Manuel Bretón (Madrid, 1946), presidente de Cáritas Española desde 2017, habla con Periódico de Ibiza y Formentera sobre el primer informe de exclusión social en la isla. Un escenario especialmente preocupante en el territorio que pone cifras al aumento de la precariedad, las dificultades de acceso a la vivienda y la cronificación de la pobreza incluso entre personas con empleo. Bretón insiste en que los datos no son solo números, sino historias de vida que interpelan directamente a las administraciones y a la sociedad en su conjunto. A las puertas de cerrar una etapa que define como «la más bonita» de su vida, el presidente de Cáritas afronta el futuro sin cansancio, pero con la convicción de que es momento de dar paso a otra persona. «Ilusión y ganas no me faltan», asegura, mientras reflexiona sobre la responsabilidad, la vocación y el compromiso que han marcado toda su trayectoria. Reconoce que los caminos que ha recorrido «se los han ido señalando». Desde cargos de alta responsabilidad institucional - como secretario del rey Juan Carlos o jefe de gabinete de los ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono en etapas especialmente complejas - hasta destinos internacionales en Alemania, Estados Unidos o Estrasburgo, su currículum dibuja una carrera marcada por el servicio público y la gestión en momentos clave.
—El primer informe Foessa en Ibiza ha presentado una radiografía social muy desoladora, con más de 32.000 personas en exclusión social. Esta cifra es superior tanto a la media de Baleares, como a la del conjunto del Estado. ¿Cuáles son las causas?
—Esta situación de exclusión social afecta a toda nuestra población, pero, por los datos registrados en términos generales, el porcentaje en Ibiza es un poco superior al del archipiélago y España. Las causas están relacionadas con las condiciones que tiene la isla. Por ejemplo, nos ha afectado mucho el desarrollo turístico en España, concretamente en Ibiza. Cuando hablamos de paraísos turísticos, Ibiza está a la cabeza. También tenemos problemas en los servicios públicos porque no pueden atender el desarrollo de la vivienda y sus necesidades. De hecho, el problema de los asentamientos se ha acentuado. Durante los años que llevo como presidente de Cáritas Española he conocido muy bien esta problemática porque me preocupan mucho los asentamientos irregulares. Tras las antiguas infraviviendas de Huelva, que son situaciones que nunca piensas que puedan desarrollarse en España, están empezando a proliferar en Ibiza. Y cada vez hay más.
—¿Qué soluciones podrían combatir la exclusión social?
—Aquí es importante hablar de los valores y de la solidaridad de nuestra sociedad. Sin embargo, el problema es que durante muchos años no se ha hecho nada en este sentido y, lógicamente, todos los parámetros de exclusión se van acentuando y complicando. Con respecto a la vivienda, hace años que se podía haber limitado esta problemática y, sin embargo, la situación ha empeorado y, hoy en día, es muy difícil parar esta cuestión.
—¿Cuál ha sido la respuesta del Consell d’Eivissa ante los resultados de este informe social en la isla?
—La respuesta de nuestros políticos al informe Foessa es muy positiva. Las autoridades nos escuchan y aceptan estos datos generales. Hace unos días estuve con el presidente del Gobierno central y, como decía, los políticos asumen los datos de estos informes, pero utilizar sus herramientas tampoco es fácil. Hemos recalcado las responsabilidades de todos: desde el empresario hasta el Gobierno, pasando por los ayuntamientos. Todos somos responsables y entre todos tenemos que mejorar la situación; el mayor problema es que todas las administraciones se tienen que poner de acuerdo.
—En su último encuentro con el presidente del Gobierno solicitó más vivienda pública en alquiler. ¿Qué más medidas se reclamaron?
—Sí. También llevamos mucho tiempo solicitando el Pacto de Estado contra la exclusión. En el caso de la situación de los migrantes, ¿cómo es posible que puedan vivir en asentamientos bajo esas condiciones sin ningún apoyo de las administraciones? Al revés, les cortan el agua y también los desalojan, pero estas personas buscan otro espacio para asentarse. En Madrid están haciendo obras sobre la M-30 y en esa zona había unos asentamientos de una población rumana cerca del puente de Ventas que desmantelaron para poder ejecutar los trabajos. Esas personas se han ido a otro lugar. También tuvimos un gran problema en los asentamientos de la Cañada Real y con la parroquia de la zona Santo Domingo de la Calzada, que atendía a la población católica de allí, incluso Cáritas tenía un proyecto en la zona.
—La situación que describe se está extendiendo en la isla desde hace varios meses con el desarrollo de estos asentamientos en Ibiza en los que también viven muchos menores. Según el informe, la exclusión social afecta a un 28 % de jóvenes de la isla y la exclusión residencial a un 33 %.
—Exacto. Creo que es muy importante tener esta herramienta para conocer todos los datos con respecto a los colectivos vulnerables que sufren esta exclusión social. También hemos acometido diferentes procesos de transformación social para ver cómo se han ido produciendo los problemas a lo largo de los años y cómo se han mejorado parámetros, como, por ejemplo, el empleo. Los datos laborales son mejores que hace unos años. La riqueza y los datos macroeconómicos van mejorando en nuestro país.
—En Ibiza, como destaca el informe, el empleo está condicionado por la estacionalidad.
—Sí, está un poco condicionado por la estacionalidad y los políticos lo entienden. Lo observamos cuando hacemos las presentaciones de los informes sociales con carácter autonómico. Son 22 informes, aparte del documento general. Son las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, Albacete, Ibiza y la diócesis de Barcelona, que nos han pedido completar el informe. Estamos haciendo las presentaciones y, en general, se tiene muy en cuenta nuestros números y se valoran mucho los documentos porque son muy importantes. Cáritas Española pertenece a la Confederación Cáritas Internacional donde somos 196 entidades en el mundo. Prácticamente todos los países tienen una organización. Dentro de esta confederación, Cáritas Española es una potencia importante y un modelo a seguir por Hispanoamérica, África e incluso Asia. Como país también lo somos porque tenemos riqueza y privilegios, pero estamos en un momento complicado.
—El problema es que las medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social no llegan. ¿Por qué?
—Por lo que decíamos antes; todas las administraciones tienen que ponerse de acuerdo. Sabemos el problema, pero cada uno lo ve de distinta forma y se culpabilizan. Por ejemplo, en el complicado tema de la vivienda, sería más fácil si todos nos pusiéramos de acuerdo aportando los medios necesarios: los ayuntamientos ofreciendo suelo para edificar, las comunidades autónomas autorizando determinados planteamientos y el Gobierno apoyando aspectos determinantes. Esto es importante porque en el informe de la isla se señala que la población de Ibiza no está en situación de pobreza extrema, ya que la ciudadanía está trabajando y tiene un salario, pero como destinan un gran porcentaje al alquiler de la vivienda…
—Hay hogares de Ibiza que destinan al alquiler hasta un 50 % de sus ingresos.
—Exactamente. Muchos de los que viven en estas circunstancias han venido a trabajar a Ibiza y quieren dar sentido a nuestro progreso económico; necesitamos a estos trabajadores. Fíjate, me gustaría compartir un dato. Cáritas abre las puertas a lo largo del año a cerca de un millón y medio de personas en España y, de fuera del país, a otro millón y medio. A toda esta gente la apoyamos y, de ese millón y medio, la mitad tiene trabajo. El problema es que no pueden cubrir las necesidades de su familia.
«La población de Ibiza no está en situación de pobreza extrema porque tiene un salario»
—El informe en Ibiza señala que muchas de estas personas son migrantes, algunos irregulares. ¿Solicitó al Gobierno la regularización extraordinaria de migrantes?
—Lo llevamos solicitando desde hace tiempo. Fuimos los promotores –junto a otras organizaciones de la Iglesia– de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recibió el apoyo y la firma de más de 600.000 personas. Llega un momento en que esas iniciativas legislativas tienen que ponerse en marcha y, sin embargo, se han bloqueado. Cuando estuve en el Congreso este verano fui a una comparecencia de la Comisión de Asuntos Sociales con todos los grupos políticos que tienen representación parlamentaria y prácticamente todos, con alguna excepción, alabaron lo que hacíamos desde el punto de vista económico y social porque es necesario regularizar la situación. A los pocos meses fui a ver a la ministra y nos comentó que la regularización se realizaba a través del Reglamento de Extranjería; ahí están todas las posibilidades y hay mucha gente que no puede acceder.
—¿Cree que las cifras de este año respecto a la exclusión social irán a peor?
—Tuvimos un congreso de Foessa en noviembre, antes de presentar el informe general, al que acudieron representantes de todos los sectores y fue muy enriquecedor. Fueron tres días de intercambio de opiniones y, al final, uno de los ponentes, después de discutir sobre este noveno documento, habló sobre el décimo escrito dentro de cuatro años. Se preguntó por las posibles mejoras, las medidas y los acuerdos, cuestionando si continuaremos en esta misma línea dentro de unos años. Yo sólo puedo decir, con los datos actuales, que nos hemos llevado las manos a la cabeza. Imagínate dentro de cinco o diez años. Sobre todo, espero que cese esta polarización política tan tremenda. Parece mentira, nuestro país siempre ha sido un modelo a seguir, y no solo para Hispanoamérica. Hemos pasado épocas muy malas, como las repúblicas y la guerra civil, pero España es muy rico en valores.
—Aquí en las Pitiusas existen desavenencias políticas entre el Gobierno central y el Govern balear debido a la intensa oleada de pateras que llegan a Ibiza y Formentera. En ambas isla están desbordados con tantos menores migrantes no acompañados.
—Lo hemos comentado también a lo largo del día varias veces. Nuestra actitud y nuestros valores como sociedad son de acogida. Nosotros fuimos un país emisor hasta hace nada e íbamos a todas partes. Hay mucha parte de nuestra población que ha salido al mundo. Me acuerdo de nuestros abuelos que se fueron a Europa y antes a Hispanoamérica. Mucha gente de Ibiza me ha contado que emigró a Hispanoamérica antes de la guerra civil. De ahí, hemos pasado a ser un país receptor y tenemos cerca de nueve millones de migrantes en España. Estas personas son necesarias. Cuando hablamos de este tema con cualquier empresario, esta persona valora positivamente la llegada de migrantes porque la mayoría viene a buscar una vida y nos apoya en el desarrollo de nuestra sociedad, sobre todo en situaciones de trabajo en las que el propio español no quiere trabajar: construcción, cuidados, sector turístico...
—¿Cómo es la relación entre las entidades que proporcionan atención y ayuda asistencial a personas migrantes?
—La ONCE, Cruz Roja y Cáritas formamos un triunvirato muy complementario; nos llevamos muy bien y nos apoyamos mucho. Cada entidad se ocupa de su ámbito y cada una tiene su papel. Nunca tenemos una rivalidad porque siempre procuramos actuar en común, ya que hay una entente cordial entre las tres organizaciones. Esta situación tiene un valor muy importante.
«Tenemos cerca de nueve millones de migrantes en España. Estas personas son necesarias»
—También ha sido muy destacable dentro del informe la relación que existe entre las personas que se encuentran en situación de exclusión social y los problemas de salud mental.
—La soledad también es un problema. ¿Cómo es posible que en Ibiza, este lugar de acogida, haya gente que se encuentre sola? ¿Cómo es posible que haya soledad y que se manifieste sobre todo entre personas mayores? Respecto a la exclusión severa, el informe muestra cómo esta situación deriva hacia problemas de salud mental de una forma tremenda. Está realidad se irá acentuando en muchos sectores, pero fundamentalmente se incrementará en aquellas personas, muchas de ellas migrantes, que estén en una gran situación de exclusión. Como decía antes, hemos sido un país emisor de migrantes y ahora nos hemos convertido en un país receptor de forma masiva, especialmente de manera irregular, que es la complicación más manifiesta. También hemos hablado tras la presentación del informe sobre la diferencia de nacionalidades que llegan. La persona hispanoamericana se integra muy fácilmente y lo hemos constatado. Esta gente aporta mucho a nuestra sociedad porque viene voluntariamente a trabajar.
—¿Y los migrantes que llegan a las Pitiusas a través de las rutas consolidadas desde África?
—Por parte de las personas que llegan desde África, recuerdo un viaje que hice desde Senegal hacia España, siguiendo la ruta migratoria. Estuve dos días en Senegal viendo cómo estaba la situación. Está muy cerca de la frontera con Mauritania y acogió a muchas personas que este país rechazó. El cónsul general de Senegal se percató de mi presencia y solicitó un encuentro. Me dijo que en España lo que tenemos que hacer es dejar claro que hay esperanza de vida en Senegal porque el joven senegalés tiene que quedarse en su país. Yo le dije que el problema era el efecto llamada de las personas migrantes que están en España.
—Tras la presentación del informe, ¿ha podido conversar con la consellera insular de Bienestar Social sobre este documento? ¿Qué le ha trasladado?
—Sí, también hemos podido hablar con el presidente del Consell d’Eivissa. Están absolutamente en la misma dirección que nosotros. Colaboran mucho con Cáritas. Ojalá todas nuestras relaciones con las autoridades políticas fueran como las que tenemos con la institución insular. El Consell tenía tanto interés en conocer la realidad social de la isla que la propia institución financió este estudio. Querían disponer de una radiografía precisa de la realidad social ibicenca, aunque vaya en contra de su propio interés. Querían tener los datos en la mano. Este informe pone sobre la mesa cifras y hace un análisis muy riguroso de la situación. Este estudio científico refleja la valentía del Consell. A partir de estos datos, hay que pensar que todos somos responsables. Es necesario lograr un compromiso colectivo por parte de todos: políticos, empresas, particulares… porque por este camino no vamos nada bien.
Los negreros diciéndonos que el tráfico de personas es bueno para todos.