La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària, Mónica Madrid, ha destacado a Periódico de Ibiza y Formentera que el Plan de Gestión Integral Felina (PGIF) del municipio no cuenta todavía con aprobación inicial y que el periodo abierto en los últimos meses no ha sido un trámite de validación, sino un ejercicio de participación ciudadana previo, «destinado a recoger aportaciones y sugerencias» de la ciudadanía y de las entidades interesadas. Así lo explicó la concejala tras las últimas quejas de entidades animalistas contra este plan de colonias felinas. En este sentido, Madrid recordó que el pasado mes de noviembre el Consistorio presentó públicamente el borrador del nuevo plan de colonias felinas y puso a disposición de la ciudadanía toda la documentación a través de la web municipal. «Para hacer el proceso más participativo subimos todos los documentos a la web municipal para que todo el mundo tuviera acceso y pudiera presentar todas las aportaciones que considerara», agregó.
Según indicó la edil, el Ayuntamiento se encuentra ahora en una fase de revisión técnica de las aportaciones recibidas, con el objetivo de analizar cuáles proceden y pueden incorporarse al documento final. Madrid insistió en que el procedimiento administrativo aún no ha comenzado formalmente: «Falta todavía el procedimiento de aprobación inicial y después el plazo para presentar alegaciones, con lo cual este no ha sido un plazo de aprobación ni mucho menos».
En esta línea, recalcó que el periodo abierto hasta ahora debe entenderse como una fase previa y voluntaria de escucha activa. «Ha sido un plazo de participación ciudadana; creemos que es importante que cualquiera que tenga una aportación pueda hacerla porque es interesante poder conocer estas propuestas», afirmó.
Quejas
Cabe recordar que la Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE) presentó recientemente un conjunto de alegaciones formales contra el borrador del PGIF. La entidad animalista considera que el documento introduce «zonas de exclusión» y una dinámica de reubicación automática de colonias felinas que «desnaturaliza» el marco legal estatal, incrementa el riesgo de conflictos vecinales y provoca un sufrimiento animal evitable. La asociación se remite a la Ley estatal 7/2023, que establece que la retirada o el desplazamiento de gatos comunitarios solo puede realizarse de manera excepcional y motivada, bajo supervisión veterinaria y con un informe preceptivo de la comunidad autónoma. En sus alegaciones, ACFE advirtió de que el borrador prevé la declaración de áreas de «incompatibilidad» (Zonas A) y una franja estándar de 500 metros (Zonas B), donde se permitirían expulsiones sistemáticas sin una justificación técnica individualizada.
Entre sus peticiones, la entidad solicita eliminar las declaraciones automáticas de incompatibilidad, priorizar el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) en todo el municipio y limitar las reubicaciones a casos excepcionales con informes técnicos específicos. También reclama más recursos para la esterilización, medidas preventivas antes de cualquier retirada y una mayor participación de las entidades de protección animal en la toma de decisiones. El portavoz de ACFE, Olivier Hassler, señaló que «la Ley 7/2023 es clara: la retirada de gatos comunitarios no puede ser la respuesta estándar», advirtiendo de que la creación de zonas de exclusión contradice el espíritu de la norma. Desde el Ayuntamiento, mientras tanto, insistieron en que el documento sigue en fase de revisión y que cualquier decisión definitiva se adoptará tras completar los trámites legales correspondientes.