Una decena de afectados declararon el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa dentro de las actuaciones judiciales que se llevan a cabo para investigar si existen indicios de un posible delito de estafa y falsificación documental en una disposición de 585 millones de pesetas que se realizó con motivo de la construcción de un hotel en Sant Antoni.
Los perjudicados ahora reclaman cantidades en total cercanas a los 300 millones de pesetas. Las acusaciones concretas son contra los apoderados de la sociedad «Paraíso Mediterráneo», el de la entidad mercantil GDS-Sociedad de Crédito Hipotecario y la Caja de Barcelona, esta última ya absorbida por 'la Caixa' y a la que presuntamente se responsabiliza subsidiariamente.
Los hechos que se investigan en dicho juzgado se remontan a 1988 cuando Paraíso Mediterráneo S.A. promovía en Sant Antoni la construcción de un hotel con 450 habitaciones, un proyecto que requirió en su día una inyección económica de 900 millones de pesetas y que pasó por distintas vicisitudes hasta que 'la Caixa' ejecutó, al parecer, la hipoteca y se adjudicó en subasta el inmueble, según la información recogida por este periódico. Otro juzgado de Eivissa, el número 4, intervino en las actuaciones que se iniciaron tras producirse la quiebra.
El comisario de la quiebra presentó una querella por una supuesta falsedad y estafa hace unos diez años al entender que se había dispuesto de 585 millones e ingresado en la Caja de Barcelona de manera supuestamente irregular, hecho que fue en perjuicio de los proveedores, según también lo recopilado por este periódico.