España autorizó este martes que la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra el donante propalestino James Cox Chambers pase a la fase judicial, a pesar de las protestas de los socios de la coalición de izquierdas del Gobierno, que sostienen que el caso tiene motivaciones políticas.
El caso es políticamente delicado para el Gobierno español liderado por los socialistas, cuya postura a favor de Palestina ha suscitado críticas por parte del Gobierno de Trump y ha contribuido a agravar las tensiones con Washington.
Chambers, de 41 años, un multimillonario estadounidense heredero de un imperio mediático conocido como Fergie, fue detenido a petición de las autoridades estadounidenses el 10 de julio mientras estaba de vacaciones en Ibiza. Actualmente se encuentra en prisión preventiva en Madrid.
Chambers, que se autodefine como antimperialista y comunista, ha abogado en entrevistas y en redes sociales por la destrucción de Estados Unidos. Recibió 250 millones de dólares tras desprenderse de su participación en el conglomerado mediático familiar, Cox Enterprises, en 2023, según su portavoz.
Chambers ha donado más de un millón de dólares a causas humanitarias en Gaza y ha sufragado los gastos legales de algunos miembros del grupo activista Palestine Action, según su equipo jurídico.
El grupo fue calificado como organización terrorista por Estados Unidos y Reino Unido por sus acciones, que incluyen ataques contra empresas de defensa vinculadas a Israel mediante el bloqueo de entrada a edificios y el uso de pintura en aerosol.
Estados Unidos no ha detallado públicamente los cargos contra Chambers. Su equipo jurídico afirma que incluyen blanqueo de capitales y conspiración para cometer alteración del orden público.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha negado a hacer comentarios sobre los cargos.
El caso ha suscitado un gran interés entre figuras propalestinas, y 150 destacados activistas y personalidades, entre ellos Richard Gere, Greta Thunberg y Fatima Bhutto, han firmado una carta en la que instan a España a no seguir adelante con el proceso de extradición.
Tanto los abogados de Chambers como Sumar, el socio menor de la coalición de los socialistas, afirman que la falta de pruebas disponibles públicamente sugiere que se le está persiguiendo por sus opiniones políticas. Según la legislación española, la extradición no puede llevarse a cabo si se determina que la solicitud tiene motivaciones políticas.
"Sentaría un precedente alarmante en toda Europa si España permitiera que la Administración Trump criminalizara la prestación de ayuda humanitaria vital al pueblo palestino y la defensa de sus derechos", afirmó el abogado de Chambers, Baltasar Garzón, quien ha presentado una solicitud de asilo para Chambers en España.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, señaló que la decisión de dar curso al caso era «puramente procedimental», y añadió que el Consejo de Ministros tomaría la decisión definitiva una vez concluido el proceso judicial.
La fecha de la vista se fijará en las próximas semanas, informó un portavoz del tribunal.
El gobierno tiene un sometimiento al anglosionismo fuera de lo normal. Dar un golpe en la mesa y demostrar con hechos, tanta palabrería, quizás en otro siglo.