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Condenan a 8 años de internamiento las dos chicas que mataron a otra en Cádiz

El tribunal considera que ambas conspiraron para asesinar a Clara García, de 16 años

EFE-CADIZ
E Juzgado de Menores de Cádiz ha condenado a ocho años de internamiento en un centro cerrado de menores y a cinco años de libertad vigilada a las dos jóvenes asesinas de Clara García Casado, de 16 años, apuñalada en San Fernando (Cádiz) la medianoche del 26 de mayo de 2000. En la sentencia se recoge que en su internamiento las dos menores, de 17 y 18 años, recibirán tratamiento terapéutico, informó el abogado de una de ellas, Luis Pérez Matallana, que aseguró que recurrirán la sentencia.

Los hechos sucedieron poco antes de la medianoche del 26 de mayo de 2000 en un descampado de San Fernando (Cádiz) llamado El Barrero, al que llevaron a Clara y le asestaron numerosas puñaladas, aunque su cuerpo no fue hallado hasta las diez de la mañana del 27 de mayo. Matallana explicó que el tribunal ha aceptado la tesis del Ministerio Fiscal, que consideraba los hechos como asesinato y conspiración para el asesinato, aunque ha aceptado el «matiz» de que reciban tratamiento terapéutico como solicitaba la defensa, que alegaban la circunstancia atenuante de que tenían sus facultades mentales trastocadas.

Los abogados defensores de las dos menores -Matallana y Fernando Serrano- emitieron tras conocerse la sentencia un comunicado en el lamentaron que en el proceso judicial de este caso haya existido un «juicio paralelo» en el que, afirman, han participado altos cargos del Estado. En la nota, ambos letrados manifiestan que «las filtraciones interesadas, unas ciertas y otras falsas, fruto estas de las fantasías de sus autores, han permitido la celebración de un juicio paralelo».

En este juicio paralelo, prosiguen, «hemos visto con asombro como han llegado a participar incluso el ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado, realizando declaraciones en las que se adelantaba sin recato alguno la condena que se iba a imponer a nuestras defendidas». Estas declaraciones se han hecho «olvidando» el derecho a la presunción de inocencia de sus defendidas y aseguran que tras lo sucedido «es muy difícil creer que la independencia de los órganos jurisdiccionales haya sido efectiva».

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