Se estaba celebrando el quinto juicio de la jornada en la Audiencia Provincial. Eran aproximadamente la una menos diez de la tarde.El presidente del tribunal advierte de súbito que «la sesión se suspende durante quince minutos» y la sala se desaloja. Los juzgados acababan de recibir una amenaza de bomba.
Lentamente, el edificio fue desalojado, mientras el grupo de artificieros de la Guardia Civil y un nutrido grupo de agentes del Cuerpor Nacional de Policía, comienza, con la ayuda de un perro, a registrar todo el inmueble en busca de un artefacto mientras se intenta averiguar quién había realizado la llamada.
En las aceras situadas frente a los Juzgados se reunieron entonces abogados, jueces, secretarias, acusados y testigos. En total, algo más de medio centenar de personas. El tiempo de espera se prolongó hasta los veinte minutos, tiempo que necesitaron las Fuerzas de Seguridad para llevar a cabo un registro minucioso por todas las dependencias judiciales.
Una vez comprobado por completo el inmueble, la policía autorizó de nuevo el acceso al mismo. Aún más lentamente que durante el desalojo, los funcionarios y el resto de la gente que se encontraba en el edificio volvieron a acceder a él. En el caso de la Audiencia, el tribunal reanudó la vista que se estaba celebrando cuarenta minutos después de que fuera interrumpida.