PP y VOX han aprobado este martes en el Parlament balear el decreto ley que, entre otras cuestiones, regula el traslado de residuos de la isla de Ibiza a la planta incineradora de Tirme, ubicada en Mallorca. Un decreto ley que el Govern intentó aprobar en septiembre, pero que no logró sacar adelante por el rechazo de VOX a las medidas relacionadas con la implantación de la Agenda 2030.
El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha explicado que la propuesta del traslado de residuos, aprobada por la Conferencia de Presidentes Insulares celebrada en mayo en Ibiza, demuestra que el Govern «actúa con responsabilidad y lealtad institucional». El traslado, ha recordado Costa, es «temporal» y el decreto ley contempla los «correspondientes mecanismos de financiación». En concreto, el Govern abonará al Consell Insular de Mallorca 50 millones de euros a lo largo de 10 años para que la incineradora de Tirme incinere los residuos procedentes de Ibiza.
La portavoz de VOX, Manuela Cañadas, ha asegurado que el vertedero de Ca na Putxa es «una bomba de relojería». Ha subrayado que ha sido esta formación la que ha aportado al decreto ley las fórmulas legales para regular el traslado y los mecanismos financieros, que, según ha añadido, «bajarán la tasa de basuras que pagan los mallorquines».
El diputado del PP Jordi López ha explicado que el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca ya estaba previsto en la Ley de Tratamiento de Residuos aprobada por el PSOE. López ha admitido que «a nadie le gusta esta solución», pero ha señalado que la realidad de las islas pequeñas es muy diferente a la de Mallorca. En el caso de Ibiza, ha indicado que el Consell sí trata los residuos, pero el problema es la falta de espacio para el resultado de ese tratamiento. «Ibiza tiene el mayor grado de recuperación de residuos de Baleares, con un 42 %», ha añadido, aunque la capacidad de almacenamiento está agotada.
La oposición de izquierdas ha criticado duramente el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca. El portavoz del PSOE, Llorenç Pou, ha arremetido contra el presidente del Consell y diputado autonómico del PP, Vicent Marí, al que ha acusado de «inacción» durante los últimos seis años respecto al vertedero de Ca na Putxa. Pou también ha lamentado que Marí no haya defendido este traslado en el Parlament. «Lleva seis años mareando la perdiz», ha afirmado.
El portavoz socialista ha criticado que el Consell no haya aplicado la Ley 8/2019 de Residuos, que «marca el camino: reducir, reutilizar y reciclar». «Aquí había que salvar al soldado Marí», ha añadido, y ha reprochado que en los últimos meses se hayan ofrecido versiones contradictorias del acuerdo. Pou ha advertido de que la «irresponsabilidad» de Vicent Marí afectará al Plan de Residuos de Mallorca y ha preguntado cuánto pagará el Consell por este traslado.
El portavoz de Més per Mallorca, Ferrán Rosa, ha comparecido con una camiseta con el lema «No volem ser el femer d’Europa» (No queremos ser el basurero de Europa) y ha rechazado el traslado al considerar que el Consell no ha cumplido la legislación de residuos desde 1999. Rosa ha recomendado a Vicent Marí visitar municipios de Mallorca donde sí se cumple la ley y ha puesto como ejemplo Llucmajor, gobernado por el PP, donde «se recoge selectivamente el 84 % de la fracción orgánica».
Rosa ha asegurado que el modelo de Ibiza está «totalmente colapsado» y ha añadido que lo que ocurre en la isla en ámbitos como la vivienda o la falta de trabajadores públicos es un «síntoma del fracaso colectivo». «Que quieran hundir Ibiza es un drama para los ibicencos, pero que nos quieran arrastrar a nosotros es más dramático», ha señalado.
José María García, de Unidas Podemos, también se ha mostrado en contra del traslado por los «riesgos para las personas y el medio ambiente» y porque va en contra de la jerarquía de residuos. Como el resto de grupos de izquierdas, ha afirmado que esta medida pretende «librar al Consell de Ibiza» de las consecuencias de no cumplir la normativa. «Están pasando el problema a los vecinos de la incineradora», ha advertido.
Por otro lado, el decreto ley aprobado es «una norma relevante y ambiciosa» con la que Baleares pretende priorizar proyectos públicos y privados estratégicos, según ha explicado Antoni Costa. Estos proyectos serán considerados estratégicos por su impacto en la ocupación, la sostenibilidad y la cohesión territorial, con el objetivo de agilizar su tramitación y reducir la burocracia.
«Baleares compite en un entorno cada vez más exigente», ha afirmado Costa, destacando la necesidad de cumplir plazos, ofrecer seguridad jurídica y dar certidumbre. «El mensaje es que aquí se puede invertir», ha añadido.
El decreto ley fija las condiciones para considerar un proyecto estratégico, entre ellas una inversión mínima que va desde los 500.000 euros para proyectos vinculados al sector agrario hasta los 10 millones de euros en otros ámbitos, además de requisitos relacionados con la creación y mantenimiento del empleo.
La norma contempla también la creación de una unidad aceleradora de proyectos estratégicos, que funcionará como una «ventanilla única» y estará integrada por representantes de los departamentos autonómicos competentes. Esta unidad analizará los proyectos y acompañará a sus promotores durante toda la tramitación para facilitar su puesta en marcha, el acceso a ayudas públicas y la financiación.
Costa ha subrayado que esta herramienta será clave para desbloquear proyectos públicos con tramitaciones excesivamente largas. «Basta al exceso de burocracia», ha afirmado. «Acelerar es gobernar mejor», ha concluido el vicepresidente, asegurando que el decreto ley «ordena, coordina y aplica controles y garantías con sentido común, eficacia y responsabilidad».
Foto que recuerda a las focas y "focos" del circo. Cual es la alegría? Lo único que han conseguido en esta legislatura y posiblemente lo único que conseguirán? La alegría es que una isla tan sostenible según el señor Mari, tenga que recurrir a exportar basura en camiones y barcos con su consiguiente contaminación a precio de 50 millones de € ? O la alegría es que en el programa electoral había como objetivo el que Sirte la empresa que gestiona la incineradora, 60% propiedad de un inversor chino, que ha de recibir por contrato un 70% de basura del gobern y que en 2023 ya cobro 43 millones no incremente el precio por tonelada y de la incineración genere electricidad que vende al gobern ? En este asunto el panfleto de ibiza ha aportado cero de información de este chiringuito. Y del y por el chiringuito viene las palmas y alegrías. Para los ciudadanos de Ibiza incremento de tasas y para los Mallorquines reducción, esa es la realidad que nos toca.