El primer Bona Nit Pitiüses del 2026 ha contado con el vicepresident del Govern Balear, Toni Costa, como invitado especial, en un programa en el que la vivienda ha copado buena parte de la entrevista, como una de las grandes problemáticas que afectan a la sociedad Balear. Algo sobre lo que el vicepresident ha señalado que «no hay soluciones mágicas» para afrontar el problema de la vivienda, que ha calificado como «un problema muy grave en Ibiza y Formentera», que hay que abordar con un «exhaustivo diagnóstico». Según lo define Costa, el motivo principal de esta crisis de la vivienda está vinculada con una falta de oferta «de pisos para la gente».
Para conseguir ese aumento en la oferta, señala Costa que es necesario impulsar la construcción de viviendas «a precio tasado», construida por parte de la iniciativa privada, pero ligada a un precio máximo, y que puede ser destinada únicamente a primera vivienda y para quien cuente, como mínimo, con cinco años de residencia.
Por otro lado, ha señalado Costa la nula viabilidad de limitar la compra a extranjeros, como se plantea desde ciertas organizaciones y partidos: «estamos en la Unión Europea, y esto tiene una serie de implicaciones. La mayoría son positivas, pero en este caso nos encontramos con la problemática de que no podemos restringir a un ciudadano de otro país comprar una vivienda en las Baleares».
También ha señalado el vicepresident la importancia de que las viviendas vacías salgan al mercado del alquiler. Algo que desde el Govern ya trataron de conseguir mediante el programa Lloguer Segur y que Costa admite que «no ha funcionado como esperábamos, y entonamos el mea culpa». Por ello, asegura, «estamos trabajando para saber qué cuestiones han fallado y poder hacer las flexibilizaciones pertinentes. Nos hemos encontrado con una excesiva burocracia, que supone una barrera para el ciudadano».
Presupuestos
En materia puramente política, se ha abordado la no aprobación de los presupuestos autonómicos para el curso 2026. Algo que, lógicamente, no es de agrado del vicepresident y conseller de Hacienda: «siempre es de interés comenzar el año con unos presupuestos aprobados en tiempo y forma porque esto implica tranquilidad e implica estabilidad». Unos presupuestos que, ha recalcado Costa, no han sido aprobados en ninguna de las Comunidades Autónomas en las que el Partido Popular Gobierna en minoría. Sin embargo, ha querido hacer hincapié en que esta situación de prórroga presupuestaria no es nueva para Baleares: «los presupuestos del 2025 fueron aprobados en el mes de julio».
Para que esos presupuestos sean aprobados, el Partido Popular, que cuenta con 25 diputados en el Parlament Balear -la mayoría absoluta se sitúa en 30-, necesita el voto favorable de Vox, un partido que según Costa «ni tan solo ha puesto los condicionantes encima de la mesa», pese a que sí que han llegado a otros acuerdos con la formación en «la aceleración de proyectos estratégicos». Sin embargo, cree el Vicepresident que esas dificultades a la hora de aprobar los presupuestos viene determinada por «una estrategia a nivel nacional» por parte de Vox.
Por ello, Costa ha sido preguntado sobre si se ha explorado la vía de aprobar los presupuestos con el apoyo, directo o indirecto, de alguna otra de las formaciones presentes en el Parlament Balear. Al respecto, el vicepresidente ha respondido que sí que existieron estas conversaciones, en concreto con el Partido Socialista «se negoció con ellos el techo de gasto, pero cuando se abordó que esa negociación implicaba la aprobación de presupuestos, hubo una negativa, con lo cual se pararon las negociaciones».
Sin embargo, Costa ha despejado las dudas sobre una posible convocatoria electoral, a semejanza de lo que sucedió en Extremadura, al ser la presidenta de la Junta, María Guardiola, incapaz de obtener el apoyo de VOX u otras formaciones políticas: «los últimos presupuestos aprobados en Extremadura databan de diciembre de 2023, mientras que los de Baleares son de diciembre de 2025».
Aunque el titular 'Sobran chalets y faltan pisos' funciona como un gancho emocional fácil, es una simplificación peligrosa de la realidad. Culpar a las viviendas de lujo de la crisis habitacional es como culpar a la lluvia de que el tejado gotee en lugar de señalar al constructor. El sector del lujo genera los ingresos fiscales y los miles de puestos de trabajo que sostienen la economía de esta isla durante todo el año. La verdadera razón por la que la 'gente corriente' no encuentra vivienda no es un chalet en una colina; es el resultado de décadas de fracaso administrativo, la nula inversión en vivienda de protección oficial (VPO) y un atasco burocrático que hace que conseguir una licencia para edificios de pisos sea una odisea de años. Dejen de utilizar al sector que paga las facturas como chivo expiatorio y empiecen a exigir que las instituciones califiquen suelo residencial y agilicen los permisos de una vez. A esto se suma la absoluta desprotección legal de los propietarios. La creciente permisividad con el fenómeno de la ocupación y la falta de garantías jurídicas han provocado que muchos pequeños propietarios retiren sus inmuebles del mercado de alquiler tradicional. Ante el miedo de perder el control sobre su propiedad y enfrentarse a procesos judiciales interminables, prefieren mantener las viviendas vacías o destinarlas a otros usos. Mientras no se garantice que el propietario pueda recuperar su vivienda de forma inmediata ante un impago o una ocupación, la ofert.