El pleno del Senado aprobó ayer una moción del Partido Popular que insta al Gobierno a paralizar todas las acciones que puedan causar un daño irreversible a las propiedades del litoral español hasta que el Congreso no aborde la reforma de la Ley de Costas.
La moción fue aprobada con 151 votos a favor, 90 votos en contra y 16 abstenciones.
La senadora del PP Teresa María Belmonte defendió que mientras la reforma «siga secuestrada en el Congreso», se debe acordar una «moratoria urgente de todos los deslindes en curso».
La reforma a la que aludió el PP, aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024, buscaba preservar los núcleos costeros tradicionales con «valor etnográfico» y ofrecer «protección jurídica a las decenas de miles de personas que ven amenazadas sus construcciones», según la moción.
El Senado, con mayoría popular, también solicitó la suspensión cautelar de la tramitación del anteproyecto de real decreto que modifica el Reglamento General de Costas para adaptarlo a la normativa europea de concurrencia competitiva por considerarlo, en palabras de Belmonte, un «atropello constitucional».
Para la senadora, el anteproyecto es una «expropiación encubierta», al permitir revocar concesiones vigentes sin garantizar una indemnización plena a los propietarios, e «impone la inseguridad jurídica», al introducir el silencio administrativo sin cobertura legal.
Precisamente, la moción –sin efectos legislativos directos ni vinculantes– reclama garantizar una indemnización íntegra que comprenda el «daño emergente como el lucro cesante» derivado de la reducción del periodo concesional y asegurar la «plena seguridad jurídica» de las concesiones otorgadas y de las inversiones realizadas.
Por su parte, el senador socialista José Antonio Valbuena defendió el anteproyecto apelando al «rango normativo superior» de las directivas europeas.
Además, señaló que la ley actual fue puesta en marcha en 2013 por el Partido Popular «sin el apoyo del Partido Socialista» y que, cuando se aplica, lo hace con «garantías legales y jurídicas».
Visita de Carmen Ferrer
La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, asistió ayer al debate en el Senado junto a otros alcaldes de diferentes municipios del litoral español afectados por la aplicación de la Ley de Costas. Antes del debate, los representantes municipales se reunieron con la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, para abordar la situación que atraviesan numerosos establecimientos tradicionales amenazados por expedientes de demolición.
La moción del PP aprobada ayer también defiende la compatibilidad entre la protección medioambiental y la preservación de aquellas actividades que forman parte de la identidad de los municipios costeros.
A través de un comunicado, Carmen Ferrer señaló que se pide «algo tan razonable» como detener decisiones irreversibles mientras se busca una solución: «Las demoliciones que amenazan a dos establecimientos en Cala Llonga, si se ejecutan, no tendrán marcha atrás. Es vital establecer una moratoria que permita abrir un espacio de diálogo y de reflexión antes de seguir avanzando por un camino que amenaza con hacer desaparecer parte de la historia de nuestros pueblos», destacó.
Además, Ferrer afirmó que estos negocios «no son una construcción más» para Santa Eulària y su gente. «Estamos hablando de negocios familiares que llevan décadas formando parte de la vida del municipio, de nuestra oferta turística y de la memoria colectiva de miles de personas. Quien conozca Santa Eulària sabe perfectamente que estamos hablando de elementos que forman parte de nuestra identidad y que merecen un tratamiento distinto al de cualquier otro expediente administrativo».
«Defender el medio ambiente y proteger nuestro patrimonio tradicional son objetivos compatibles. Lo que se necesita únicamente es voluntad política para buscar puntos de encuentro. No se puede gestionar el litoral exclusivamente desde una perspectiva burocrática, ignorando la realidad de los municipios que llevan generaciones conviviendo y cuidando su costa. Lo que pedimos es diálogo, sensibilidad y sentido común», añadió Ferrer.
El senador Miquel Jerez defendió que la reivindicación de los alcaldes costeros «es una llamada al sentido común frente a una política basada en la rigidez burocrática. Existe una preocupación generalizada por una política de costas que está generando inseguridad jurídica y que amenaza con romper el equilibrio entre la protección ambiental y la preservación de actividades tradicionales que forman parte del patrimonio de nuestras costas».
A qué ha ido exactamente? Cual era su función? Estar ahi sentadita aplaudiendo a sus colegas de partido? Cuanto nos cuesta ese viajecito de ella y de seguro minimo, media docena de acompañantes con todo pagado a cargo de los ciudadanos?