«No hay soluciones mágicas». Con esa frase, el presidente Vicent Marí marcó el tono de la jornada sobre vivienda organizada por el Consell d’Eivissa: menos consignas y más análisis. La prioridad, señaló, es clara: garantizar que quienes ya viven en Ibiza puedan seguir haciéndolo.
La jornada partía de una premisa compartida: el problema del acceso a la vivienda no es una anomalía aislada de la isla. Es un fenómeno que afecta a los territorios con dinamismo económico y capacidad de atracción. La diferencia, apuntó el presidente, está en cómo se gestiona ese crecimiento y en la capacidad de anticiparse.
En esa misma línea, el conseller de Territori, Mariano Juan, defendió que el problema no es el crecimiento en sí, sino no haber generado suficiente oferta residencial para acompañarlo. «A cada causa diagnosticada le corresponde una solución distinta», sostuvo, insistiendo en que las respuestas deben ser poliédricas o no serán eficaces.
Durante la jornada se abordaron las distintas dimensiones del reto. El doctor Sergio Nasarre-Aznar, catedrático de Derecho Civil y referente europeo en políticas de vivienda, analizó el marco normativo estatal y los efectos de la declaración de zonas tensionadas y la limitación de precios del alquiler, demostrando con datos que allí donde se aplica, las rentas de alquiler no han bajado. Su intervención puso el foco en el equilibrio entre regulación, generación de oferta y seguridad jurídica, así como en el impacto que determinadas medidas pueden tener sobre el pequeño propietario y sobre el mercado en su conjunto.
Desde la perspectiva de los datos y la inteligencia territorial, Luis Falcón explicó cómo en destinos turísticos la presión residencial responde a múltiples factores: la demanda vinculada a trabajadores temporales, el dinamismo económico y el impacto de la vivienda de uso turístico, tanto legal como ilegal. Entender esos flujos con precisión permite diferenciar entre causas y evitar simplificaciones.
La arquitecta y urbanista Gemma Peribáñez centró su análisis en la activación de suelo y en la necesidad de planificar con criterio. No se trata de construir en cualquier lugar, sino de identificar dónde existe capacidad real, cómo afecta al territorio y qué modelo de isla se quiere consolidar a medio y largo plazo.
Presidente y conseller coincidieron en que la vivienda no puede convertirse en un campo de batalla ideológico ni reducirse a una falsa contraposición entre propiedad y derecho a vivienda. El debate, defendieron, debe apoyarse en datos, en coordinación institucional y en responsabilidad compartida.
Mariano Juan desgranó algunas de las líneas de trabajo planteadas: mayor movilización de suelo finalista para vivienda para residentes de la isla, agilización del desarrollo de suelo urbano ya previsto, activación de áreas de transición contempladas en el planeamiento territorial y priorización de licencias para primera residencia. También insistió en la necesidad de abordar específicamente la vivienda para trabajadores temporales, mediante la calificación de suelos y equipamientos residenciales que eviten que esta demanda presione el parque ordinario.
En paralelo, defendió estudios rigurosos sobre vivienda vacía, políticas fiscales que no recaigan exclusivamente sobre el pequeño propietario y una mayor implicación de la Administración General del Estado en la movilización de suelos públicos para alojamientos dotacionales destinados a colectivos esenciales.
Vicent Marí reiteró que Ibiza no puede renunciar a su dinamismo, pero tampoco puede permitir que su éxito expulse a quienes ya viven en la isla. La solución, coincidieron ambos responsables, pasa por planificación sostenida, coordinación entre administraciones y colaboración con el sector privado. No habrá medidas milagrosas, pero sí decisiones estructurales.