Con más de 30.000 personas, Ibiza es la región de España con más exclusión social

Ibiza es la región de España con mayor proporción de población en situación de exclusión social. Así lo revela el primer Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en la isla, presentado este jueves por Cáritas, que sitúa en el 20,4 % el porcentaje de personas afectadas por procesos de exclusión en distintos grados, lo que equivale a unas 32.000 personas. Esta cifra es superior tanto a la media de Baleares, que se sitúa en el 19 %, como a la del conjunto del Estado, que es del 19,3 %, y coloca a Ibiza como el territorio con peores indicadores relativos en este ámbito. A ello se suma otro dato especialmente preocupante: el 43,3 % de la población ibicenca se encuentra en situación de integración precaria, un porcentaje claramente más elevado que el del archipiélago balear (38,9 %) y el estatal (35,7 %). Según el estudio, esta elevada proporción de población vulnerable supone un «claro elemento de riesgo» para la cohesión social de la isla.

El informe ha sido presentado en un acto en el que han participado el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón; el sociólogo y miembro de la Fundación Foessa y del equipo de estudios de Cáritas Española, Thomas Ubrich; y el director de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera, Joan Torres. Durante su intervención, Ubrich ha detallado los principales resultados de un estudio que, por primera vez, analiza de forma específica la realidad social de Ibiza desde la perspectiva de la exclusión y el desarrollo social. La elaboración del informe ha contado con la participación de 140 investigadores pertenecientes a 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El trabajo se basa en una encuesta realizada en 2024 a 359 hogares de Ibiza, que permitió recabar información de un total de 869 personas. La realización de este estudio territorial ha sido posible gracias a la colaboración del Consell de Ibiza.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es que, a diferencia de otros territorios, la baja incidencia de la pobreza monetaria en Ibiza no se traduce en menores niveles de exclusión social. De hecho, el estudio señala que la mayoría de personas en situación de exclusión no se encuentran en riesgo de pobreza económica, lo que pone de manifiesto la existencia de factores estructurales distintos a la falta de ingresos. Entre ellos, el informe identifica de forma clara a la vivienda como el principal motor de exclusión social en la isla.

Exclusión residencial

Según los datos presentados, la exclusión residencial afecta a uno de cada tres vecinos de Ibiza, con niveles superiores a los registrados tanto en el conjunto del Estado como en la media de Baleares. El informe subraya que los precios de compra y alquiler crecen a un ritmo muy superior al de los ingresos, lo que ha generado una presión insostenible para una parte creciente de la población. Desde 2018, indica el estudio, el índice de precios de la vivienda ha aumentado un 41 % en Baleares, una subida muy alejada del incremento salarial. En el caso del alquiler, la presión es aún mayor: la cuota media ha aumentado un 27 %, situando a los municipios de Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària como los principales puntos calientes del mercado. En el municipio de Ibiza, el 84 % de las personas que viven de alquiler destinan más del 30 % de sus ingresos a pagar la vivienda, y cerca del 40 % emplea más del 50 % de sus ingresos en el alquiler.

Este encarecimiento tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las familias. El informe señala que el 13 % de los hogares sufre gastos excesivos de vivienda, superando también la media regional. En términos absolutos, se trata de cerca de 8.000 hogares que, tras hacer frente al pago de la vivienda y los suministros, quedan por debajo del umbral de la pobreza severa. Según el estudio, los efectos de esta presión residencial ya no son coyunturales, sino estructurales. Además, unas 16.000 personas residen en viviendas inseguras, ya sea por inestabilidad en la tenencia o por problemas legales, lo que afecta al 10 % de la población ibicenca, una cifra muy superior al 6 % estatal y ligeramente por encima del 9 % balear.

Cuando la alternativa es alquilar una habitación, el informe advierte de la proliferación de cadenas de subarrendamiento y realquileres sucesivos, que inflan los precios y degradan la habitabilidad, a menudo sin contrato, dejando a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad frente a subidas, expulsiones o normas abusivas. El Informe Foessa apunta que la crisis de la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social en Ibiza, con un impacto profundo y duradero que amenaza la cohesión social de la isla si no se adoptan medidas estructurales.