Una familia de Ibiza, residente desde hace cinco años en un piso de tres habitaciones por el que paga 1.400 euros mensuales, ha solicitado ayuda institucional ante lo que considera una situación de «alto riesgo de exclusión residencial». La inminente finalización del contrato de alquiler, prevista para marzo, y la imposibilidad de encontrar alternativas habitacionales a precios asumibles, han llevado a esta familia con dos menores a dirigirse formalmente a las instituciones para pedir protección y ser reconocida como unidad familiar vulnerable.
La afectada asegura que en noviembre el propietario le comunicó que no renovaría el contrato a su vencimiento. Hasta ese momento, explica, la familia había cumplido con todas las obligaciones de pago y mantenimiento del inmueble. La noticia, afirma, les dejó en un escenario de «incertidumbre total», especialmente tras comprobar el estado actual del mercado del alquiler en la isla. Tras iniciar la búsqueda de una alternativa, la familia se encontró con un mercado tensionado y precios «fuera del alcance de cualquier trabajador medio».
Según detalla, pisos similares al que ocupan actualmente sólo se encuentran «a partir de 2.500 euros, y en muchos casos hasta 2.800 o más». A ello se suman unas condiciones de entrada que califica de «inasumibles»: varios meses por adelantado, honorarios de agencia, avales bancarios o requisitos salariales comparables a una hipoteca.
«Mi sueldo en cinco años no ha subido ni un 10 %, mientras que los alquileres han aumentado más de un 50 %. Es imposible asumir una vivienda digna con estas subidas», lamenta. La situación, asegura, se agrava cuando se trata de familias con hijos que no pueden recurrir al mercado de habitaciones ni compartir piso: «Somos una familia con dos menores. Las familias no deberíamos compartir viviendas».
A pesar de buscar activamente desde hace semanas, asegura que «no hay nada en la isla» y que la mayoría de viviendas se ofrecen como alquiler de temporada o están dirigidas a empresas, que deben asumir el pago del año completo. El contrato finaliza en marzo, aunque el aviso anticipado del propietario les obliga a iniciar ya la búsqueda. Relata que la presión se incrementa a medida que se acerca la temporada turística, cuando la oferta para residentes se reduce todavía más: «Si ahora ya es desesperante, prefiero no imaginar cómo estará la situación en marzo o abril».
Algunos propietarios, añade, amparan la decisión de no renovar en necesidades familiares, aunque muchas veces, sostiene, se trata de estrategias impulsadas por la especulación para aumentar el precio. «Los alquileres mínimos están cerca de los 2.000 euros. Si tengo que comer lentejas tres días, las comeré, pero no podemos quedarnos en la calle», explica.
La familia ha consultado la posibilidad de acogerse a medidas de vulnerabilidad, pero asume que cualquier protección exigirá un proceso judicial. También destaca que está inscrita en el registro de demandantes de vivienda del Ibavi desde hace años, aunque no confía en recibir una vivienda pública a corto plazo. «Prometen viviendas protegidas de alquiler, pero llevan dos años con solares vallados y no avanzan. Yo estoy apuntada, pero no me van a llamar», lamenta.
Critica también que las promociones anunciadas son insuficientes para la magnitud del problema: «El otro día anunciaron seis viviendas. ¿Seis? ¿Para qué? Sólo sirve para hacerse la foto. Es ridículo cuando hay cientos de familias buscando». La mujer denuncia, además, la existencia de «muchísimas viviendas vacías», algunas en manos de fondos de inversión o como segundas residencias, que no entran en el mercado de alquiler para residentes. «Esto es especulación total y absoluta, y lo están consintiendo».
Según sus cálculos, un alquiler de más de 2.500 euros supone pagar unos 40.000 euros al año: «Es más de lo que gana mucha gente trabajando. ¿Cómo puede ser legal que un propietario gane tanto sin ofrecer nada a cambio? Tendría que ser sancionable».
Más allá de su caso particular, asegura que conoce otras familias en situaciones igual de extremas, como madres separadas que deben mantener dos viviendas por custodias compartidas o trabajadores obligados a compartir habitaciones para poder pagar un techo para sus hijos.
Para ella, la raíz del problema es clara: «El gobierno está permitiendo que nos roben a mano armada. No hay control real sobre los precios del alquiler ni sanciones a los propietarios que especulan». A falta de tres meses para el final del contrato, la familia continúa sin encontrar alternativas y la preocupación es cada vez mayor.
«Con un mercado tensado, falta de vivienda pública disponible y precios que superan la capacidad económica de la mayoría de residentes», esta vecina de Ibiza teme que su caso se convierta en uno más de una larga lista. «Las familias trabajadoras no podemos afrontar alquileres que duplican o triplican nuestros ingresos. No es que no queramos pagar; es que es imposible», sentencia.
Soy Fachavaya comentario , soy ibicenca y tengo vivienda pero mis hijos no , el alquiler es de un sueldo al final han decidido volver a casa hijos de 30 años con pareja y los de mis amigos igual los precios no va a bajar estas equivocado seguirá subiendo por que la isla esta en manos de extranjeros especuladores