Los representantes legales de las familias de Luis Alberto Sedano Fernández y de Amadeo Gracia Gallego, el piloto y el mecánico del helicóptero que el 25 de febrero de 1999 se precipitó trágicamente al mar frente a ses Salines cuando el aparato cubría un servicio sanitario, mantienen aún las acciones judiciales que se emprendieron en su día y en las que se pedían responsabilidades a la empresa Helisureste.
Cuando se cumplen cuatro años del siniestro aún no se sabe si cabe acusación penal por lo sucedido. El juzgado inició la instrucción del caso después de que los abogados de las respectivas familias pidieran una investigación exhaustiva al entender que podían existir indicios de negligencia por parte de la empresa propietaria del aparato y que ello podía ser constitutivo de sustentar cargos penales.
Estas sospechas se sustentaban en las denuncias que se hicieron en su día cuestionando que el helicóptero pudiera volar de noche y el «régimen» de trabajo y las condicones que tenían que soportar los empleados de Helisureste, algo que ha sido criticado por los propios sindicatos de pilotos. El juez que instruía las diligencias dio carpetazo en primera instancia a las diligencias que se llevaban al respecto, dejando abierta sólo la vía civil para exigir reparación.Las acusaciones particulares, sin embargo, no se mostraron de acuerdo con el sobreseimiento y recurrieron el archivo, según la información recogida por este periódico.El caso se cerró tras el análisis de un informe de Aviación Civil presentado en el juzgado y en el que, al parecer, no se recogía dato alguno que llevara a sustentar supuestas irregularidades susceptibles del ámbito penal.