«Entendemos que se dio una confabulación o una connivencia entre Amadiba y algunos representantes del Consell para la implantación de esta entidad en la isla de Ibiza que podría entrar en la esfera del ilícito penal». Esta es la principal conclusión del informe que en 2023 realizaron los servicios jurídicos del Consell de Ibiza ante el escándalo de las facturas que, por valor de más de 2 millones de euros, reclamaba la entidad Amadiba a la institución insular. Facturas correspondientes a servicios cuya prestación está en duda y que fueron contratados por la entonces consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, de Podemos, durante el gobierno del socialista Vicent Torres (2015-2019).
El informe, de 140 paginas, se inicia recordando que en diciembre de 2018 la representante de Amadiba, Elvira Jiménez, presentó ante el Consell un documento reclamando, entre otras cuestiones, que la institución reconociera que había alcanzado con la entidad un acuerdo para que esta prestara diferentes servicios en la isla. También reclamaba ser habilitada para poder presentar facturas al Consell e indicaba que, en aquellos momentos, se le debían 1,48 millones de euros más los intereses de demora. La petición se acompañaba de diferentes documentos como el contrato entre el Consell y Amadiba para «la gestión del servicio público de residencia y centro de estancias diurnas para personas con discapacidad gravemente afectadas por problemas de conducta», cuyo importe ascendía a 120.038 euros y que había sido formalizado en 2015. Aportaba también varios contratos firmados en distintos años y con distintas cuantías para dar cobertura legal a la deuda reclamada.
Las facturas fueron rechazadas por el Consell cuando aún gobernaban el PSOE y Podemos. Ya con el Gobierno del PP, presidido por Vicent Marí, Amadiba presenta un nuevo escrito en febrero de 2020 reclamando los pagos correspondientes a servicios prestados entre 2017 y 2019 y que subían a 1,94 millones de euros. El Gobierno insular encarga los trámites necesarios para resolver esta reclamación. Y en 2021 informa a Amadiba de que se han detectado «una serie de contradicciones» que la entidad social debía aclarar en 10 días. La representante de Amadiba respondió acusando a la institución de «un supuesto de enriquecimiento injusto por parte de la Administración pública por un importe de 2,2 millones de euros» y exigía el pago íntegro de la deuda. En el mismo documento, la representante legal de Amadiba admitía que «la inobservancia por parte del Consell de las formalidades administrativas preceptivas para la contratación de los servicios prestados por mi representada no puede ser imputable, en modo alguno, a esta toda vez que dicha circunstancia es ajena a mi representada y compete exclusivamente a la Administración». Insistía en la inocencia de Amadiba y arremetía contra la institución insular que, en su opinión, no quería asumir «la deuda contraída escudándose en su propia negligencia al no haber observado las formalidades previstas en la normativa administrativa para la contratación de estos servicios».
En 2021, la Oficina de Prevención de Lucha contra la Corrupción del Govern publica en su memoria anual que dos años antes había recibido una denuncia sobre «actuaciones irregulares» de la Conselleria insular de Bienestar Social «con una asociación privada con la finalidad de concederle una posición de exclusividad en relación con otras entidades privadas, y ser adjudicataria de una serie de contratos de manera directa y la de intentar crear una cartera de servicios sociales del Consell lInsular de Ibiza conforme a una hoja de uta diseñada por la misma asociación». El informe razonado de la oficina indicaba que la conselleria dirigida por Lydia Jurado había causado «la infracción del ordenamiento jurídico en la ejecución del gasto que ha provocado diversos expedientes de convalidación de gasto, la posibilidad de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento y la responsabilidad del órgano gestor, con lo cual los motivos de urgencia y necesidad de la situación alegados no tienen validez».
El director de la oficina concluía que debían exigirse «responsabilidades disciplinarias a la persona titular del órgano de contratación por la posible adjudicación irregular de un contrato sin las formalidades establecidas en el TRLCSP y sin disponer de crédito adecuado y suficiente». Además, achacaba a la misma persona el «incumplimiento del expediente de gestión económica financiera de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno».
El informe de los servicios jurídicos del Consell califica la reclamación de Amadiba como «un tanto singular, curiosa y extraña». Se trata de un extenso informe profusamente documentado en el que se ponen sobre blanco cuestiones cuando menos sorprendentes. Por ejemplo, en 2017 se anuncia que Ibiza contaría con un centro de menores con trastorno de conducta que sería gestionado por Amadiba. El expediente de contratación, sin embargo, se inició en 2018 y el mismo se prepara con la pretensión de que la entidad social fuera la adjudicaría «por exclusividad». Más llamativo es que un año antes, tras una reunión celebrada en Palma entre la entonces consellera insular Lydia Jurado, su directora del departamento, Judith Romero, y la gerente de Amadiba, Jane King. El informe relaciona esta reunión con la providencia de inicio firmada por la entonces también consellera insular Viviana de Sans, en sustitución de Jurado, para tramitar una cartera de servicios sociales del departamento cuyo ámbito «se ciñó curiosamente a los colectivos que atendía Amadiba, sin importar ningún otro colectivo o servicio que prestaba el Consell Insular de Ibiza y que debía estar recogido en la cartera».
Más llamativo es el caso del contrato para la atención a personas con discapacidad tramitado en 2018 en beneficio de Amadiba y en cuyo expediente, según el informe, se indicaba que esta entidad social era la única que disponía de «un recurso especializado» en la isla para este servicio. Lo que no figuraba en el expediente era que el recurso se iba a prestar en unos pisos que el propio Consell había cedido a Amadiba previamente. «Fue el jefe de Contratación el que, cuando supo que el lugar donde se iba a prestar el servicio era en los pisos de la calle Bisbe González Abarca, alertó de esta circunstancia (ya que se estaría favoreciendo claramente a la entidad Amadiba con la cesión de las viviendas donde se realizaba el servicio) ya que no podía negar que conocía que pertenecían al patrimonio del Consell Insular (…) Esta adjudicación podía entrar en confrontación con las más elementales normas de contratación, al estar prohibido por el ordenamiento jurídico facilitar o crear la situación de exclusividad por parte de la propia Administración en favor de una sola entidad».
¿Existía una hoja de ruta marcada por Amadiba al Consell? El informe considera que sí. En este sentido, señala que «se habla abiertamente de una cronología de acuerdos, de una hoja de ruta realizada por Amadiba». Esta hoja de ruta se habría fijado en 2016, en una reunión celebrada en el Consell entre representantes de Amadiba y miembros de Bienestar Social en la que estaba presente una de las funcionarias autoras del informe, que recoge en este sentido que fue la entidad social la que «para implantar sus servicios la entidad se quería garantizar una seguridad absoluta a través de una financiación total pública y sin seguir ningún procedimiento».
Y añade que la propia entidad dejaba entrever en algunos documentos aportados para cobrar las facturas que «había unas indicaciones claras para beneficiarla, como era que se pondría a su disposición unas viviendas en un edificio propiedad del Consell al que denominan de ‘carreteras’, así como la vivienda denominada ‘piso rosa’ también propiedad del Consell».
El hecho de que estos servicios solo se negociaran con Amadiba y que no se tuviera en cuenta a otras entidades que trabajaban en los mismos ámbitos lleva a los autores del informe a señalar que «había toda una planificación, una trama o maquinación para favorecer a Amadiba, aunque fuera con el noble argumento de mejorar la prestación de determinados servicios sociales en la isla de Ibiza». Algo que «está prohibido por el ordenamiento jurídico». Y los autores del informe añaden que «se ve que el relato no es tan inocente, tan simple, tan sencillo, sino que tiene más calado y camufla graves desviaciones del sistema».
El informe cuestiona también el papel jugado en toda esta aparente trama de intereses por los políticos que entonces gobernaban el Consell. El de Lydia Jurado está claro y, de momento, la llevará tener que declarar ante la Justicia qué sucedió. Pero, según el informe, no fue la consellera de Podemos la única que habría actuado de forma cuestionable pues el entonces presidente insular, el socialista Vicent Torres, «encargó al departamento de Bienestar Social hacer todo lo necesario para que el 1 de julio de 2017 fuese una realidad que los usuarios pudieran estar atendidos en la isla por Amadiba a través de la implantación de todos los recursos que la entidad iba a crear». La declaración la realizó ante notario Judith Romero, que acabó trabajando para la entidad social y que también dijo que «el proyecto de Amadiba de crear una red de servicios de atención se ha implantado en Ibiza ante el visto bueno del presidente del Consell Insular y el encargo explícito que le hizo el departamento de Bienestar Social de poner en marcha los recursos presentados en la reunión» que se había celebrado en 2016. A pesar de ello, Torres no dio explicaciones sobre su papel y tampoco tendrá que darlas ante la Justicia. De cualquier manera, el informe también indica que «por mucho que hubiera un encargo del presidente al departamento par poner en marcha determinados servicios» las responsables últimas de ello eran Lydia Jurado y Judith Romero. Y añade que «puede ser que el expresidente ordenara que se pusieran en marcha determinados servicios pero eso no legitimaba que no se hiciera conforme a la ley».