El maltrato familiar en los hogares de Balears sigue en aumento. La Memoria de la Fiscalía de Balears que ayer hizo público el fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, refleja un incremento de más del doble de casos de violencia doméstica (575), todo ello teniendo en cuenta que en 2000 también había duplicado las actuaciones, que pasaron de 155 en 1999 a 273. La estadística anual del Ministerio Público revela la tendencia al alza del número de presuntos delitos en los que intervienen los 41 fiscales de las Islas, ya que 2001 se cerró con 99.296 actuaciones, frente a las 90.753 de 2000, 91.964 de 1999, 90.323 de 1998 y 70.982 de 1997.
Por delitos se refleja un importante ascenso en los del maltrato familiar, lo que pueden entenderse como violencia doméstica. Si en 1998 se vieron 120 casos, 155 en 1999, 273 en 2000, el año pasado la cifra total fue 575. Por contra disminuyeron levemente las agresiones sexuales (131 frente a 135 en 2000), mientras que otro importante aumento se detectó en el apartado de prostitución (de 6 en 2000 se pasó a 18 en 2001). En cuanto a los delitos de homicidio y sus formas, en el año 2001 se notó un ligero aumento con respecto al año anterior (de 33 a 36), y sobre todo con respecto a 1999, donde se registraron 46 actuaciones.
Otro aumento significativo se refleja en la estadística en el apartado de los delitos relativos a la ordenación del territorio. Mientras que en 2000 los casos vistos fueron 41, en 2001 la cifra ascendió a 46. Esa cifra engloba los 25 casos de supuestos delitos contra la ordenación del territorio, los 20 contra los recursos naturales y el medio ambiente, y 1 contra el patrimonio histórico. Como dato curioso, un delito que en 2000 sufrió un espectacular aumento fue el de los atentados contra la integridad moral. En 1998 se vio uno, en 2000 fueron 48 y el pasado año 39.
El delito de tortura «desapareció» en 2001 en Balears, ya que no se registró ningún caso, frente a uno en 2000 y 2 en 1999. La Fiscalía, asimismo, actuó en 6 casos de defraudación tributaria, pero siguen sin estrenarse otras modalidades delictivas, como delitos contra la seguridad social, fraude en subvenciones y delito contable, con ninguna actuación. El tráfico de influencias fue el delito contra la administración pública que más centró la atención de los fiscales, con 11 casos, frente a 4 de la prevaricación administrativa y de violación de secretos y los 10 de desobediencia de funcionario.
Asimismo, el delito contra los derechos laborales o de seguridad social fue registrado en 35 ocasiones por la Fiscalía, frente a 9 contra la seguridad e higiene en el trabajo y 2 contra la seguridad e higiene en el trabajo por imprudencia. La Memoria anual del Ministerio Fiscal confirma los datos apuntados por los máximos representantes de las distintas jurisdicciones de las Islas.