Guardias civiles apoyan a los Consells pitiusos en su exigencia de más recursos en inmigración

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, Jucil, consideró este viernes que la saturación de los sistemas de acogida de menores en las islas es «un indicador más» de lo que viene alertando desde hace tiempo.

En concreto, desde Jucil señalaron que la llegada de menores es algo que se tiene en cuenta cuando se habla de rutas consolidadas como la argelina, a pesar de la negativa del Gobierno a reconocerlo.
Además, consideraron que el elevado número de estos menores no acompañados va en sintonía con el crecimiento de la llegada de pateras y migrantes que se registra en Baleares.

«Estamos denunciando continuamente que se necesitan más medios y que hay que abordar el tema de otra manera como puede ser trabajar en origen para frenar esta tendencia», afirmaron.

Este pasado jueves, los presidentes de los Consells pitiusos, Vicent Marí y Óscar Portas, alzaron la voz ante la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y exigieron al Gobierno una respuesta inmediata ante los desbordados sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados.

En este sentido, el presidente Vicent Marí denunció la situación «límite y desesperada» que vive la isla, donde actualmente son atendidos 115 menores extranjeros no acompañados. Según precisó, el sistema ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, pasando de dos centros y 22 trabajadores en 2019 a un total de 11 centros y 156 profesionales en 2026. Este incremento también se ha reflejado en el presupuesto, que ha superado los 10 millones de euros.

Entre las principales demandas, Ibiza reclamó poder utilizar los remanentes presupuestarios, mayor flexibilidad para contratar personal y un refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil y Policía Nacional ante el aumento de la presión migratoria.

Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, calificó de «extrema» la situación en su isla, donde se tutela actualmente a 156 menores, 13 de ellos llegados en la última semana. Esta cifra, en una población de apenas 12.000 habitantes, supone una presión «absolutamente desproporcionada», con un nivel de saturación del sistema que alcanza el 1.200%.

Portas alertó de que el único centro de primera acogida opera al límite, lo que afecta tanto a la calidad de la atención como a las condiciones laborales de los profesionales.