David Tenza volvió el pasado viernes a su casa. Más de seis años después de que tuviera que abandonar su vivienda del bloque A de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar, el vecino cruzó de nuevo la puerta de su piso, el tercero segunda de la escalera 2, acompañado por su pareja. A las cinco de la tarde, la policía local de Sant Josep se presentó ante el portal del edificio, los agentes le pidieron los datos y le advirtieron del peligro estructural que aún persiste en el inmueble. David subió de todas formas y lo que se encontró, según el mismo asegura, es una vivienda «sin una sola grieta».
En la calle
Su historia viene de lejos: el suyo no fue el primer desalojo, el que sucedió el del 4 de junio de 2020, cuando la escalera 1 tuvo que abandonar el bloque. Pero sí que fue apenas veinte días después, el 24 de junio. «Nos dieron un plazo ridículo, menos de veinticinco días para desalojar toda una vida», según explica David. Ni tan solo se les ofreció un trastero, como sí que se hizo con los vecinos de las escaleras 3, 4 y 5, que se marcharon año y medio después, en diciembre de 2021. A David le tocó pagar de su bolsillo el almacenaje de todos sus enseres, sus muebles, sus electrodomésticos. La cascada de desalojos continuó hasta diciembre de 2021, cuando los tribunales avalaron la salida de 23 viviendas por los informes que advertían del riesgo de derrumbe del edificio.
La primera solución temporal fue un apartamento turístico en el Bonsol. Cuando la situación se tornó insostenible, David y Almudena se apostaron en la puerta del Ayuntamiento durante nueve días, acampados, reclamando una alternativa digna. El Bonsol era un piso temporal de seis meses en invierno, en Playa d’en Bossa. Cuando comenzara la temporada, volverían a quedarse en la calle, por lo que iniciaron un proceso judicial que el Ayuntamiento de Sant Josep apeló.
A través de contactos, encontraron un piso en el otro bloque de Don Pepe, el que estaba disponible para alquilar. El casero era vecino del edificio, alguien que conocía su situación y quien les dejó la vivienda por setecientos euros mensuales, a cambio de que le acondicionaran el lugar. Además, contaban con la ayuda para el alquiler que fue aprobada para todos los desalojados de los Don Pepe.
Cambios en las ayudas
Sin embargo, todo cambió cuando en el año 2024 el Ayuntamiento renovó las condiciones de las ayudas —que estaban presupuestadas hasta 2028— e impuso un tope de ingresos de cuarenta y dos mil euros anuales entre dos personas. David y Almudena se pasaron por poco. Y no se tenía en cuenta que mientras pagaban ese alquiler, también habían de pagar la hipoteca de su casa: seiscientos euros al mes, la comunidad de propietarios y también el seguro del inmueble —los abogados les aconsejaron que no lo cancelaran, por si acaso-, lo que sumaba en total casi dos mil euros cada mes.
En junio de este año, el último mes que recibieron la ayuda, David presentó un recurso solicitando que se le reconociera la situación de excepción. Lo rechazaron. Presentó otro recurso el 10 de agosto. La administración tenía un mes para responder, hasta el 10 de septiembre. Tampoco respondió.
En el último pleno, David se presentó en el Ayuntamiento y explicó su caso. Advirtió al alcalde de que, si no le concedían la ayuda, no le quedaba más opción que volver a su casa. «No tengo otra vivienda, no tengo otra opción», dijo. «Si ustedes no me ayudan, me voy a vivir a mi casa, porque es imposible pagar hipoteca y pagar mil euros más de alquiler».
El regreso
El martes pasado, la concejala de Asuntos Sociales, Marilina, le comunicó que por segunda vez le rechazaban la ayuda. David le pidió entonces que le facilitara la llave y el código de la alarma, porque el edificio estaba blindado con sistemas de seguridad para evitar ocupas. Marilina le dijo que lo preguntaría al alcalde. Finalmente, el viernes por la mañana, la concejala le llamó para decirle que quedaba bajo su responsabilidad. La policía llegó, tomó sus datos y los de Almudena, les hizo fotos del DNI, les advirtió del peligro, y los dejó pasar.
Ahora David y Almudena están limpiando la casa. Están en conversaciones con Endesa para restablecer el suministro, haciendo los pequeños cambios que exige la normativa actual, para poder volver a vivir en la vivienda lo antes posible. Una vivienda que, a día de hoy, sigue declarada en estado de ruina.