Los pescadores de la isla de Ibiza se han sumado al parón convocado a nivel nacional para protestar contra la entrada en vigor el pasado 10 de enero del Reglamento de Control de Pesca que impuesto la Unión Europea. Además del parón, se ha llevado a cabo una concentración de apoyo, las doce de la mañana en la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni, sumándose a las protestas de todo el panorama nacional. El objetivo de esta convocatoria era ejercer presión en relación a la a la reunión que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Federación Nacional de Pesca tenían que mantener esa misma tarde.
Principalmente, son dos cuestiones las que afectan al sector pesquero del Mediterráneo: la obligación de realizar un preaviso cuatro horas antes de la llegada a puerto y la de pesar en la propia embarcación todas las capturas, tarea que ya se realiza posteriormente en la lonja.
La situación a día de hoy del sector de la pesca en la isla es más que delicado. En la Cofradía de Vila a día de hoy tan solo hay una embarcación que realice este tipo de trabajo, cuando antaño llegaron a ser cinco. En Sant Antoni también hay una sola barca que realice este trabajo -el dueño de ambas barcas es el mismo-. Sin embargo, y pese a la escasez en número de dichas embarcaciones, esta pesca de arrastre tiene una importancia capital para las cofradías, según afirma Jose Castelló, presidente de la Cofradía de Sant Antoni. Esto se debe a que esta pesca es la que «garantiza que en los mercados de la isla pueda haber tanto variedad como volumen de pescado fresco».
Las regulaciones impositivas de tener que avisar con cuatro horas de antelación y de tener que traer lo pescado ya pesado a bordo, explica Castelló, son cada vez más restrictivas: «empezó como una norma para las flotas de 18 metros para arriba y, a posteriori, pasó a los mayores de 15 metros. Ahora la nueva regulación incluye a a las embarcaciones mayores de 12 metros, lo que ya incluye a muchas de ellas de las que trabajan en la isla. Para 2028 se espera que comience a incluir a todas las embarcaciones mayores de 9 metros, aunque con algunas variaciones. Finalmente terminará por afectar hasta las de 4 metros y medio, es decir, a prácticamente todas las embarcaciones».
Desde el sector de la pesca de la isla consideran que todas estas regulaciones atentan contra un oficio para el que no hay relevo. «La gente que a día de hoy está pescando lo normal es que continúe haciéndolo, pero no hay gente joven en las cofradías. Yo tengo 44 años y soy de los más jóvenes», expresa Toni Torres, presidente de la Cofradía de Pescadores de Vila.
Con estas nuevas medidas no solo se devalúa a los actuales profesionales de la pesca, complicándoles su labor, sino también su bien de trabajo: «las barcas de pesca de arrastre son muy caras. Es difícil dar un precio, pero más de 600.000 euros. Ahora bien, ¿quién va a querer hacer esa inversión en una barca con la que cada vez les será más difícil trabajar?», se pregunta Torres.
Y es que ambos presidentes de las cofradías de la isla coinciden en que todas estas restricciones vienen determinadas por unas políticas que se planean en Bruselas que no tienen en cuenta su realidad y que ataca directamente a sus intereses.
Castelló considera que la pesca de arrastre «es la más fácil de demonizar», tal y como se ha hecho desde ciertos sectores. Sin embargo, asegura que «si se hace bien, no tiene porque tener ninguna consecuencia o impacto negativo. Otra cosa es que no se realice como debería».
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