La Asociación de Patrones de Barcos de Punta de Baix ha mostrado su indignación ante las explicaciones ofrecidas por el concejal de Playas de Vila, Rubén Sousa, para balizar este espacio e impedir que siga siendo utilizado como lugar de fondeo. Sousa, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, argumentó, entre otras cuestiones, que los amarristas estaban alquilando los muertos a 1.000 euros por semana en temporada alta, que allí operaban chárteres ilegales y que, además, las malas relaciones entre los miembros de las asociaciones habían provocado hasta el hundimiento de dos embarcaciones.
A todas estas acusaciones ha respondido la asociación con un comunicado en el que niega el alquiler de amarres o la venta de embarcaciones. Y ha asegurado que el mismo Sousa «no pudo presentar ninguna prueba» sobre esta acusación a pesar de que él mismo había informado a la asociación de que «había contratado a un detective privado» para investigarles.
Sobre la presencia de chárteres ilegales con matrícula extranjera, la entidad ha señalado que fue precisamente esta asociación «quien los denunció ante el Consistorio, solicitando su intervención para poner orden» y teniendo en cuenta que sus integrantes no son «ni propietarios ni gestores de ese espacio» y carecen de competencias «para autorizar actividad comercial alguna».
En lo referente a las peleas internas y al hundimiento de barcos, la asociación también ha asegurado que Sousa no ha dicho la verdad: «El 11 de mayo de 2024 se produjo el hundimiento de un barco que no pertenecía a ningún asociado. Fuimos nosotros quienes actuamos de inmediato para evitar daños mayores y reflotamos la embarcación. En ese momento, el señor Sousa llamó a Salvamento Marítimo y se le informó de que la situación estaba controlada y que no existía vertido. Aun así, decidió cerrar la playa y posteriormente atribuyó olores a barcos de excursiones, lo cual no se corresponde con los hechos».
La asociación también ha lamentado que Sousa les haya comparado con Evaristo Soler, conocido como el pirata de Porroig, y ha recordado que esta entidad «cuenta con autorizaciones otorgadas por anteriores corporaciones municipales y jamás ha tenido problemas con la Justicia». «Somos familias ibicencas que siempre hemos actuado dentro de la legalidad y con total transparencia», han puntualizado y han añadido que todos los integrantes son nacidos en la isla, además de personas que trabajan «responsablemente desde hace décadas por el orden, la seguridad y la tradición marítima en la zona».
Estos patrones han añadido en su comunicado que es el concejal de Playas el que «lleva meses insistiendo» ante la Demarcación de Costas en su objetivo de «balizar» esta zona. Y han asegurado que Sousa no solo no ha reconocido esta pretensión sino que ha dicho que «es Costas quien nos expulsa del lugar». «Esta discrepancia evidencia que no se está trasladando a la opinión pública una versión fiel de los hechos», han afirmado.
La asociación ha negado que entregara una lista de propietarios al Consistorio con el fin de no ser identificados por la Guardia Civil y ha lamentado que el Ayuntamiento de Ibiza no actúe como el de Sant Joan, que está trabajando para proteger las casetas varadero del municipio. También ha advertido, finalmente, de que «las decisiones que se tomen en este momento afectan directamente al legado de futuras generaciones vinculadas al mar, a sus tradiciones y a la continuidad de una cultura marítima que forma parte de la identidad histórica de Ibiza».