La Asociación Pereyna de Pesca Recreativa y Náutica de las Pitiusas ha cargado duramente contra la política de gestión de las reservas marinas impulsada por el Govern balear y ha denunciado que la ampliación de espacios protegidos en las Pitiusas se está utilizando para restringir de forma «desproporcionada» la pesca recreativa en beneficio del sector profesional. La entidad considera que las medidas aplicadas en Ibiza y Formentera son «discriminatorias» respecto a otras islas del archipiélago y critica especialmente el veto a modalidades como la pesca submarina recreativa.
La asociación ha difundido un extenso comunicado en el que repasa el conflicto surgido en torno a la ampliación de la Reserva Marina de Es Freus d’Eivissa i Formentera y recuerda que, desde las primeras informaciones sobre esta cuestión, se promovió una movilización social entre aficionados y simpatizantes de la pesca recreativa para reclamar la paralización de la medida.
Según explica la asociación Pereyna, aquella movilización derivó en una recogida de firmas que logró reunir cerca de 4.000 apoyos antes de ser presentada oficialmente en septiembre de 2025 ante el Govern balear y los consells insulares de Ibiza y Formentera.
Reivindicaciones
Entre las principales reivindicaciones figuraban la paralización de nuevas reservas marinas de interés pesquero, la revisión del modelo de gestión actual y la autorización regulada de todas las modalidades de pesca recreativa – incluida la pesca submarina – en aquellas zonas donde sí se permite faenar a la flota profesional. La entidad sostiene que las administraciones no solo han ignorado estas demandas, sino que además han «tergiversado» el contenido de las reivindicaciones trasladadas por el colectivo. En este sentido, recuerdan que el Parlament balear aprobó el pasado mes de marzo una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo socialista en la que se instaba al Govern a tener en consideración las reclamaciones y firmas presentadas por los pescadores recreativos de Ibiza.
Sin embargo, Pereyna lamenta que el debate público se haya desviado hacia la necesidad de reforzar los controles frente a la pesca furtiva, una problemática que – aseguran – suele asociarse «casi exclusivamente» a la pesca recreativa.
«No solo no se han atendido las reclamaciones y firmas presentadas por este colectivo, sino que, a nuestro entender, se han tergiversado nuevamente para tratar de confundir a la sociedad pitiusa», señala el comunicado. La asociación carga especialmente contra el modelo de «cogestión» impulsado por la administración autonómica para negociar las condiciones de las reservas marinas. Pereyna considera que este sistema ha derivado en un modelo «excluyente» y denuncia la creación «exprés» de una asociación de pesca recreativa en Formentera para negociar en representación de una parte concreta del colectivo recreativo.
Según agregan, dicha representación habría estado condicionada desde el inicio por una línea roja impuesta por la administración: mantener el veto a la pesca submarina recreativa. «Todo ello ha transmitido una imagen más cercana a un reparto de intereses entre determinados actores que a un verdadero proceso participativo», sostiene el colectivo. Pereyna asegura que el modelo aplicado en Baleares ha acabado configurando reservas marinas que priorizan la actividad pesquera profesional frente a los objetivos estrictamente medioambientales. En este contexto, la asociación denuncia importantes diferencias normativas entre islas. Como ejemplo, recuerda que en Mallorca sí se permite la práctica regulada de la pesca submarina recreativa en reservas como Mitjorn o la Bahía de Palma, mientras que en Ibiza y Formentera esta modalidad está prohibida en todas las reservas marinas existentes.
Según los datos aportados por la entidad, las Pitiusas acumulan más de 21.000 hectáreas con prohibición de pesca submarina, frente a las cerca de 12.600 hectáreas restringidas en Mallorca. La asociación considera que estas diferencias evidencian una aplicación desigual de las restricciones en función del territorio y del contexto político. «Dependiendo del interlocutor o del contexto político, los criterios y restricciones aplicados pueden modularse de manera significativa», afirma el comunicado.