El Gobierno de España ha rechazado este lunes que el informe del CENIF de julio de 2026 advirtiera de una llegada «masiva» de migrantes a Baleares y que esa información fuera ocultada al Govern balear. Según las aclaraciones difundidas por el Ejecutivo central, el documento evaluaba como alto el riesgo de llegadas marítimas durante los días siguientes, dentro del seguimiento habitual que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Gobierno sostiene que el informe forma parte de los «instrumentos de monitorización» utilizados para analizar la evolución de las llegadas, identificar las circunstancias que pueden favorecerlas y anticipar posibles escenarios. Por ello, considera que presentar el documento como una «amenaza extraordinaria» que el Ejecutivo conocía y decidió ocultar a Baleares «no responde al contenido del informe».
Subrayan, además, que el seguimiento de la inmigración irregular por vía marítima se realiza desde hace años y de manera permanente. La información, según el Gobierno, no se limita a informes estadísticos, sino que se utiliza para anticipar escenarios y organizar los recursos disponibles.
En el caso de Baleares, el Ejecutivo central destaca que el delegado del Gobierno mantiene reuniones semanales con los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil, en las que se analiza, entre otras cuestiones, la evolución de la inmigración irregular, las circunstancias que pueden favorecer las llegadas y las necesidades operativas.
Las cifras
Los últimos datos del Ministerio del Interior citados por fuentes del Gobierno, correspondientes al 31 de agosto, reflejan un aumento del 1,7 % de las llegadas irregulares a Baleares en 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 82 personas más.
El Gobierno considera que estas cifras «están muy lejos» de justificar la construcción de un escenario de crecimiento «extraordinario o descontrolado», aunque reconoce que la migración irregular por vía marítima constituye una realidad que debe ser atendida con los medios necesarios.
Los recursos
El Ejecutivo recuerda además que en 2025, ante el incremento de las llegadas a Baleares, activó un plan de contingencia y movilizó cerca de 11 millones de euros para reforzar la capacidad de atención y respuesta en las islas.
De esa cantidad, 6,7 millones de euros se destinaron a nuevas instalaciones en los puertos de Palma, Eivissa y La Savina. En Palma e Ibiza se habilitaron espacios para la primera atención y la pernoctación transitoria de las personas llegadas, mientras que en La Savina se instaló un espacio para su custodia provisional antes de su puesta a disposición policial y posterior traslado.
El papel de Salvamento Marítimo
La nota destaca igualmente el papel de Salvamento Marítimo en la detección, localización y rescate de embarcaciones y en la protección de las personas en peligro en el mar. Según el Ejecutivo, sus capacidades en Baleares también se han reforzado ante el aumento de las necesidades.
El Gobierno señala que la respuesta estatal a las llegadas no se limita a la actuación policial una vez que las embarcaciones alcanzan las costas, sino que comprende la vigilancia, localización y salvamento en el mar, la intervención de Guardia Civil y Policía Nacional, la primera atención humanitaria y la puesta a disposición de infraestructuras para gestionar las llegadas.
La nota añade las inversiones realizadas para reforzar las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares, entre ellas la nueva comisaría de Policía Nacional en Maó y el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Santanyí, además del incremento de plantillas y los refuerzos extraordinarios durante la temporada estival.
Críticas al PP
Finalmente, el Gobierno reclama «rigor en la información» y «responsabilidad en el discurso público» a las instituciones y partidos a la hora de abordar la inmigración irregular. Considera que presentar la inmigración como «una amenaza para la seguridad, exagerar los riesgos o cuestionar sin fundamento el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede generar alarma, alimentar prejuicios y erosionar la confianza en las instituciones».
El Ejecutivo concluye que el informe del CENIF de julio de 2026 «no reveló al Gobierno una situación desconocida» ni desencadenó el inicio de la preparación de una respuesta, sino que constituye un elemento más del sistema permanente de información, anticipación y actuación. Asimismo, acusa al PP de asumir «progresivamente» marcos y postulados que, según el Gobierno, hasta hace poco eran propios de la extrema derecha en materia de inmigración.