Dos jóvenes con residencia en Eivissa y que están pendientes de juicio se van a beneficiar directamente de la reciente decisión gubernamental por la que se elimina los delitos de insumisión tal y como estaban contemplados en el Código Penal y en el Código Militar. Ninguno de ellos cumplirá las penas de inhabilitación a las que ahora se enfrentan, aunque sus procesos continúan al no haberse aún derogado oficialmente la ley que les atañe. La paradoja quedará resuelta una vez que el anteproyecto de Ley Orgánica, que se tramita con carácter de urgencia, anule definitivamente los artículos que regulan el delito de insumisión.
Al menos uno de ellos, que debía realizar la Prestación Social Sustitutoria en un centro de Cas Serres, debe ser juzgado este mes. El fiscal no ha retirado los cinco años de inhabilitación que se piden por su caso porque, básicamente, el Código Penal aún lo contempla. En una situación similar se encuentra otro joven de Barcelona, con residencia en la isla y que debía cumplir en Cruz Roja. Se halla en busca y captura. Para él se piden algo más de cuatro años de inhabilitación.
El otro insumiso no ha podido ser juzgado aún por causas distintas. La falta de testigos impidió meses atrás en dos ocasiones la celebración de la vista. La derogación de la insumisión también va a beneficiar, entre 4.000 jóvenes, a los condenados. En esta situación se halla un joven de Formentera, testigo de Jehová, juzgado en mayo de 2001. La retroactividad eliminará la pena de inhabilitación que se le fijó.