El pleno del Consell d’Eivissa aprobó ayer 36 propuestas surgidas del debate de política general, 20 de ellas impulsadas por el equipo de gobierno del Partido Popular. Entre ellas la que reclama al Gobierno que asuma el coste del traslado de los residuos generados en la isla para cumplir lo que establece la disposición adicional tercera de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminantes para una economía circular. En este sentido, también se pide al Govern balear un plan de choque para mejorar la gestión de residuos, incrementar el reciclaje y reducir el impacto ambiental de las instalaciones de Ca na Putxa.
Entre los acuerdos más relevantes también figura la reclamación al Estado para que suscriba un nuevo convenio de carreteras con el Consell d’Eivissa que permita ejecutar las actuaciones previstas para los próximos años, con una inversión superior a los 120 millones de euros. Asimismo, el pleno volvió a reclamar al Gobierno central que asuma plenamente sus competencias en materia de control de fronteras e inmigración y dé respuesta a la presión que soporta el servicio insular de protección de menores no acompañados.
En materia de movilidad y transporte, el pleno también respaldó la constitución de la comisión mixta con el Govern balear para avanzar en la transferencia de las competencias de transporte público y mejorar su financiación.
También se acordó instar al Govern a elevar hasta diez años el requisito mínimo de residencia en Ibiza para acceder a las Viviendas a Precio Limitado, una medida que el Consell considera orientada a favorecer el acceso de los residentes de larga duración y que en el Consell d’Alcaldes, a propuesta de UP, se computen los periodos de empadronamiento en cualquiera de los municipios de Ibiza y no exclusivamente en el municipio donde se promueva la vivienda. También se reclamó al Estado la construcción de alojamientos para funcionarios de la Administración General del Estado destinados en la isla en el solar de la comisaría de Policía y en un solar cedido en Santa Gertrudis.
En relación con el aeropuerto, el Consell reiteró su posición de que las inversiones previstas deben destinarse exclusivamente a mejorar la seguridad, la modernización de las instalaciones y su adaptación a la normativa, rechazando cualquier actuación que suponga incrementar la capacidad operativa durante la temporada alta.
El pleno también acordó reclamar la paralización de las órdenes de demolición que afectan a los tradicionales chiringuitos de las playas de Ibiza mientras no se encuentre una solución que garantice su continuidad, así como reclamar el impulso a la futura Escuela de Turismo de Sa Coma y a la residencia para estudiantes y personal docente, reclamando al Govern balear la financiación de ambas infraestructuras.
También se pide al Govern la firma de un protocolo para la transferencia de la gestión del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera y la transferencia de la Torre des Molar, en Sant Miquel, al Ministerio de Cultura.
Los acuerdos aprobados incluyen igualmente nuevas medidas de apoyo al sector primario y al paisaje rural, el incremento de ayudas destinadas a entidades sociales y deportivas, el impulso a la construcción de una cuarta desaladora para garantizar el abastecimiento de agua y preservar los acuíferos.