La Dirección General de la Guardia Civil mostró ayer su «total apoyo al personal de la Jefatura de la Zona de Castilla la Mancha y al de la Comandancia de Albacete», así como «el mayor respeto a la memoria, dignidad, capacidad y dedicación del comandante Isidoro Turrión».
El comandante Turrión murió el pasado 17 de junio por los disparos efectuados por el ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete teniente coronel Antonio Peñafiel, que también acabaron con la vida del médico de la comandancia, Francisco Naharro, e hirieron a actual jefe de la Comandancia.
En un comunicado, la Dirección General quiere salir así al paso de afirmaciones publicadas con respecto a Turrión que «son absolutamente carentes de fundamento». Tras expresar las «condolencias y respeto» ante el dolor de las familias de los afectados, el comunicado también se refiere a la muerte del Doctor Naharro, del que dice que «durante muchos años veló ejemplar y desinteresadamente por la salud de las familias de los guardias civiles allí destinados».
Sobre las informaciones publicadas referentes al suceso de Albacete, dice que en muchos momentos «contenían imprecisiones y aseveraciones alejadas de la realidad» que han ocasionado desprestigio para el personal allí destinado. En relación con el mando del Teniente Coronel Peñafiel al frente de la Comandancia, señala que tras unos primeros meses normales «llegaron indicios objetivos sobre supuestas irregularidades» por lo que el 26 de noviembre de 2002 se ordenó la incoación de un expediente gubernativo por la supuesta comisión de una falta muy grave del artículo 9.9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.
Junto a la orden de incoación se acordó el cese cautelar en funciones conforme a las previsiones de la Ley de Régimen Disciplinario. Al detectar en meses posteriores «nuevos indicios en torno a la conducta atípica» de Peñafiel que hicieron suponer que se hallaba en una situación de «desequilibrio emocional», se acordó en 26 de febrero de 2003 «proceder a la revocación administrativa de su destino y a la retirada de sus armas oficiales y particulares», señala la nota.
Al mismo tiempo se decidió iniciar los trámites para proceder a un reconocimiento por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Central de la Defensa y determinar «su aptitud para el servicio».
El día del suceso el expediente sancionador incoado «se hallaba pendiente de resolución con propuesta de declaración de responsabilidad», según la Dirección General, que añade que había nuevos datos objetivos que podrían dar lugar al inicio de nuevos expedientes sancionadores.