La reunión del Consell de Govern en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Ibiza sirvió para aprobar ayer la primera ley balear de costas para dotar a Baleares de un marco legal en el que, entre otras medidas, se garantice la «salvaguarda» de edificios tradicionales con valor patrimonial que estén ubicados en el litoral, como los escars tradicionales o casas varadero.
Así lo anunciaron en rueda de prensa, celebrada en al Claustro del Ayuntamiento de Ibiza, la presidenta balear, Marga Prohens, y el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, que ahora deberá tramitarse en el Parlament, y que permitirá explotar las que tiene la comunidad en materia de litoral.
De hecho, se trata de la primera ley autonómica que aborda de forma global la gestión del litoral tras el traspaso de competencias de 2023, y da cumplimiento al mandato estatutario de ejercer la plena capacidad normativa en materia de costas.
«Con esta ley buscamos la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra costa. Buscamos el equilibrio entre actividad humana y la conservación del litoral», apuntó Prohens.
Por su parte, Lafuente detalló que la norma «reconoce el papel fundamental básico de los consells insulars», que son los que tienen competencias en la elaboración de los planes de cada isla.
De hecho, la ley establece un sistema de cogobernanza en el que el Govern fija las directrices generales y coordina; los consells insulares los instrumentos de ordenación del litoral y los planes de servicios de temporada, y los ayuntamientos gestionan directamente sus playas y conceden determinadas autorizaciones.
Lafuente detalló que este texto, que también busca simplificar trámites, se lleva a cabo «respetando el marco jurídico» vigente a nivel estatal.
Limitaciones a la velocidad
Además de la protección patrimonial, otro de los aspectos en los que incide la futura norma es la introducción de limitaciones de velocidad en la franja de una milla desde la costa, con medidas más estrictas en espacios naturales protegidos, para reforzar la seguridad de los bañistas y favorecer la convivencia entre los diferentes usos del mar.
De esta manera, las embarcaciones de más de 12 metros y las motos de aguas no podrán superar los 10 nudos de velocidad a menos de una milla de la costa.
Estas restricciones buscan reducir riesgos en zonas de gran afluencia y minimizar los impactos ambientales, a la vez que prevén excepciones para embarcaciones profesionales sometidas a normativa marítima internacional.
La norma también diferencia entre playas urbanas, naturales y de especial protección, puesto que establece criterios de ordenación adaptados a cada tipología. Una tipología que serán los consells insulars los encargados de ordenar a través de sus planes insulares de costa.
También actualiza el régimen de inspección y sanción, puesto que incorpora infracciones vinculadas al incumplimiento de las limitaciones de uso y otorga mayor capacidad de actuación frente a ocupaciones ilegales o prácticas irregulares.
Críticas a la ley estatal
Prohens aprovechó la ocasión para criticar a la mesa del Congreso y al PSOE, a los que acusó de paralizar el proyecto de ley estatal de costas aprobado en el Senado, puesto que el actual texto en vigor es «un ataque frontal» a la realidad de Baleares, redactado desde Madrid, «en un despacho hacia el interior de la M-30».
Para la presidenta, el hecho de que la norma impulsada por el PP esté congelada en la Cámara baja supone que se mantenga un texto que «va totalmente en contra de Baleares». «Seguimos reclamando que la nueva ley de costas estatal contemple nuestra idiosincrasia y realidad», sentenció Prohens.
En la misma línea se pronunció el conseller Lafuente: «(La ley balear) se hace respetando el marco jurídico que tenemos, del que discrepamos y manifestamos la necesidad de modernizar». El conseller menorquín destacó que la ley pretende compatibilizar la actividad humana con la conservación del litoral.
Ya están en campaña electoral prometiendo.