El desahucio de Maricarmen, una señora de 87 años de su vivienda en el centro de Madrid el pasado 23 de septiembre ha supuesto una oleada de reacción social, con movilizaciones en todo el territorio nacional, incluidas las más de 200 personas que se concentraron en Vila el pasado domingo en solidaridad con Maricarmen.
A su vez, estas movilizaciones han tenido una respuesta política a través de dos decretos de vivienda que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y que contemplan, entre otras medidas, la prórroga automática de los contratos de alquiler, como exigía Sumar y el Sindicato de Inquilinas, y prohíbe la compra de pisos a los fondos buitre hasta 2028. También la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones o la reducción del IVA al 4% para la construcción de vivienda pública.
Unas medidas de las que, aunque no tengan información concreta más allá «de lo que va apareciendo en los medios» el Govern Balear da por hecho que tendrán un efecto negativo sobre la oferta de vivienda en el parque de alquiler, ya especialmente tensionado de por sí en las Baleares en general, y en Ibiza y Formentera más concretamente. reducirán todavía más la oferta. Así lo ha defendido este martes en el salón de plenos del Consell el director general de Vivienda, José Francisco Reynés, previamente a llevar a cabo la presentación del Observatori d'Habitatge de les Illes Balears.
Reynés ha asegurado que «todos los cambios legislativos que ha hecho el Gobierno de España en materia de alquiler siempre han tenido un impacto negativo» y que «cada decreto o cada ley que ha aprobado ha producido un impacto negativo en la oferta de alquiler».
En este sentido, ha asegurado que «si todos estamos de acuerdo en que el problema que tenemos a nivel autonómico, insular y de España es la falta de oferta de vivienda a precios asequibles, lo que no podemos hacer es regular en contra de ese problema», ha argumentado el director general, que ha insistido en que este tipo de normas acaban siendo «medidas que van en contra de la propia oferta».
Frente a ello, Reynés ha puesto sobre la mesa la vivienda pública. Según ha avanzado, el IBAVI tiene planificadas más de 400 viviendas de promoción pública en Ibiza, lo que ha calificado como «la mayor planificación pública de la historia del IBAVI». Una cifra que, ha asegurado, «no se quedará aquí», ya que irá aumentando a medida que el instituto disponga de más parcelas y de nuevos proyectos.
La ordenación de Sant Josep
Respecto a la presentación que este lunes el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, llevó a cabo para presentar el nuevo proyecto de urbanismo para el municipio después de que se confirmara que caían las Normas Provisionales de Planeamiento, Mariano Juan explicó que la principal virtud de dichas normas transitorias era desbloquear suelos urbanos que ya se habían construido sin realizar las cesiones correspondientes, es decir, sin completar la gestión urbanística. «Se desbloqueaban solares que hoy en día ya tienen las aceras, las farolas...», ha señalado.
Con la vuelta al planeamiento de los años 80, vigente hasta hace nueve meses, el Ayuntamiento tendrá que buscar solución «caso por caso, unidad por unidad, área por área» a esos solares pendientes de edificar. Según el vicepresidente, se trata casi siempre de viviendas unifamiliares de «pequeños, pequeñísimos propietarios» que han heredado los terrenos de sus familias y que no pueden obtener licencia porque esas unidades no se gestionaron correctamente hace décadas.
Juan explicó que el Consistorio ha presentado un plan con unas 200 fichas, cada una correspondiente a un caso concreto, con distintas fórmulas de gestión. En algunos supuestos, ha detallado, bastará con completar la urbanización, como terminar una acera o la iluminación, para que los propietarios puedan edificar y consolidar sus derechos. «No eran un planeamiento definitivo, eran transitorias de emergencia, precisamente para sacar adelante esos pequeños proyectos familiares», ha resumido. Otras cuestiones, como el suelo industrial o las zonas de equipamientos que el Ayuntamiento considera necesarias, solo podrán resolverse mediante modificaciones puntuales o dentro del plan general que se tramita actualmente.