Los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local que este martes han participado en el desalojo del asentamiento ilegal de Sa Joveria han detectado a, al menos, dos personas que estaban pagando por residir en las chabolas de este campamento. Así lo ha asegurado el alcalde, Rafa Triguero, quien ha explicado que una de estas personas estaba pagando un alquiler mensual de 500 euros, mientras que la otra abonaba 200 euros.
«Existen personas en nuestra ciudad que se aprovechan del drama habitacional», ha dicho el alcalde, «la Policía Nacional y la Policía Local se han encontrado a personas en este asentamiento que pagan entre 200 y 500 euros aquí». Y ha advertido: «Vamos a ser tajantes con quienes se aprovechen de este drama».
El alcalde ha señalado también que ha pedido a ambos cuerpos policiales «actuar de forma contundente» contra quienes hayan cobrado alquileres dentro del asentamiento «ahora que se saben sus nombres y apellidos». «La Administración ha de actuar también contra anuncios en plataformas en condiciones no dignas de vida», ha añadido.
Uno de los jóvenes saharauis que han salido este martes del asentamiento de Sa Joveria ha explicado que, a pesar de que tiene contrato como personal de cocina en un hotel de Santa Eulària, no encuentra un lugar donde vivir. Cobra 1.500 euros mensuales, según su relato, y le han llegado a pedir hasta 2.000 euros de adelanto por una habitación. Ante este caso, Triguero ha recordado que hay en las listas del Ibavi en Ibiza 2.800 personas a la espera de acceder a una vivienda pública. «Muchos de ellos no alcanzan los 1.500 euros y el Ayuntamiento intenta posibilitarles un futuro en la ciudad», ha explicado y ha lamentado que la vivienda pública «no se construye de hoy para mañana».
Triguero ha subrayado que el Consistorio ayudará a los desalojados que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Pero el sistema no considera vulnerable a alguien con un contrato de trabajo, por lo que «el que cobre 1.500 euros tendrá que buscar la posibilidad de una habitación en condiciones pese a las dificultades que tenemos en la ciudad».
Otros desalojados han denunciado casos en los que los empresarios les cobran por el alojamiento cantidades que no pueden afrontar. Una situación ante la que Triguero ha afirmado que el sector público y el privado han de «trabajar de la mano para buscar soluciones reales para afrontar la temporada en la que ya estamos inmersos». «Todos tenemos claro que en estas condiciones no se puede vivir», ha concluido.
I no era més lògic actuar contra qui se n'aprofitava en lloc de desmantellar es poblat, és a dir, contra qui pagava?