Las patronales de Ibiza expresaron ayer una postura unánime a la hora de condenar la celebración de fiestas ilegales como la interceptada esta semana en una zona rústica cercana a Buscastell.
La presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), Alicia Reina, manifestó que estos eventos ilegales «perjudican gravemente la imagen de Ibiza» porque proyectan una sensación de impunidad y descontrol que no representa el modelo de destino por el que trabaja la inmensa mayoría de profesionales del sector. Por ello, desde su patronal defendieron una política de tolerancia cero frente a este tipo de actividades, no sólo por las molestias que generan a los vecinos o por los riesgos en materia de seguridad, sino porque dañan la reputación de la isla y generan una clara competencia desleal e intrusismo frente a la oferta reglada de ocio que opera bajo estrictos requisitos legales, fiscales, laborales y de seguridad.
«Mientras las empresas autorizadas realizan importantes inversiones y cumplen con numerosas obligaciones, quienes organizan actividades ilegales obtienen beneficios al margen de las normas y sin asumir ninguna de esas responsabilidades», consideró Reina.
La presidenta recordó que la marca Ibiza «es uno de los activos más valiosos que tenemos y debemos protegerla entre todos. Por ello, consideramos que las administraciones deben contar con más medios humanos y tecnológicos para combatir estas actividades. No podemos permitir que la localización de fiestas ilegales descanse principalmente en las denuncias vecinales; la detección y persecución de estas prácticas debe ser una prioridad de las administraciones competentes».
Efecto disuasorio
También defendió que las sanciones tengan un verdadero efecto disuasorio. «Organizar una fiesta ilegal no puede salir rentable. Quien obtiene un beneficio económico incumpliendo la ley, debe asumir unas consecuencias suficientemente severas para que no se lo vuelva a plantear», reiteró.
El vicepresidente en Pitiusas de CAEB, José Antonio Roselló, quiso destacar la actuación de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil al paralizar el macroevento ilegal. También lamentó que estos hechos «corroen el cuerpo social».
En este sentido, afirmó que el hecho de que existan personas que hacen de la ilegalidad su modo de proceder y que no pase nada, como frecuentemente ha sido la norma en Ibiza y Formentera, genera «una profunda desafección ciudadana» y «una falta de confianza grave» en las instituciones. Por ello, instó a revertir la situación.
«Por el bien de Ibiza no puede ser que haya gente que pretenda hacer de su capa un sayo. Al contrario, los comportamientos ilegales han de tener consecuencias, más si cabe sobre la base de hechos que menoscaban la buena imagen de Ibiza que se tiene que preservar a toda costa. Ibiza no puede ni debe ser el paraíso de los que actúan a sus anchas sin temer consecuencias», manifestó Roselló.
El vicepresidente quiso referirse a Ocio de Ibiza, instando a la patronal a mantener una actitud proactiva en el sentido de no contratar en sus establecimientos a los Dj´s que cooperan con este tipo de ilegalidades.
Dolores Tur, gerente de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, lamentó que se sigan produciendo estas fiestas ilegales, con empresas o particulares que sin ningún control, sin garantías o seguridad para las personas, vienen a la isla a lucrarse de manera ilícita.
Incrementar la vigilancia
Tur consideró que, en el Consell, el Departamento de Lucha Contra el Intrusismo está haciendo un buen trabajo ya que las fiestas ilegales, que se habían convertido en el «pan nuestro» de cada verano, ahora se han visto reducidas. Sin embargo, el enorme lucro que prometen este tipo de actividades hace necesario reforzar e incrementar la vigilancia y el control desde las instituciones, puesto que no sólo pueden originar problemas de seguridad muy serios que deterioren la imagen de Ibiza como destino turístico. Además, son muy negativas para los residentes y vecinos que tienen que soportar estas «situaciones insostenibles».
«La fiesta tiene que celebrarse en los espacios legalizados para ello; no extenderse por toda la isla», concluyó.
El presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera, Alfonso Rojo, lamentó también el daño que estas fiestas provocan sobre la imagen turística de la isla y criticó que haya personas que intenten hacer creer que se trata de un cumpleaños o de una celebración entre amigos, cuando después se comprueba que hay transacciones económicas. Rojo defendió que, ante estos eventos ilegales, hay que actuar con premura, persiguiendo estas actividades «con todas las herramientas que tiene la Administración».
«Las empresas pagamos impuestos, con lo cual no se nos pueden dar excusas en relación a quién tiene las competencias para actuar contra estas fiestas ilegales. Debemos estar cubiertas y saber que nuestros derechos se respetan. No puede ser que algunos realicen una competencia desleal brutal en estos eventos», manifestó el presidente de Pimeef.
A unos les gustan las fiestas, a otros no. Las hay. No hay remedio. La diferencia entre un negocio legalizado y otro sin legalizar es que los que actúan legalmente aportan cantidades importantes, muy importantes a la seguridad social, a los fondos públicos, dan ingresos a un sinfín de familias y autónomos. Son controlados, probablemente no tanto como sería deseable. Ganan dinero. Claro, para esto lo hacen. ¿ Matutes, el diábolo damnificado, cuantas familias en Ibiza y en el mundo facilita un ingreso seguro en todo el año ? Cuentenlas. Los otros, no, no ss.ss., ni impuestos, ni finiquito, ni control e inspección del negocio, ni libro de ocupantes, ni tasa turistica, nada de nada. Competencia, muy bien, pero por favor con las mismas condiciones para todos. En alquileres, en servicio de taxi, en venta ambulante,