellos asentamientos de caravanas en playas y núcleos urbanos han desaparecido.

«Hemos conseguido cuadrar el círculo: aumentar la ocupación en el sector legal y, al mismo tiempo, reducir el número total de visitantes»

— Una vez eliminados los anuncios de alquiler turístico ilegales, ¿qué se propone para el año que viene?
— Ahora tenemos el gran reto. Lo anterior era solo la punta del iceberg. Es fácil decir que, gracias a los acuerdos alcanzados con todas las empresas del sector turístico —a las que agradezco su colaboración— y con las plataformas Airbnb, Booking, Expedia o Holidu, se han eliminado más de 3.000 anuncios ilegales y más de 14.500 camas que se ofrecían de forma ilegal cada día en Ibiza durante el verano. Lo importante es en qué se traduce. Y los datos reales, no estimaciones, del recuento de móviles en la isla durante el verano, tanto del sistema de inteligencia turística que tenemos contratado como del Ibestat, certifican que ha habido una bajada de miles de personas que venían cada día a Ibiza. Sin embargo, la ocupación hotelera ha aumentado, y también la de las viviendas turísticas legales. Por tanto, hemos conseguido cuadrar el círculo: aumentar la ocupación en el sector legal y, al mismo tiempo, reducir el número total de visitantes. Menos gente, pero más ocupación legal. ¿Qué significa eso? Menos saturación, menos atascos, menos consumo de agua, menos generación de residuos, y más economía legal: más recaudación de impuestos —que sirve para financiar el plan de choque contra los pisos ilegales— y más empleo regulado, con trabajadores contratados y no en el sector sumergido. El reto ahora es gestionar los flujos, aumentar los recursos de Ibiza y reducir la huella humana, que ya lo estamos logrando. Pero debemos aumentar los servicios: más autobuses, más producción de agua —no porque venga más gente, sino para dejar de extraer agua de los acuíferos—, más vivienda a precio tasado y para residentes, no para incrementar la población.