Todo parece apuntar que detrás de todo está una simple negligencia. Ello, sin embargo, va llevar a un empleado del cementerio de Sant Joan a comparecer en el juzgado para aclarar cómo y por qué exhumó presuntamente restos de al menos un difunto sin contar con autorización de la familia ni del municipio. El propio Ayuntamiento de Sant Joan, directamente a través de la alcaldía, se ha apresurado a tomar cartas en el asunto, del que también ha derivado una investigación policial, después que se tuviera conocimiento de que se había exhumado recientemente un cadáver dentro del camposanto sin que hubiera conocimiento alguno.
El caso será enviado, si no lo ha sido ya, al juzgado después de emprenderse pesquisas municipales y policiales no sólo para dirimir presuntas responsabilidades del empleado sino para esclarecer por completo si ha habido algún cadáver más que haya podido ser exhumado y las condiciones en las que están ahora los restos.
Estas investigación, tanto las municipales como las que presumiblemente haya efectuado, al parecer, la misma Guardia Civil, se han llevado en el máximo secreto y su contenido no han trascendido. Las posibles alteraciones que hayan podido ser realizadas, sin embargo, están reguladas por el Código Penal en su artículo 526, hecho por el que el principal sospechoso ha sido formalmente objeto de detención para inmediatamente después quedar en libertad con la obligación de quedar enteramente a disposición judicial.
Los primeros indicios, pese al secretismo impuesto por lo delicado de la investigación, apuntan a que lo sucedido se debe a la iniciativa del empleado en cuestión que previó unos arreglos sin tener en cuenta la necesidad y obligación de ser estricto en el cumplimiento de la normativa que regula este tipo de actuaciones. De estos mismos indicios, que se derivan de lo averiguado por este periódico, se descarta que hubiera algún otro móvil o causa de enriquecimiento alguno por las alteraciones de las tumbas que hayan podido haberse visto afectadas.