Ibiza es la región de España con mayor proporción de población en situación de exclusión social. Así lo revela el primer informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en la isla, presentado este jueves por Cáritas, que sitúa en el 20,4 % el porcentaje de personas afectadas por procesos de exclusión en distintos grados, lo que equivale a unas 32.000 personas. Esta cifra es superior tanto a la media de Baleares, que se sitúa en el 19 %, como a la del conjunto del Estado, que es del 19,3 %, y coloca a Ibiza como el territorio con peores indicadores relativos en este ámbito.
A ello se suma otro dato especialmente preocupante: el 43,3 % de la población ibicenca se encuentra en situación de integración precaria, un porcentaje claramente más elevado que el del archipiélago balear (38,9 %) y el estatal (35,7 %). Según el estudio, esta elevada proporción de población vulnerable supone un «claro elemento de riesgo» para la cohesión social de la isla.
Presentación
El informe fue presentado en un acto en el que participaron el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón; el sociólogo y miembro de la Fundación Foessa y del equipo de estudios de Cáritas Española, Thomas Ubrich; y el director de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera, Joan Torres. Durante su intervención, Ubrich detalló los principales resultados de un estudio que, por primera vez, analiza de forma específica la realidad social de Ibiza desde la perspectiva de la exclusión y el desarrollo social.
La elaboración del informe ha contado con la participación de 140 investigadores pertenecientes a 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El trabajo se basa en una encuesta realizada en 2024 a 359 hogares de Ibiza, que permitió recabar información de un total de 869 personas. La realización de este estudio territorial ha sido posible gracias a la colaboración del Consell d’Eivissa. Uno de los aspectos más llamativos del informe es que, a diferencia de otros territorios, la baja incidencia de la pobreza monetaria en Ibiza no se traduce en menores niveles de exclusión social.
De hecho, el estudio señala que la mayoría de personas en situación de exclusión no se encuentran en riesgo de pobreza económica, lo que pone de manifiesto la existencia de factores estructurales distintos a la falta de ingresos. Entre ellos, el informe identifica de forma clara a la vivienda como el principal motor de exclusión social en la isla. Según los datos presentados, la exclusión residencial afecta a uno de cada tres vecinos de Ibiza, con niveles superiores a los registrados tanto en el conjunto del Estado como en la media de Baleares. El informe subraya que los precios de compra y alquiler crecen a un ritmo muy superior al de los ingresos, lo que ha generado una presión insostenible para una parte creciente de la población.
Vivienda
Desde 2018, indica el estudio, el índice de precios de la vivienda ha aumentado un 41 % en Baleares, una subida muy alejada del incremento salarial. En el caso del alquiler, la presión es aún mayor: la cuota media ha aumentado un 27 %, situando a los municipios de Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària como los principales puntos calientes del mercado. En el municipio de Ibiza, el 84 % de las personas que viven de alquiler destinan más del 30 % de sus ingresos a pagar la vivienda, y cerca del 40 % emplea más del 50 % de sus ingresos en el alquiler. Este encarecimiento tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las familias. El informe señala que el 13 % de los hogares sufre gastos excesivos de vivienda, superando también la media regional.
En términos absolutos, se trata de cerca de 8.000 hogares que, tras hacer frente al pago de la vivienda y los suministros, quedan por debajo del umbral de la pobreza severa. Según el estudio, los efectos de esta presión residencial ya no son coyunturales, sino estructurales. Además, unas 16.000 personas residen en viviendas inseguras, ya sea por inestabilidad en la tenencia o por problemas legales, lo que afecta al 10 % de la población ibicenca, una cifra muy superior al 6 % estatal y ligeramente por encima del 9 % balear.
Subarrendamiento
Cuando la alternativa es alquilar una habitación, el informe advierte de la proliferación de cadenas de subarrendamiento y realquileres sucesivos, que inflan los precios y degradan la habitabilidad, a menudo sin contrato, dejando a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad frente a subidas, expulsiones o normas abusivas.
El informe Foessa apunta que la crisis de la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social en Ibiza, «con un impacto profundo y duradero que amenaza la cohesión social de la isla si no se adoptan medidas estructurales». En este sentido, Thomas Ubrich precisó que la vivienda se ha convertido en el principal cuello de botella de la integración social en Ibiza.
«La inestabilidad residencial, marcada por alquileres limitados a la temporada baja y la expulsión de viviendas hacia el uso turístico, obliga a muchas familias a mudarse de forma recurrente o a quedar directamente fuera del mercado normalizado», apuntó. Según los datos recogidos en este informe social, cerca de 19.000 personas residen en viviendas inadecuadas, con problemas de hacinamiento, habitabilidad o insalubridad. El hacinamiento afecta al 7 % de la población de Ibiza, un porcentaje superior a la media del conjunto de Baleares. Aunque el empleo ha mejorado en los últimos años, trabajar en Ibiza no garantiza salir de la pobreza ni protege frente a la exclusión social.
Empleo
El estudio determina que el mercado laboral insular mantiene una evolución positiva desde 2021 y registra casi 71.000 personas afiliadas, pero presenta una elevada dependencia de la temporada turística. Aunque los salarios han subido en términos nominales, apenas han ganado poder adquisitivo: entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció un 20 % en euros corrientes, pero solo un 3 % en euros reales. El informe señala que un 18 % de la población presenta rasgos de exclusión vinculados al empleo, como inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria o desempleo, una cifra ligeramente inferior a la media balear, situada en el 21 %.
Más de un 3 % de los hogares no cuenta con ningún miembro ocupado, un dato similar al del conjunto de la comunidad. También se detecta un 4 % de hogares cuya persona sustentadora principal trabaja sin contrato ni cobertura de la Seguridad Social, el doble que la media balear. Además, la inestabilidad laboral, entendida como la entrada y salida recurrente del mercado de trabajo, afecta al 16 % de los hogares, diez puntos por encima del promedio regional. Uno de los rasgos más distintivos de la exclusión social en Ibiza es su impacto en la salud.
El informe evidencia una brecha en el bienestar mental en función del nivel de integración social. Mientras que los problemas de salud mental afectan al 6 % de la población integrada, la cifra se eleva hasta el 21% entre las personas en exclusión social severa. En más de la mitad de estos casos, la dimensión de la salud está gravemente afectada, convirtiendo la enfermedad en una carga añadida a la pobreza. Otro dato del estudio refleja que la infancia es el colectivo más vulnerable.
La exclusión social pasa del 20,5 % del conjunto de la población al 28,3 % entre los menores de 18 años, lo que supone que casi uno de cada tres niños y niñas de la isla crece en situación de exclusión. El origen también influye de manera determinante. El 33 % de la población extranjera se encuentra en exclusión social, frente al 15,5 % de la población con nacionalidad española.
Consell de Ibiza
Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, agradeció este primer informe «que ofrece una radiografía completa y basada en datos reales de la situación social de Ibiza». Un informe, financiado por la institución insular, que, según indicó este jueves, ha puesto de manifiesto la necesidad de actuaciones serias, sostenidas e innovadoras para corregir los desequilibrios estructurales de la isla, con la vivienda como principal factor de exclusión social. Subrayó que, por primera vez, las administraciones disponen de un diagnóstico riguroso que va más allá de estimaciones y percepciones.
En este sentido, incidió en que la vivienda es el eje central del problema y apeló a una responsabilidad compartida entre instituciones, agentes económicos y sociedad para hacer frente a un problema que se define como estructural. «Este informe es un espejo propio que nos obliga a estar a la altura y a ir al fondo de la cuestión para encontrar soluciones», concluyó.
Por cierto, la viñeta de hoy no defrauda a nadie, como siempre.