La Fiscalía presentó ayer ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que decidieron poner en libertad al presunto narcotraficante Carlos Ruiz, quien huyó, mientras que el Consejo del Poder Judicial recabará el testimonio de éstos antes de decidir si los expedienta.
La querella está dirigida contra el presidente y los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Carlos Cezón González, Carlos Oller y Juan José López Ortega (ex presidente de la Audiencia Provincial de Palma), quienes tras conocer la decisión pidieron «respeto» para el Tribunal. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, aseguró que los tres jueces podrían ser inhabilitados una vez que la Sala Segunda del Tribunal Supremo admita a trámite esta acusación.
En concreto, la Fiscalía General del Estado pide al Supremo que investigue si los tres jueces dictaron esta resolución a sabiendas de que era injusta y advierte que la acusación se extendería «a otra u otras personas que, en el curso de la instrucción, resultaran presuntos partícipes en el delito» objeto de la misma u «otros que pudieran determinarse».
Fuentes jurídicas explicaron que se trata de la primera ocasión en que la Fiscalía se querella contra un tribunal y que el delito de prevaricación podría ser sancionado con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años. En el texto de la querella, firmada por el teniente fiscal José María Luzón, se afirma que la fuga del presunto narcotraficante tras su puesta en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas -30.050 euros- era «previsible y lógicamente esperada».