El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany inició este martes la intervención en un domicilio particular mediante ejecución subsidiaria, tras obtener la correspondiente autorización judicial.
El operativo, que ha contado con la supervisión del departamento de Medio Ambiente y la colaboración del servicio de limpieza municipal UTE Portmany y la Policía Local de Sant Antoni, responde a la acumulación de una gran cantidad de residuos tanto en la vivienda como en zonas comunes del edificio, principalmente en el aparcamiento y en dos vehículos estacionados. Esta situación puede generar riesgos sanitarios y de higiene, además de afectar a la convivencia vecinal, a la salubridad del entorno y suponer un posible riesgo en caso de incendio.
Esta acción se puso en marcha para resolver una situación que no había sido atendida de forma voluntaria por la persona titular del inmueble, a pesar de los requerimientos previos de la administración.
Desde el Consistorio han explicado que, en todo este procedimiento, los Servicios Sociales municipales han estado implicados, prestando asistencia y seguimiento a la situación. La actuación se ha llevado a cabo también con apoyo y acompañamiento del servicio, «con el objetivo de minimizar el impacto de la intervención y garantizar una atención adecuada a la persona afectada y a los familiares», han manifestado.
Procedimiento
Tal y como recogió Periódico de Ibiza y Formentera a principios del pasado mes de marzo, el procedimiento administrativo que ha culminado en esta autorización judicial se inició formalmente en agosto de 2025. Dicho inicio se produjo tras completar, previamente, un exhaustivo proceso de recopilación de datos y la realización de todos los trámites preceptivos, garantizando en todo momento el cumplimiento de la legalidad y los derechos de las partes implicadas.
La incoación del expediente fue la respuesta a una situación que requería una solución para salvaguardar el interés general y el bienestar de la comunidad de propietarios afectada.
La decisión de recurrir a la ejecución subsidiaria se fundamenta en la falta de respuesta y de acciones correctivas por parte de la titular de la vivienda, han reiterado desde el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.
En este sentido, han recordado que la administración municipal agotó las vías de diálogo y los requerimientos formales para que la situación fuera resuelta de manera voluntaria, sin obtener los resultados esperados. Ante esta circunstancia, y en ejercicio de sus competencias, el Ayuntamiento procedió a solicitar la intervención judicial para poder actuar directamente.