La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Eivissa, Lola Penín, afirmó este jueves que el solar de la antigua comisaría será para la construcción de pisos públicos. Un anuncio que choca con la decisión del Ministerio de Interior, que ya ha aprobado la construcción en este espacio de una residencia para sus funcionarios en la isla. Penín, sin embargo, ha asegurado que en este solar «existe la posibilidad» de levantar vivienda pública.
La edil respondió así a una moción de control presentada por el concejal de VOX Luis Astorri para conocer el número exacto de viviendas públicas planificadas en la ciudad en este mandato, así como el estado de cada proyecto y las fechas de entrega de llaves. «Ibiza no tiene un problema de vivienda», dijo, «tiene una catástrofe consentida por las administraciones. Nuestra ciudad se ha convertido en un lugar prohibitivo para las familias, para los jóvenes que quieren emanciparse y para los trabajadores esenciales que mantienen la isla en pie».
«Castillos en el aire»
Astorri afirmó que el plan municipal de vivienda, conocido como Eivissa, una ciutat per viure-hi, es «un catálogo de castillos en el aire». Y ha acusado al Gobierno de Rafa Triguero de «presumir de proyectar 1.250 viviendas» cuando la realidad es que la ciudad «ofrece solares vacíos y obras muertas». Por ello ha plantado diversas preguntas al respecto a la concejal Penín, que ha subrayado que el Gobierno de Vila está trabajando en la construcción de casi 1.500 pisos en la ciudad.
Penín ha explicado que, en concreto, se está trabajado en los proyectos de Isidor Macabich (66 pisos), Ca n’Escandell (532), Sa Joveria (245), Sa Bodega (108), Platja d’en Bossa (108), Can Cantó (51), Mercat Pagès (8) y 27 rehabilitadas en el casco histórico.
«Lo importante», según destacó Penín, «es que, si no es en esta legislatura, se dejará el trabajo hecho para que los residentes puedan acceder a vivienda digna». También ha afirmado que «no es cuestión de quién entrega las llaves sino de trabajar para que haya viviendas».
Tras el pleno, el concejal Astorri ha afirmado en un comunicado que las explicaciones del Gobierno municipal son «propaganda, no soluciones». Astorri ha añadido que «la respuesta ha sido un compendio de evasivas, promesas vacías y proyectos que ni existen ni dependen del Ayuntamiento».
«Hoy ha quedado claro que el PP no tiene un plan de vivienda», ha concluido, «tiene un relato. Un relato basado e nsuar proyectos de otras administraciones, contar viviendas que no existen y prometer soluciones que nunca llegan».
Inmigrantes
El pleno, por otro lado, ha debatido sobre el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. El PP y el PSOE han presentado sendas mociones sobre este asunto. Lola Penín, que es también responsable de Asuntos Sociales, se mostró muy crítica con la falta de planificación del Gobierno central para poner en marcha este controvertido proceso. Penín explicó que el Ayuntamiento está atendiendo ahora mismo a una media de 50 personas para tramitar sus certificados de vulnerabilidad. Y denunció que «una regularización sin refuerzos afecta a otros servicios». Por ello exigió al Gobierno de Pedro Sánchez «no trasladar a los ayuntamientos las cargas que corresponden al Estado».
Transporte
Durante la sesión, además, se ha debatido una moción del PSOE relativa a los problemas con los que ha entrado en funcionamiento la nueva contrata insular de transporte público. El concejal Jordi Salewski ha pedido que el Ayuntamiento repruebe la gestión del Consell y que exija a la institución insular una revisión de la contrata. A estas peticiones ha respondido el concejal de Movilidad, Rubén Sousa, recordando que fue el Gobierno del socialista Rafa Ruiz el que, durante el anterior mandato, firmó en 2022 un convenio con el Consell para implantar en Vila cuatro líneas urbanas que el PP entonces rechazó por considerar que no cubrían los servicios básicos de transporte que necesitaba la ciudad. Dos de estas líneas son las que ahora están siendo cuestionadas por los usuarios.
«No nos escucharon», recordó Sousa, «y hoy ponen a una candidata socialista a recoger firmas en Cas Serres para quejarse de algo que hicieron ustedes. Es insólito. El PSOE recogiendo firmas contra la gestión del PSOE». El concejal explicó que, tras llegar al Ayuntamiento en 2023, intentó modificar este convenio incluido en el Plan Insular de Transporte Público. Pero este plan ya se encontraba en fase de adjudicación, por lo que fue imposible. Ahora que la contrata ya ha entrado en funcionamiento, Sousa apuntó que los cambios solicitados para la línea de Cas Serres se activarán en un plazo de dos semanas.