Las dificultades para acceder al empadronamiento se han convertido en uno de los factores que agravan la exclusión social de la población migrante en Ibiza. Así lo pone de manifiesto el primer informe Foessa presentado en la isla, que describe un «modelo social agotado, generador de desigualdad, precariedad y fractura social». El documento, según explicaron desde Foessa, alerta de una realidad marcada por el hacinamiento, los subarriendos abusivos, familias que viven en una sola habitación y trabajadores que, pese a tener empleo, acaban residiendo en caravanas, furgonetas, asentamientos o infraviviendas. Esta situación es aún más grave entre las personas migrantes, que tienen mayores obstáculos para acceder a una vivienda normalizada, al padrón municipal y a los sistemas de protección social.
El informe subraya que la vivienda es el epicentro de la exclusión y que, sin un domicilio estable o un contrato formal de alquiler, muchas personas no pueden empadronarse. En numerosos casos, indicaron, quienes alquilan una habitación no figuran en ningún contrato, a veces sin conocimiento del propietario, lo que les impide acceder a derechos básicos vinculados al padrón. En este contexto, defendieron la necesidad de desarrollar de forma más amplia el empadronamiento social.
Según expuso durante la presentación la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, el Consell mantuvo reuniones con técnicos municipales para abordar estas situaciones, que se encuentran con trabas legales o administrativas. «Las administraciones son complejas, muy garantistas y sujetas a interpretación. No es tan sencillo como parece», señaló, reconociendo la voluntad de los ayuntamientos a la hora de avanzar con los trámites. Durante el acto, el director de Cáritas Ibiza, Joan Torres, destacó que la falta de acceso al padrón es uno de los indicadores que evidencian un mayor nivel de exclusión social, ya que se va sumando a otros factores como la precariedad laboral, la falta de vivienda o la irregularidad administrativa.
Por su parte, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, afirmó que las administraciones «hacen todo lo posible para reducir estos niveles de desigualdad» y aseguró que existe una preocupación real en todos los niveles institucionales, que se está teniendo en cuenta en la presentación de estos informes en distintas comunidades autónomas. «Los datos son los que son. No se discute su valor, son una herramienta», subrayó.
Lo que no puede ser es que se supere el número de personas legal en el empadronamiento de ninguna vivienda. Hay que hacer cumplir lo que marca la cédula de habitabilidad. Y si es para 5 personas, por ejemplo, hasta ahí. Así se acabaría con tanta mafia por empadronar para ayuditas, legalizar extranjeros en nuestro país... Que hay mucho listo que viene para 4 meses de temporada y quiere empadronarse cuando no es su vivienda habitual (para los descuentos de vuelo/barco). Y luego nunca más se sabe pero no se desempadrona.