El litoral de las Illes Balears no es solo una postal: es también economía, cultura y un modo de vida que exige ser cuidado con rigor. Tras el traspaso de competencias de 2022 y años de normativa dispersa, el Govern ha impulsado la nueva Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral, un marco renovado que refuerza la protección y la gestión de la costa, en coherencia con el Estatuto y en coordinación con los consells y ayuntamientos.
¿Qué cambia? Primero, una mirada integral. La Ley fija principios claros y alinea a las islas con la normativa europea sobre restauración de la naturaleza y adaptación al cambio climático. Con escenarios de subida del mar y temporales más intensos, la norma prioriza la resiliencia, la conservación de los ecosistemas costeros y la gestión responsable de playas y calas.
Segundo, un nuevo cuidado del patrimonio litoral. Se crean registros insulares para identificar y proteger construcciones y núcleos tradicionales vinculados a la cultura costera —casetes de vorera, escars, varaderos o muelles históricos—, evitando pérdidas irreparables y facilitando su rehabilitación cuando proceda.
Tercero, reglas más claras para las playas. La Ley diferencia entre arenales urbanos, naturales y de especial protección, y establece cómo se deben ordenar sus usos y accesos según la capacidad de cada espacio. Los servicios de temporada —como hamacas o chiringuitos— solo podrán instalarse con autorización y, en casos muy concretos, mediante declaración responsable. Se agilizan los trámites, pero siempre bajo control y con garantías.
Cuarto, navegación más segura y litoral más tranquilo. En la franja de una milla desde la costa se fijan límites de velocidad para embarcaciones y motos náuticas —con medidas más estrictas en espacios protegidos— y se establecen excepciones para las flotas profesionales (listas 2.ª, 3.ª y 8.ª). El objetivo: mejorar la convivencia entre bañistas, deportes sin motor y actividad económica.
Quinto, un régimen económico moderno. La Comunidad Autónoma podrá regular tasas propias y definir el marco económico de los servicios de temporada con criterios de sostenibilidad, limpieza y calidad. Todo ello con transparencia, mediante un registro público de concesiones, autorizaciones y declaraciones responsables, que cumplirá la normativa de protección de datos.
¿Quién hace qué? La Ley ordena competencias para que todo funcione mejor. El Govern fija principios generales y directrices de coordinación; los consells insulares elaboran los instrumentos de ordenación del litoral, y los municipios gestionan sus playas, autorizan usos concretos y podrán asumir más funciones con apoyo técnico.
La norma también regula la planificación y ejecución de obras en la costa según su interés, con participación de todas las administraciones. Refuerza la inspección y la potestad sancionadora frente a ocupaciones irregulares o incumplimientos, e introduce como infracción grave vulnerar las nuevas limitaciones de uso en el litoral.
El texto aporta, además, seguridad jurídica: integra en un solo marco el uso del dominio público marítimo-terrestre y las servidumbres, vincula el planeamiento urbanístico a los nuevos planes litorales y somete las decisiones a evaluación ambiental. Refuerza la transparencia con participación ciudadana y fomenta la colaboración público-privada en conservación. También habilita, vía presupuestos, un canon para actividades lucrativas que revierta directamente en limpieza, vigilancia y mejora de la costa.
En definitiva, esta ley nace para proteger lo que nos define y, al mismo tiempo, ordenar su disfrute responsable. Un litoral más seguro, accesible y sostenible es posible si las instituciones colaboran, el tejido económico innova y la ciudadanía se implica. Porque cuidar la costa es cuidar nuestra forma de vivir, de trabajar y de seguir devolviendo al mar todo lo que este nos da.