De 2018 data la primera denuncia que la propiedad de la parcela número 7 de sa Joveria, donde se había instalado el grueso del asentamiento chabolista, presentó contra la ocupación de solar. Ahora, casi ocho años después, y tras un proceso judicial mucho más largo de lo esperado, esa propiedad respira un poco más aliviada, pese al esfuerzo económico que tienen que llevar a cabo, para poner punto y final al que se convirtió en el mayor asentamiento por número de población de toda la isla de Ibiza.
«La espera ha sido complicada, porque cada vez lo veías más lleno y no podíamos hacer nada», explica uno de los propietarios de ese terreno, en declaraciones a este rotativo -quien prefiere mantener su nombre de manera anónima-. Todo este proceso ha sido marcado por la propiedad por la impotencia impotencia ante una situación que se agravaba mes a mes, «sin que un particular tenga herramientas legales para revertirla». «Les decías que no podían estar ahí, pero un particular no tiene fuerza para hacer que esto no pase», lamenta.
La llegada de la sentencia firme supuso, en sus propias palabras, un alivio. «Cuando salió la sentencia nos sentimos aliviados de que hubiera un fallo en firme que daba pie a desalojar», señala. El contraste con el primer desalojo de Can Rova, que se saldó con una intervención policial de notable dureza, ha sido también motivo de satisfacción: «Ha sido relativamente fácil, no ha sido tan problemático».
Ahora, sin embargo, comienza otra batalla: la de la limpieza. El terreno se encuentra actualmente en pleno proceso de separación y reciclaje de escombros, con dos máquinas y varios camiones trabajando en la parcela. Una primera retirada de cien toneladas de residuos, realizada previamente se acercó económicamente a los 50.000 euros. La operación actual apunta a cifras todavía más elevadas. «Queda aproximadamente una semana y media quitando escombros», calcula el propietario.
Lo que más le duele es la injusticia de tener que asumir unos costes que, a su juicio, no le corresponden. «Es algo injusto tener que hacerse cargo de la limpieza teniendo en cuenta que yo no tengo la culpa», admite, antes de añadir que no le queda otra: «Es un terreno privado y los servicios municipales no pueden trabajar en él».
Para evitar una segunda ocupación, la propiedad está en proceso de tirar las estructuras del campamento y está en proceso de vallar todo el perímetro que sea posible «ya que no se puede en todas partes». Además, se ha contratado a un vigilante que acude al terreno de manera diaria tres veces, para vigilar que no se instalen nuevos ocupantes.
Sobre el futuro de la parcela, la propiedad confía en que el suelo pueda llegar a recalificarse como urbano, aunque reconoce no tener información sobre las intenciones del Ayuntamiento de Ibiza al respecto. Por ahora, el objetivo es más inmediato: «Que la finca quede despejada para que, en caso de una nueva ocupación, se pueda notificar desde el primer momento», y que todo el proceso sea, en sus palabras, «lo más transparente posible».
Eso es España mejor dicho Ibiza. 8 años para algo tan claro como el agua y 100.000€ de gastos . HASTA QUE LOS TONTOS SEGUIMOS PAGAMOS IMPUESTO PARA MANTENER ESTE CIRCO ES LOS QUE NOS TOCA.