El partido animalista PACMA ha aclarado que los retrasos en la aprobación de los presupuestos municipales en varios ayuntamientos de Ibiza no son consecuencia de sus alegaciones, sino de la gestión y los plazos fijados por los propios consistorios. La formación animalista responde así a las declaraciones del Ayuntamiento de Ibiza y Sant Josep que vinculaban la paralización de las cuentas a la acción de entidades ciudadanas y sociales, incluyendo a PACMA.
Desde PACMA se subraya que «la presentación de alegaciones es un derecho» amparado por la normativa vigente, concretamente el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que regula las Haciendas Locales. Según la ley, los presupuestos deben aprobarse antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior, abriendo un periodo de exposición pública mínimo de 15 días para alegaciones, lo que permite analizar y tramitar cualquier propuesta ciudadana.
Exposición pública limitada por la falta de previsión
No obstante, el Ayuntamiento de Ibiza presentó sus presupuestos el 22 de diciembre y Sant Josep el 19 de diciembre, dejando escaso margen legal para la intervención pública. Esto provocó que se entrara en 2025 sin presupuestos aprobados. Tal y como afirma el coordinador insular de PACMA en Ibiza, Olivier Hassler, «el ejercicio de este derecho forma parte del trámite ordinario de aprobación presupuestaria y, por sí mismo, no puede considerarse la causa de bloqueos administrativos ni de retrasos en la gestión municipal».
En palabras del propio Hassler, «aprobar los presupuestos fuera de plazo supone, en la práctica, limitar los mecanismos de participación y supervisión previstos por la ley». Además, puntualiza que «trasladar las consecuencias de esta falta de previsión administrativa a quienes formulan alegaciones implica una interpretación errónea del procedimiento y del reparto de responsabilidades».
Por tanto, PACMA defiende que el derecho a la alegación debe ser garantizado y que los eventuales retrasos son resultado de la programación administrativa y no del legítimo ejercicio de los cauces de participación ciudadana.