La videovigilancia en las calles de Eivissa y Sant Antoni está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Ya no se trata sólo de una aspiración de los empresarios de la hostelería. Ayer, la Mesa de Seguridad Pública de Eivissa y Formentera -presidida por el conseller balear de Interior, Josep Maria Costa, y por su hermana Pilar Costa, presidenta de las Pitiüses- acordó proponer a las Juntas Locales de Seguridad de los municipios de Sant Antoni y Eivissa «instalar máquinas de videovigilancia en las zonas más conflictivas».
Josep Maria Costa no quiso concretar en qué áreas se recomendará instalar cámaras-espía, pero entre bastidores se mencionó la zona de Platja d' en Bossa y el Puerto, en Eivissa, y el West End, en Sant Antoni. Las cámaras podrían estar operativas esta misma temporada turística.
Esta recomendación se suma a las peticiones que en múltiples ocasiones han formulado los hoteleros de Sant Antoni y también al deseo del equipo de gobierno municipal de Sant Antoni. De hecho, el número uno por el PP a la Alcaldía de Sant Antoni, Pepe Sala, dijo recientemente que su partido tiene intención de solventar los requisitos legales necesarios para poder instalar videocámaras en el West End y otras zonas conflictivas de esta localidad, que se ha convertido en la más sufrida de Balears y, por tanto, de España -después de Ceuta-. De hecho, tal y como se ve en el gráfico de esta página, la tasa de criminalidad (número de delitos anuales por cada mil habitantes) de Sant Antoni (196,75) casi cuadriplica la media balear (55,11), que además sólo es superada por la ciudad de Ceuta (55,73). Incluso por debajo de Balears, según datos del Ministerio del Interior, se sitúa la provincia de Madrid, con 31,75 delitos anuales por cada mil habitantes. Otras zonas de España, como Zamora (7,38), están muy lejos de Baleares y años luz no sólo de Sant Antoni, sino también de Sant Josep (184,85, segundo de Baleares en este macabro ránking), Eivissa (75,38) Sant Joan (70,56) y Santa Eulària (65,43). En las Pitiüses, tan sólo Formentera (26,54) está por dejabo de Madrid.
Para colmo, el gasto en policías locales por habitante en Sant Antoni (63,78 euros anuales) es inferior a la media balear (81,42), lo mismo que en Sant Josep (57,07). Por el contrario, en Palma, el gasto es superior a la media balear, ya que asciende a 94,07 euros y, sin embargo, soporta una tasa de criminalidad (50,71) muy inferior a la de estos municipios ibicencos. En zonas de Palma, como Platja de Palma, ya hay cámaras-espía desde el año pasado. Además de la videovigilancia, la Mesa de Seguridad Pública propondrá a las Juntas Locales que, en verano, en las zonas más conflictivas se incremente la presencia de agentes a lo largo de las 24 horas del día y que se mejore la colaboración entre las distintas policías. Asimismo, la Mesa solicita que los municipios habiliten oficinas para facilitar interponer denuncias, que aumente la presencia de agentes uniformados en los lugares con más público y que se dedique más esfuerzo a la investigación de actividades mafiosas y grupos organizados de tráfico de drogas y prostitución.
La Mesa de Seguridad de Eivissa y Formentera ha realizado una propuesta para crear una mesa de trabajo integrada por técnicos municipales que se encargue de realizar un análisis detallado de los datos relativos al incremento de la delincuencia en las localidades pitiusas y compare estos datos con otras estadísticas a nivel nacional con el fin de sensibilizar al Ministerio del Interior de este grave problemas que se padece en Eivissa y Formentera. Además, los técnicos de esta mesa de trabajo se encargarían de elaborar una serie de recomendaciones como las que ya ayer presentó la Mesa de Seguridad de Eivissa y Formentera. Esta comisión técnica estaría presidida por el Director General de Interior e integrada por un técnico de la Conselleria de Interior, un representante del Ministerio Fiscal y otro de la Judicatura, un representante de cada uno de los cuerpos policiales estatales y otro de las policías locales.